Algunos retos pendientes en materia de protección de los derechos de las mujeres en el Perú con miras al Bicentenario

Nuestro país cumple 200 años de Independencia y de la formación de una República diversa, creciente y de raíces milenarias. Lamentablemente, ese proceso de construcción nacional dejó muchas veces de lado a las mujeres peruanas, generando que la protección de sus derechos sea vista como un tema reciente y no una consigna permanente en las prioridades estatales.

La lucha por los derechos de las mujeres es la lucha de millones de peruanas que, en estos 200 años de República, e incluso desde mucho antes, han alzado su voz para hacerse escuchar. Desde el ámbito jurídico, el reconocimiento de derechos de las mujeres peruanas no puede ser visto como un proceso únicamente nacional, más aún cuando actualmente no podemos dejar de lado las herramientas que provienen del Derecho Internacional y que nos brindan espacios interesantes de diálogo y parámetros exigibles en nuestro país.

Sin ánimos de hacer una lista taxativa de situaciones, aquí reseñaré brevemente algunos de los retos pendientes y situaciones alarmantes que se podrían mejorar mediante el uso adecuado de los estándares de protección (especialmente los interamericanos), y con herramientas como el control de convencionalidad para mejorar el ordenamiento nacional vigente o complementarlo frente a las carencias y deficiencias que todavía mantiene, recordando que el uso y aplicación del control de convencionalidad es una obligación muchas veces olvidada por las personas que toman decisiones en nuestro país.

a.  Salud sexual y reproductiva de las mujeres peruanas

No es un secreto que los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se suelen relacionar con prejuicios y estereotipos cargados de temas religiosos y morales que imponen restricciones de diversos tipos y obstáculos para su verdadero ejercicio.

Ejemplo de esto es el caso María vs Perú aún pendiente de Informe de Fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de atención adecuada a una joven víctima de violencia sexual a la que no se le hizo entrega gratuita y pronta de la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Precisamente, en el 2014, año en el que ocurrieron los hechos de ese caso, se encontraba en aplicación la sentencia del Tribunal Constitucional peruano (Exp Nº 2005-2009) en la que se prohibió al Ministerio de Salud hacer entrega gratuita de la AOE a las mujeres, incluso las que habían sufrido algún tipo de violencia sexual, retirando ese medicamento del kit básico de atención.

De esta manera, el TC peruano limitó los mecanismos de atención a víctimas de violación sexual y negó la posibilidad de acceder gratuitamente a medicamentos necesarios para evitar embarazos forzosos luego de episodios de violencia. Esto no impidió la venta en farmacias privadas, sino solo la entrega gratuita. Este punto implicaba necesariamente una situación de discriminación hacia las mujeres más vulnerables y con menos recursos económicos, especialmente las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes a situaciones de violación sexual que requieren este medicamento de forma rápida, segura y gratuita para evitar las posibles consecuencias en sus vidas.

Si bien es cierto que algunos años después, en el 2016, una medida cautelar permitió al Ministerio de Salud hacer la entrega gratuita hasta el momento, esta decisión aun no es definitiva, pues el caso ha regresado ante el TC para una decisión final. Resulta importante resaltar la decisión de primera instancia dada en el 2019 por el Primer Juzgado Constitucional de Lima que, precisamente aplicando el control de convencionalidad, decidió inaplicar la sentencia del TC del 2009 y seguir la línea de la medida cautelar antes señalada, ordenando al Ministerio de Salud a que continúe la entrega gratuita de la AOE acompañada de la orientación e información necesaria para su uso por parte de las mujeres. Esta decisión se basó en la protección del derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres dentro de los parámetros de la Corte Interamericana en casos como Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica del 2012.

Lamentablemente, esta decisión fue apelada por un tercero que participa en el proceso, llegando a una decisión de improcedencia en la segunda instancia que, actualmente, ha sido llevada al TC para su pronunciamiento. En ese sentido, esta es una ocasión ideal para que nuestro TC aplique lo que ha señalado en decisiones pasadas y pueda hacer uso del control de convencionalidad para aplicar los estándares interamericanos que buscan garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país, respetando el derecho a la igualdad y no discriminación y garantizando la libre determinación reproductiva de todas las mujeres, más aún de aquellas que han sufrido violencia sexual.

