En el presente artículo explicamos por qué el próximo gobierno debe respetar la Política de Igualdad de Género vigente, así como la institucionalidad de su ente rector, además planteamos demandas mínimas que deben ser garantizadas con la finalidad de que los derechos de las mujeres de nuestro país no sean vulnerados. Dichas demandas están organizadas tomando en cuenta los objetivos prioritarios de la política nacional mencionada.
I. La Política de Igualdad de Género como política del Estado peruano
La visión del Perú al 2050, construida después de un largo proceso, y aprobada por el Acuerdo Nacional en el 2019, plantea que las y los peruanos deseamos ser “un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional (…). (CEPLAN 2019).
En esa línea de análisis, podemos decir que la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) cumplió con todo el proceso que corresponde al desarrollo de una política nacional, estableciendo de manera consensuada 6 objetivos prioritarios, a saber:
- Reducir la violencia hacia las mujeres
- Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva
- Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones
- Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.
- Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres
- Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población
Asimismo, para cada uno de estos objetivos se han desarrollado lineamientos, contenidos principales, estándares nacionales de cumplimiento, así como la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades tanto públicas como privadas.
Ahora bien, tratándose de una política nacional, su horizonte temporal se marcó al 2030. Ello por cuanto esta política nacional además se alinea con otros procesos internacionales de desarrollo como es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que, como sabemos, además de tener un objetivo singular dirigido a la igualdad de género (Objetivo 5) tiene además metas para el logro de la igualdad de género transversales en todos los demás 17 objetivos.
De esta manera entonces, el Perú ha proyectado su futuro teniendo como centro a las personas, hombres y mujeres que habitamos su territorio, pero que también contribuimos al desarrollo mundial.
La visión del Perú al 2050 también nos habla de que “Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia” (CEPLAN 2019).
Podemos afirmar entonces que la PNIG está en línea con la construcción de este desarrollo inclusivo para hombres y mujeres, y busca hacer efectiva la igualdad de oportunidades. En efecto, cada uno de los objetivos de esta política va a contribuir a los 5 ejes que conforman la visión del Perú al 2050, a saber:
- Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena
Al respecto, para que peruanos y peruanas logremos alcanzar todo nuestro potencial la acción del Estado, debe estar orientada a reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población que impiden el desarrollo humano en todo el territorio nacional. Asimismo, para que efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes no pierdan su potencial por causas evitables, se deben garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva, garantizando la educación y la salud universal.
- Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático
La igualdad en el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma decisión, así como el ejercicio de sus derechos económicos y sociales sin discriminación serán fundamentales para la gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, lo que a su vez garantizará un desarrollo sostenible, libre de contaminación y saludable para todas las personas, y responder con mecanismos de adaptación frente al cambio climático.
- Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza
El empleo digno para las mujeres significa sin duda el compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales para que puedan beneficiarse del fomento de la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica, y así contribuir al crecimiento económico continuo y el Perú se integre exitosamente en la economía global.
- Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia
La lucha contra la violencia en nuestro país debe contemplar las diversas formas de violencia contra las mujeres basada en el género, y que incluye diversas manifestaciones como la violencia en la relación de pareja, el hostigamiento sexual en los espacios públicos y privados, la explotación sexual, entre otras manifestaciones. Por ello, tanto a las mujeres como a los hombres peruanos se les debe garantizar los derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad, en toda la República.
- Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás
Para garantizar una sociedad efectivamente justa e inclusiva es imperioso reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. La transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción serán garantía del desarrollo, sin dejar a nadie atrás.
II. La necesidad de un órgano rector de la política de igualdad de género
Al igual que la política de igualdad de género, existen otras políticas sumamente importantes en el Perú, algunas más antiguas y difundidas como la política de educación o la de salud, y otras de reciente data como las políticas de acuicultura o la de recursos hídricos, todas ellas encabezadas por un ente rector. De la misma manera, a la política de igualdad de género le corresponde tener un ente rector, y este es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cumple este año 25 años desde su creación.
