«La sociedad peruana registra como referencia genérica el ser violenta» (Bermúdez-Tapia, 2011, p. 21), y responde a esta condición debido a la acumulación de situaciones de violencia estructural que se amplificaron a partir de la finalización de la II Guerra Mundial, cuando la sociedad se transformó.
Durante dicho proceso de transformación se acumularon las consecuencias de un proceso migratorio informal que fue provocado por el proceso de industrialización del país sin tomar en cuenta el desarrollo urbano de las ciudades de la costa peruana. Como resultado de esta situación es posible registrar el contexto de las periferias urbanas que resultan espacios cuyos entornos de violencia son muy representativos.
El segundo hecho de mayor notoriedad en este ámbito fue el impacto de la Reforma Agraria que provocó una condición de crisis económica en el país, provocando un proceso de migración que delimitó los ámbitos de referencia del racismo que existe en el país, especialmente respecto de determinados grupos étnicos sobre las poblaciones indígenas.
Durante 1980-2000 el proceso del terrorismo provocó la transformación de la sociedad peruana y los contextos contemporáneos provienen de dicha referencia, complementándose los niveles de corrupción, desgobierno, ingobernabilidad y manipulación del sistema político en detrimento de los grupos sociales menos favorecidos en lo económico, político y social.
Producto de toda esta situación es que la sociedad peruana durante el período 2000-2021 ha reflejado niveles de violencia doméstica sumamente desmedidos, donde las cifras de feminicidios y de abandono económico y material de niños y adolescentes por parte de sus progenitores es una constante que se registra en el ámbito judicial.
Consecuentemente, la salud mental de los peruanos se encuentra en una situación de fragilidad y por ello es que los adultos propician situaciones de violencia, tanto física como psicológica sobre sus familiares dependientes de forma voluntaria e involuntaria (Bermúdez-Tapia, 2012, p. 49).
La psiquis colectiva ha sido afectada a tal nivel que las referencias naturales, legales, sociales y familiares resultan limitados ante casos de crisis familiar y que permiten evidenciar casos de omisión de alimentos, abandono de hijos, maltrato de personas dependientes en el entorno familiar.
En el ámbito de la evaluación de los derechos de niños y adolescentes en situaciones de crisis familiar, el concepto de desprotección familiar está relacionado a toda situación negativa que pudiera perjudicar su desarrollo humano, tanto en lo psicológico como en lo físico y esto porque su propia familia no puede atender sus necesidades básicas, con lo cual se registran problemas que pueden ser extendidos en el tiempo, sin que los progenitores se puedan dar cuenta del problema en ciernes.
Es en este sentido, la desprotección familiar se desarrolla respecto de la desatención del Interés Superior del Niño que es un meta principio jurídico que exige un elemento catalizador para generar una condición específica al caso en evaluación y por ello es que estos elementos teóricos resultan limitados frente a su categorización jurídica (Bermúdez-Tapia, 2020, p. 117). Por ello, es posible detallar algunas referencias, para comprender su alcance:
- Problemas derivados de una deficiente alimentación, que puede ser desde una desnutrición hasta la ausencia de vitaminas en el desarrollo físico y psicológico de un menor.
- Problemas derivados de una deficiente crianza, sobre la cual las consecuencias de un abandono moral o material pueden provocar que el niño o adolescente no pueda tener las referencias mínimas para establecer su interrelación con otras personas, en particular cuando sea adulto y no sepa comportarse frente a su propia familia (Bermúdez-Tapia, 2007, p. 07).
- Problemas derivados de una negligente parentalidad, que está directamente relacionado a casos de inducción a la mendicidad de los hijos, a la generación de situaciones de riesgo o de peligro en los hijos, la vinculación a actividades delictivas o la inducción a la prostitución o a la generación de víctimas de trata de niñas y adolescentes.
- Problemas derivados del deber de cuidado de los hijos, especialmente cuando se ejecutan actos que atentan contra la integridad física, sexual y moral de los hijos, en particular cuando suceden actos contra el pudor, contra la indemnidad sexual, libertad sexual o eventualmente la omisión de actos de denuncia ante estas referencias cuando se toma conocimiento.
Todas estas referencias provienen de la interpretación del Decreto Legislativo 1297 y su reglamento que regula la Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos en complemento con el marco normativo aplicable a casos de violencia familiar en particular cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.
Surge por tanto una urgente evaluación de esta realidad porque en el tiempo los niños, niñas y adolescentes afectados generarán comportamientos sociales disfuncionales y de un contenido de violencia mucho más complejo que probablemente resulte mucho más complejo de determinar y esto porque los futuros ciudadanos están creciendo y desarrollándose en entornos críticos, disfuncionales y negligentes, sobre los cuales su percepción de la realidad es negativa.
Las sociedades que han superado procesos de crisis sociales extremos han tomado en cuenta el contexto de la salud mental de la población (Sierra-Zamora et al, 2020) y la mejor manera de evitar una ampliación de estas consecuencias es proyectando políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido situaciones de abandono material, violencia en el ámbito de sus hogares y/o alguna situación perjudicial que hubiere generado un alto impacto en su desarrollo psicológico y físico.
Urge analizar estas acciones de parte del Estado en el ámbito de las relaciones familiares disfuncionales (Bermúdez-Tapia, 2021, p. 487) porque el sistema judicial sólo podría evaluar los “hechos” que identifican la “desprotección familiar” pero sin generar una verdadera atención a las necesidades de estos menores en el tiempo y, por tanto, cualquier acción judicial resultaría insuficiente para atender un problema que puede convertirse en una referencia de carácter nacional.
Referencias bibliográficas
Bermúdez-Tapia, M. (2007) La violencia familiar invisible provocada por la separación o divorcio. Campus (Revista de la Escuela de Postgrado de la UPAO), 2(3), 07-33.
Bermúdez-Tapia, M. (2011) La constitucionalización del derecho de familia. Lima: Ediciones Caballero Bustamante
Bermúdez-Tapia, M. (2020) El bloque de convencionalidad en el desarrollo del ISN que evalúa derechos de orden multidimensional e interdependientes a favor de niños y adolescentes”. Revista oficial del Poder Judicial. 11(13), 117-138 https://doi.org/10.35292/ropj.v11i13.41
Bermúdez-Tapia, Manuel (2021) La incidencia de los derechos individuales en el contexto familiar como una proyección de un nuevo modelo de evaluación de derechos sociales, en Aguilar Cavallo, Gonzalo y Nogueira Alcalá, Humberto (Coordinadores) La evolución de los derechos sociales en un mundo global. Santiago de Chile: Tirant lo Blanch, pp. 487-504
Sierra-Zamora, P. A. y Bermúdez-Tapia, M. (2020 a) La invisibilidad de la identificación de las víctimas en las fuerzas militares y el inicio de una crisis en la defensa y seguridad nacional a raíz del Acuerdo de Paz. Vniversitas (69). https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.iivf