De esta forma, el TC tiene la posibilidad de aplicar los criterios antes usados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos[1] en los que ha señalado que los Estados deben proveer de todos los servicios y medicamentos necesarios para que las mujeres puedan acceder de manera gratuita y rápida a métodos anticonceptivos, más aún aquellas que son víctimas de violencia sexual y deben recibir el kit de atención completo y sin demoras para evitar consecuencias peores en su salud física y psicológica.[2]

Este punto resulta especialmente relevante en el contexto actual de pandemia ya que, según el Ministerio de la Mujer, las denuncias por violencia familiar y de género aumentaron 130% durante los periodos de cuarentena[3]. Esto considerando que la inmovilidad social ha dificultado que las mujeres víctimas de violencia sexual se alejen del agresor y también han obstaculizado las posibilidades de denunciarlo, siendo que el aumento registrado debe ser solo un indicador de los muchos casos reales que no llegan a conocimiento de las autoridades.

En ese sentido, es también importante considerar los obstáculos que se vienen presentando para que las mujeres accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos de todo tipo durante la pandemia ha disminuido, siendo que este periodo ha hecho mucho más difícil que las mujeres puedan acceder a métodos de planificación familiar e información adecuada que les permita ejercer su sexualidad libremente y con responsabilidad[4].

Además de esto, es importante considerar las deficiencias que se han presentado frente al aumento de muertes maternas durante el 2020[5] y a situaciones como el aumento del aborto inseguro, partos domiciliarios sin condiciones adecuadas, entre otros temas relevantes para la salud de las mujeres[6].

Todas estas situaciones nos llevan a considerar estos aspectos como prioritarios para la protección de los derechos de las mujeres, por lo que la regulación normativa y las políticas públicas creadas para estos temas deben garantizar un enfoque de género adecuado y el uso de estándares interamericanos de protección que permitan una mejor atención de las necesidades de las mujeres peruanas frente a estas situaciones de riesgo para ellas.

b. Educación y enfoque de género

En el Perú, desde hace ya varios años, empezó el debate respecto al enfoque de género y el currículo básico de educación escolar. Algunos sectores de la sociedad consideran que la inclusión del enfoque de género sería perjudicial para la educación de los niños y niñas, aunque la realidad es que el enfoque o perspectiva de género es un elemento esencial en la educación integral de los peruanos y peruanas.

Esto se debe a que el enfoque de género proporciona una mirada más profunda y real de las relaciones entre hombres y mujeres, así como las situaciones de desigualdad de poder, discriminación y vulnerabilidad que se encuentran solapadas tras actos de aparente normalidad. En ese sentido, la educación con enfoque de género permite identificar esas situaciones discriminatorias, explicarlas y entenderlas para erradicarlas, promoviendo una educación inclusiva, respetuosa e igualitaria para todas las personas.

Esto ya ha sido considerado por la CIDH[7] y la misma Corte IDH cuando habla de la necesidad de incluir el enfoque de género en las políticas públicas de todo tipo y en los servicios que proporciona el Estado, incluyendo el servicio educativo. De esa manera, se garantiza una educación de calidad y acorde con los estándares de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a ciertos grupos dentro de la población que viven y sufren discriminación debido al género, como las mujeres.

Este punto también ha sido abordado por la Corte IDH a través de medidas reparatorias que buscan la no repetición de violaciones de derechos tomando a las medidas de capacitación y educación con enfoque de género como elemento transformador de la sociedad y como medida preventiva para evitar que situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres se sigan produciendo en países como el Perú[8].

Estos estándares incluyen temas como el conocimiento de los derechos de las mujeres, la educación en base a las capacidades reales de cada persona y no de su sexo biológico, el fortalecimiento de los saberes de las niñas, la revalorización de lo femenino y el desarrollo de las habilidades propias de todas las mujeres, el acceso a una educación sexual integral que permita que las niñas, adolescentes y mujeres en general conozcan la información necesaria para tener acceso a métodos de planificación familiar, lograr maternidades deseadas, denunciar actos de violencia sexual y prevenirla de la mejor manera, romper con estereotipos de género que limitan a las niñas y adolescentes a labores domésticas o las alejan del mundo laboral y profesional, entre otros aspectos.