Al respecto, debemos decir que resulta fundamental que este sector no sea subsumido por otro, como muchas veces se ha propuesto, más aún resulta imperioso que para que se logren los objetivos de la política de igualdad de género, que como ya dijimos se encuentra alineada con la visión a futuro de nuestro país, este sector tenga un asiento propio en el Consejo de Ministros, y desde allí colabore para que pueda haber un correcto alineamiento con los otros sectores y niveles del Estado. Es por ello que las Naciones Unidas vienen recomendando a los países de la región, que los mecanismos de la mujer estén ubicados en el rango más alto del Poder Ejecutivo y que cuenten con todas las herramientas necesarias para crear, proteger y vigilar las políticas de avance para la mujer.
El no respetar la jerarquía e independencia del sector, pone en riesgo el tener a la igualdad de género como un punto crucial dentro de la agenda del Estado, lo que es indispensable para que las mujeres vean garantizados sus derechos. Y además tiene un rédito importante para el desarrollo, dadas las implicancias que ello va a tener en su grupo familiar, en tanto que invertir en las mujeres multiplica rápidamente los efectos en toda la población, ya que éstas generalmente, redistribuyen la riqueza a la que acceden en nuevos beneficios para todo su entorno.
Es así que la PNIG y su órgano rector son 2 ejes fundamentales para el logro del desarrollo de nuestro país en igualdad de oportunidades y sin discriminación, especialmente en este bicentenario de nuestra patria. A continuación, presentamos un conjunto de demandas mínimas que consideramos que el próximo gobierno debe tener en cuenta.
III. La igualdad de género en el próximo gobierno
La crisis social y económica que enfrenta nuestro país luego de la pandemia provocada por el COVID 19 hace que las mujeres en el Perú estemos frente a un serio riesgo de retroceso en la garantía de nuestros derechos, es por ello que en la agenda del próximo gobierno es de vital importancia que se tomen en cuenta acciones urgentes para atender esta situación.
Las demandas que a continuación presentamos las hemos organizado en función de cuatro de los seis objetivos de la PNIG, a saber: la reducción de la violencia hacia la mujer, el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, el acceso y participación a los espacios de toma de decisiones, así como el acceso a los derechos económicos-sociales.
- Reducir la violencia basada en género hacia las mujeres
La violencia basada en género (VBG) es una de las mayores problemáticas cuyas víctimas son mujeres durante todo su ciclo de vida. Durante el 2020, en pleno contexto de pandemia, las denuncias de violencia contra la mujer se incrementaron en un 130% en comparación con el año anterior, como lo ha reconocido la propia titular del ministerio de la Mujer ante un medio de comunicación (“Denuncias de violencia contra la mujer se incrementaron en un 130% durante 2020”). A pesar de que, a principios del estado de emergencia, se suspendió la atención presencial en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y sólo se brindaba el servicio a través de Equipos Itinerantes de Urgencia, las cifras de atención son elevadas, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno. Así estos equipos, durante el 2020, atendieron 18.439 casos, de los cuales 51 han sido por violencia económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia psicológica y 8.418 por violencia física (Plan Internacional, 2021). Teniendo en cuenta este panorama, desde enero del 2021, todos los servicios de atención a casos de VBG fueron declarados como esenciales y se encuentran funcionando las 24 horas y los 7 días de la semana.
En razón de ello, consideramos necesario que quienes gobiernen los próximos cinco años, observen las siguientes demandas básicas:
Mantener la política contra la VBG:
- Seguir acercando los servicios de atención a víctimas de violencia en todo el país a través de los CEM y CEM-Comisarías.
- No disminuir el presupuesto asignado para la lucha contra la violencia en ninguno de los pliegos.
- Ampliar recursos humanos y administrativos para servicios de atención de violencia, tales como al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, al MIMP, entre otros.
- Mantener y ampliar Módulos de atención de víctimas de VBG en el Poder Judicial.
Realizar acciones de atención a casos de VBG:
- Ampliar el número de Hogares de Refugio Temporal a nivel nacional que cubran a mujeres sobrevivientes de violencia y a sus hijos (as), pues a estos la violencia también les afecta de manera indirecta.
- Fortalecer las actividades de promoción e información que realizan los CEM.
Realizar acciones preventivas de VBG:
- Desarrollo de programas de prevención universal dirigidas a toda la población, las cuales deben ser llevadas a cabo de manera general por sectores como educación, salud, trabajo, transporte y comunicaciones, etc.
- Priorizar la prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes en espacios educativos, por lo cual resulta necesario el trabajo articulado con docentes, padres y madres
- Impulsar el desarrollo de programas de prevención seleccionados dirigidos a poblaciones consideradas de alto riesgo, como personas que hayan experimentado algún tipo de violencia, personas que ejercen violencia, que tienen problemas de consumo de drogas, de salud mental, personas migrantes y refugiadas, entre otras.
- Implementar programas de especialización y fortalecimiento de capacidades en los operadores de los diversos servicios de prevención, atención y sanción de violencia en los sectores educación, salud, psicología, derecho, trabajo social, comunicaciones, etc.
Estas tareas son de mediano y largo plazo, por lo que el Estado debe fortalecer sus sistemas con personal especializado y con conocimiento de la problemática de la VBG en sus diversas modalidades y en las diferentes regiones del país.
- Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres
En el Perú, como en muchos países latinoamericanos, el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva es uno de los temas que sigue trayendo consigo mucho debate, lo cual termina impactando negativamente y principalmente en las niñas, adolescentes y mujeres adultas. En esta misma línea, resulta importante entender que existen ciertas “normas, políticas y prácticas discriminatorias sobre las esferas de la sexualidad y la reproducción que afectan de manera decisiva la vida de las mujeres, exponiéndolas a graves riesgos, daños y desventajas” (CRLP, 1998). En base a esto, para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres planteamos las siguientes demandas básicas:
Aborto terapéutico
Creemos apropiado que para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es necesario revisar el tema del aborto. Actualmente, nuestro actual Código Penal Peruano de 1993 penaliza el mismo en su artículo 144 y reprime a la mujer con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. No obstante, en el artículo 119 se plantea una excepción a esta pena al cual se le conoce como aborto terapéutico. Respecto a la implementación del protocolo existente para este tipo de aborto se puede observar que aún sigue existiendo problemas y es que, en el artículo “Niñas, no madres: cuando se niega un aborto terapéutico” (2019), diversos profesionales afirman que existe “una escasa capacitación, un inadecuado registro y codificación en hospitales, poca orientación de los médicos a las mujeres sobre la posibilidad de su aplicación, mala interpretación de la guía técnica y el abandono del Estado ante un derecho”. En base a esto, consideramos preciso:
- Capacitación a personal de salud para la aplicación efectiva del protocolo actual de aborto terapéutico.
- Realizar un seguimiento de la correcta realización del aborto terapéutico en los centros de salud públicos y privados.
Salud sexual y reproductiva
Otro tema a tomar en cuenta es el acceso a la salud sexual y reproductiva. Al respecto, resulta relevante no perder de vista que la pandemia del Covid 19 ha dificultado aún más este acceso, muestra de ello es el “impacto negativo en el acceso a los métodos anticonceptivos a causa de las dificultades en el abastecimiento, la provisión pública y las dificultades que presentan las mujeres para comprar los anticonceptivos en las farmacias con sus propios recursos” (UNFPA, 2020, p. 5). En base a esto, consideramos que se debe:
- Garantizar, en el sector salud, servicios diferenciados para adolescentes.
- Garantizar y seguir ampliando el acceso a los métodos anticonceptivos (MAC), con especial atención en las adolescentes.
- Continuar con el servicio de consejería en salud sexual y reproductiva en los centros de salud a nivel nacional.
- Impulsar el uso de las plataformas tecnológicas (zoom, google meet, etc) para ofrecer este tipo de servicio.
- Reforzar la política intercultural de SSR en zonas rurales y con presencia de mujeres campesinas y de comunidades indígenas: Mayores casas de espera, una adecuada atención intercultural del parto y una consejería intercultural para acceso a MAC.
- Diseñar estrategias para reducir las barreras culturales de acceso de las mujeres en general y de las gestantes en particular a los servicios de salud.