Por todo eso, los estándares mencionados deben ser aplicados al interno de nuestro ordenamiento para garantizar la protección y continuidad del enfoque de género en el currículo básico de educación y en todo espacio educativo, con la finalidad de que los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades sea un criterio elemental en todo proceso educativo y formativo desde la escuela hasta las capacitaciones a funcionarios y funcionarias públicas de nuestro país.

El control de convencionalidad puede resultar una herramienta muy útil en este sentido, proporcionando la posibilidad de traer dichos estándares y aplicarlos también en la construcción y aplicación de diversos tipos de normas y políticas públicas en este tema, logrando un impacto positivo en el respeto y garantía de los derechos de todas las mujeres.

c. Acceso al mercado laboral e igualdad de oportunidades de las mujeres

El ingreso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad y valoración de su trabajo resulta todavía un reto pendiente en el Perú. Es necesario que se considere este aspecto para la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en el contexto actual en el que la pandemia ha reforzado los roles de cuidado de las mujeres en los hogares peruanos, haciendo que sus horas de trabajo en casa aumenten, las oportunidades de trabajo disminuyan y la brecha salarial y de oportunidades se agrave.

En ese sentido, existe una necesidad de implementar medidas de fomento para el empleo de las mujeres que deben contar también con medidas de protección y garantía de sus derechos, considerando los estándares interamericanos en materia de igualdad y no discriminación.

De esa manera, la implementación de estos estándares mediante normas o políticas públicas deben considerar herramientas básicas, como el derecho comparado y el control de convencionalidad, que nos ayude a “medir” si el ordenamiento peruano está evolucionando acorde con esos parámetros o si seguimos todavía muy por debajo del mínimo de protección en la materia.

Ese último punto no solo implica el acceso igualitario al mundo del trabajo y el reconocimiento justo del trabajo realizado por mujeres, sino que también implica las condiciones dignas de trabajo, libres de violencia y discriminación, lo que nos lleva a la necesidad de un Estado activo en su rol de fiscalización constante para garantizar de manera efectiva que esos estándares cobren vida en el día a día de las mujeres peruanas.

d. Acceso a la justicia en igualdad

Por último, aunque no menos importante, se encuentra el tema del acceso a la justicia con garantías de igualdad. Este punto es transversal a todos los anteriores e incluso puede reflejar escenarios de carencias de protección que no han sido abordados en este breve artículo.

No resulta algo ajeno o extraño para la mayoría de las personas que las mujeres pasan por momentos muy complejos ante el sistema de justicia, en especial cuando deben atravesar procesos judiciales iniciados por sus reclamos frente a vulneraciones de derechos. Estos procesos muchas veces son extremadamente burocráticos y complejos, incluso en muchas ocasiones revictimizadores, cargados de prejuicios y estereotipos que obstaculizan el camino de las mujeres para tener pronunciamientos protectores y efectivos.

Se han tomado algunas medidas a nivel normativo como la creación de guías de entrevistas únicas en casos de violencia sexual, algunas medidas para facilitar las denuncias por medios electrónicos, vías procesales especiales y regulaciones específicas para casos de violencia contra la mujer. A pesar de ello, hay todavía mucho por mejorar para poder tener vías judiciales y administrativas que realmente acompañen y permitan pronunciamientos acordes a los estándares interamericanos de derechos de las mujeres.

Es por eso, por lo que resulta tan importante, la aplicación del control de convencionalidad en este ámbito, tanto para la parte normativa del tema, como para las políticas que acompañan las normas y le dan aplicación práctica. De igual forma, resulta esencial que los operadores y operadoras del Derecho apliquen el control de convencionalidad en el contenido de sus resoluciones con miras a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos a la luz de los mejores estándares disponibles para los diversos temas a analizar.