- Capacitar al personal de salud en el respeto de las diferencias étnicas con énfasis en la salud reproductiva y desarrollar acciones afirmativas de programas de formación en salud para las mujeres de los grupos étnicos presentes en nuestro país.
- Revisar las condicionalidades del programa JUNTOS para que la salud de la mujer sea una meta en sí misma (por ejemplo, disminución de la anemia o cáncer de mama), y no solo en su función materna (controles prenatales). De manera tal que se mejore el vínculo entre el personal de salud y las madres beneficiarias del Programa.
- Mantener el presupuesto para la compra de métodos anticonceptivos y servicios de SSR.
Educación sexual integral
Consideramos que garantizar una correcta educación sexual integral (ESI) es vital, ya que permitirá principalmente a las niñas y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por cuanto en la ESI se aprende, entre otros temas, sobre “el cuidado y prevención de enfermedades, planificación familiar, igualdad de oportunidades y a cómo vivir una sexualidad libre de violencia” (CARE, 2020). Sobre esto, resulta alarmante que un estudio realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, señale que entre 1983 y 2020 se tiene acumulado 1209 casos de adolescentes (entre 15 a 19 años) que han sido diagnosticados con SIDA y 64190 casos de adolescentes (entre 15 y 19 años) que han sido diagnosticados con VIH. En esta misma línea, la Defensoría del Pueblo (2021) ha advertido que en el 2020 se ha producido un incremento de 12% de los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes que necesitaban una orientación sobre salud sexual y reproductiva. Es por esto, que planteamos:
- Promover una mejor implementación y aplicación de la educación sexual integral en los colegios públicos y privados (normativa, capacitaciones a los docentes, talleres, etc) a nivel nacional. Esta educación sexual integral debe dar especial importancia al diálogo sobre la capacidad de negociación de las adolescentes para un inicio sexual protegido sin riesgo de embarazo y al uso de los métodos anticonceptivos.
Violencia obstétrica
Otro aspecto en el cual se enmarcan las demandas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es la violencia obstétrica, la cual según el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, comprende “todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres”. En base a esto, consideramos necesario:
- Capacitar al personal de salud para una adecuada implementación de la Norma Técnica.
- Sancionar al personal de salud que realice algunas de las manifestaciones de la violencia obstétrica.
- Reforzar la política de atención con calidad y calidez e intercultural del parto para buscar disminuir los casos de violencia obstétrica.
Como se puede apreciar, muchas de las demandas que planteamos en conjunto se centran en mejorar y reforzar políticas públicas ya creadas e implementadas. Con la finalidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, resulta necesario ahora más que nunca, prestar especial atención y realizar el adecuado seguimiento de estas políticas para que puedan ser efectivas.
- Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones
La participación de mujeres en la vida política sigue siendo un tema de discusión, pues aún no es significativa la representación femenina en espacios de toma de decisiones. Por ello, el Estado ha promovido acciones afirmativas, como la Ley N° 31030, por la cual se garantizó la paridad y alternancia de género en la lista de candidatos en las Elecciones Generales del 2021 (EG 2021).
De acuerdo al Perfil Electoral 6: Participación política de las mujeres en las EG 2021, las mujeres representan el 50,4% de la población electoral hábil para las EG 2021; esto nos muestra que el destino de la política peruana depende en gran parte de la participación efectiva de las mujeres en las elecciones de gobierno. Asimismo, para el 2020 se registró a un total de 1 663 147 personas afiliadas a organizaciones políticas a nivel nacional, de las cuales el 48% está conformado por mujeres (JNE, 2021).
Respecto de las 18 fórmulas presidenciales para las EG 2021, 20 de 52 candidatos fueron mujeres; no obstante, solo 2 de 18 eran mujeres candidatas a la presidencia. De otro lado, de un total de 2572 candidatos inscritos para el congreso, 1295 fueron candidatas mujeres, lo cual representa el 50,3% del total. Luego de las elecciones de primera vuelta, mediante el artículo “Próximo Congreso peruano contará con más mujeres de su historia” se dio a conocer que un total de 52 candidatas resultaron elegidas para el periodo legislativo 2021-2026, lo que representa el 40% de la composición del nuevo Congreso de la República.
Como se observa, las cifras de participación política de mujeres son en gran medida alentadoras. De allí que la implementación de la Ley N° 31030 representó un avance para mejorar la representación política de mujeres en términos de composición; sin embargo, toca cuestionarse si ello necesariamente implicaría un avance en la defensa de demandas y derechos de las mujeres. Tal como afirma Norma Fuller (2021), opinión que compartimos, “ser mujer no significa que se suscriba la causa de los derechos de la mujer, en tanto no son pocas las que asumen valores tradicionales. El hecho de que haya más mujeres en la política, si bien es positivo en términos de romper como una discriminación histórica, no garantiza cambios en la situación de las mujeres”.
Por todo lo anterior, se deben tomar en cuenta las siguientes demandas básicas:
- Seguir impulsando la implementación de la Ley N° 31030 en todos los procesos electorales para incentivar la participación de mujeres en todos los niveles de gobierno.
- Promover las cuotas de género en el uso de franja electoral gratuita, prevista en la normativa electoral, de tal manera que se asegure la presencia de mujeres candidatas en los medios de comunicación.
- Debido a la VBG que sufren las mujeres en espacios políticos, resulta necesaria la implementación de la Ley 31155 que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, haciendo efectivas las sanciones para quienes menoscaben o impidan el ejercicio de derechos políticos a mujeres, ya sean a través de amenazas, agresiones, expresiones discriminatorias o la divulgación de información que menoscabe su dignidad.
- Promover espacios de capacitación en liderazgo y en temas de derechos para mujeres que pertenecen a espacios oficiales (parlamentarias, funcionarias, etc.) y no oficiales (militantes, activistas, lideresas de comunidades, etc.).
Tomar las medidas en conjunto, se traduciría en un avance por la equidad de género, pues las mujeres sabiendo de sus demandas y cómo canalizarlas, impulsarían la agenda en pro de sus derechos.
- Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC, 2018) afirma que los derechos económicos y sociales son asuntos tan básicos como el trabajo, la vivienda, educación, salud, seguridad social, alimentación, agua, etc. Al respecto, consideramos se debe añadir las responsabilidades de cuidado, pues un rasgo común que sobresale y caracteriza al Perú y América Latina, es el hecho de que “el cuidado siga siendo una función principalmente de las familias y, como es conocido, de las mujeres dentro de las familias” (Batthyány, 2020, p. 42). Y teniendo presente que es deber de los Estados el asegurar el acceso a los derechos económicos y sociales, así como evitar la discriminación en su acceso por motivos de raza, sexo, idioma, religión, política, etc., planteamos propuestas inscritas en los siguientes ejes:
Sistemas de cuidado
De acuerdo con el INEI (2020), en el Perú los hogares de los pobres y de los no pobres vulnerables están conformados en una mayor proporción por niñas, niños y adolescentes, o personas con discapacidad de cualquier edad, implicando por consiguiente mayores tasas de dependencia económica en dichos hogares; esta situación contrasta con los hogares de los no pobres no vulnerables, donde predomina población con edad mayor a 18 años. (p. 63). Para el año 2019, el 75,2% de los hogares pobres y el 66,4% de los hogares no pobres vulnerables tenían entre sus miembros al menos una niña/niño o una/un adolescente menor de 18 años (p. 63), en tanto el 18,6% de los hogares pobres tienen entre sus miembros al menos a una persona con discapacidad, así como un 16,0% de los hogares vulnerables no pobres contrastando con el 13,1% de los hogares no pobres no vulnerables (p. 64).