Por último, no debe quedar de lado la ejecución efectiva de las decisiones de modo tal que permitan estas tomen vida en la realidad y cumplan realmente con su propósito. Es urgente un cambio en la visión del acceso a la justicia para contemplar las mejoras necesarias que se deben implementar en el procedimiento, contenido y ejecución de estas con miras a que la protección de la justicia sea una garantía sea real.

A modo de cierre

Todavía hay mucho camino por recorrer y dependerá de los operadores y operadoras del sistema de justicia y de la administración pública de todo nivel que esto pueda ser una realidad.

Desde el espacio en el que nos toque desempeñarnos y la función que tengamos dentro del sistema jurídico peruano, corresponde que conozcamos y apliquemos los mejores parámetros de protección disponibles con miras a potenciar las normas que aplicamos y lograr que el Derecho cumpla con su finalidad de proteger la dignidad del ser humano, especialmente de aquellas personas que se encuentran en una situación de desprotección o desventaja en la sociedad.

Las mujeres peruanas necesitamos un Estado activo que nos brinde las garantías necesarias para romper con la cadena de discriminación y violencia que todas experimentamos en diversa medida. Para lograr esto, todos los espacios y niveles de los poderes estatales deben asimilar como meta lograr un Perú sin violencia, sin discriminación y que permita que las mujeres peruanas nos desarrollemos al máximo de nuestras capacidades.

Que este Bicentenario sea la oportunidad de acercarnos cada vez más a un país que pueda garantizar que todas las mujeres peruanas cuenten con un mínimo de protección y garantía de sus derechos como forma esencial de dignidad y libertad.


Este artículo está basado en el documento de la misma autora publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No 162. JUNIO 2021. pp. 229-239.

Bibliografía

[1] Como referencia, podemos tomar lo mencionado por la Corte IDH en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México en el que señala que es indispensable que este kit incluya los procedimientos, exámenes y medicamentos relacionados con el aspecto sexual y reproductivo que sean necesarios para realizar las revisiones físicas que ayuden a recopilar evidencias, pero también los relacionados con evitar infecciones de transmisión sexual, proporcionando los exámenes correspondientes y los antibióticos y antirretrovirales pertinentes. Para esto se debe contar con las pruebas de VIH, ITS, hepatitis, entre otras enfermedades, así como las vacunas correspondientes y los medicamentos para controlar de manera pronta dichas situaciones

[2] Para ver este aspecto, consultar OAS. Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará. OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.234/16 Rev.1.  13 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf . Además, Comité CEDAW. Recomendación General N.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer (2017) y Comité DESC. Observación General N.º 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (2016)

[3] Diario Gestión. Denuncias por violencia de género se incrementaron 130% en el 2020 en Perú. 08 de marzo de 2021. Disponible en: https://gestion.pe/peru/denuncias-por-violencia-de-genero-se-incrementaron-130-en-el-2020-en-peru-noticia/

[4] UNFPA. Impact of COVID-19 on Family Planning: What we know one year into the pandemic. Marzo de 2021. Disponible en: https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-family-planning-what-we-know-one-year-pandemic

[5] Ascarza, Lucero. Emergencia desatendida: las muertes maternas aumentan en el Perú. Salud con Lupa. 02 de febrero de 2021. Disponible en: https://saludconlupa.com/la-vida-de-nosotras/emergencia-desatendida-las-muertes-maternas-aumentan-en-el-peru/

[6] UNFPA. Por la pandemia: 12 millones de mujeres perdieron el acceso a métodos anticonceptivos, 1,4 millones de embarazos no planificados. 13 de marzo de 2021. Disponible en: https://peru.unfpa.org/es/news/por-la-pandemia-12-millones-de-mujeres-perdieron-el-acceso-m%C3%A9todos-anticonceptivos-14-millones

[7] CIDH. Informe temático: Políticas públicas con enfoque de derechos humanos (2018). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf

[8] Para más detalle ver: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México (2009), Caso Fernández Ortega y otros Vs. México (2010), Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México (2010), Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador (2012), Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile (2012), Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica (2012), Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala (2014), Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú (2014), Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala (2015), Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua (2018), entre otros.

Claudia Lucía Castro Barnechea
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magistra en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidata a Doctora por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad N. Wiener, así como abogada en el área de litigio estratégico en Promsex.