Frente a este panorama, surge la necesidad de reforzar el compromiso del Estado con la Política Nacional de Igualdad de Género, la cual establece que el Sistema Nacional de Cuidado debe ser un servicio enfocado en el “cuidado para personas en situación de dependencia, fiable, de calidad y con enfoque de género” (MIMP, 2019, p. 41). Este servicio, además, debe estar dirigido a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como a mujeres que tienen a su cargo personas en situación de dependencia (MIMP, 2019). Es así como resulta necesario generar políticas públicas que reconozcan, reduzcan y distribuyan el trabajo de los cuidados. Y a su vez es necesario reforzar y ampliar proyectos ya existentes. Es por ello que las demandas básicas que planteamos son las siguientes:
- Instaurar una mesa de diálogo para la creación e integración de unSistemaNacional de Cuidados y sea incorporado como un deber del Estado en el caso de que se discuta una nueva Constitución.
- Ampliar el horario de programas como Cuna Más para que sean flexibles y acordes con las necesidades locales; de esta manera, las mujeres pueden permitir enrolarse en jornadas de tiempo completo.
- Ampliación de las edades de niñas y niños que pueden ser atendidos en programas sociales.
- Impulsar establecimientos de lactarios, salas cunas y guarderías en los sectores públicos y privados.
- Desarrollar servicios diurnos de cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado
Las mujeres se han integrado cada vez más al mercado de trabajo, pero continúan asumiendo la mayor parte o la totalidad del trabajo doméstico no remunerado (TDNR). Esta necesidad de atender responsabilidades domésticas y familiares genera que su participación en el mercado laboral sea, por un lado, cada vez menor, pero también, por otro lado, que el tiempo dedicado al servicio de otras y otros, sea en el trabajo y/o en el hogar, se traduzca en doble jornada y, por ende, en explotación laboral (Defensoría del Pueblo, 2019). Estas desigualdades se agudizan en el caso de mujeres indígenas, afrodescendientes y quienes viven en hogares sin acceso a servicios básicos como agua, luz y/o desagüe, así como el hecho de no tener la economía para poder acceder a artefactos electrodomésticos que faciliten estas labores o para contratar el servicio de un tercero (ONU Mujeres, 2021). Además, según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) realizada en el 2010, se estima que “a menores ingresos, es mayor la asignación del tiempo de la mujer a las actividades domésticas no remuneradas” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 11).
Se considera que el impacto es aún mayor para mujeres jefas del hogar y quienes dependen de empleos precarios o no cuentan con un empleo formal. Según estimaciones de la CEPAL, la crisis sanitaria y económica actual “está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de diez años en su participación en el mercado laboral” (2021, p. 2).
En muchas familias, la prioridad reside en que quienes tienen un trabajo remunerado lo mantengan (Comas, 2016), de manera que, las responsabilidades del hogar recaen sobre quienes se encuentren en peor situación laboral o quienes estén directamente fuera del mercado independientemente de que sean hombres o mujeres. Consideramos que, teniendo en cuenta el impacto desigual de la crisis que enfrentamos, es más probable que las mujeres asuman como propias las actividades domésticas no remuneradas: especialmente si tenemos en cuenta la existencia de las brechas salariales y de que, a las amas de casa fácilmente se les puede adjudicar este rol en comparación con los hombres. Por ejemplo, en el Perú, de acuerdo con las cifras del Programa Aprendo en casa, para junio del 2020, el acompañamiento educativo recaía en las madres, en una proporción hasta 5 veces mayor que en los padres. Así las madres acompañaban al 63% de escolares que recibían clases por televisión, el 49,7% de los que las recibían por radio y el 53% de los que lo hacían por internet. Porcentajes que alcanzaban récords en la educación inicial en el que el acompañamiento de las madres alcanzaba a un 78,2 en las clases por TV, un 80,5 vía internet y un 68,3% vía radio (MINEDU, 2020).
Frente a este panorama las demandas que planteamos se enmarcan, por un lado, en la protección laboral y, por otro lado, en reconfigurar el diseño de programas sociales que se adecúen a las necesidades de las madres y sus hijas/os:
- Brindar protecciones a mujeres jefas de hogar frente a despidos por reducción de planilla de las empresas (de tal manera que sean las últimas en ser despedidas).
- Diseñar programas de empleo temporal teniendo en cuenta la necesidad de servicios de cuidado infantil y tiempo de lactancia.
- Reforzar, a través de los medios de comunicación, el mensaje de que los hombres pueden pedir licencia laboral cuando haya responsabilidades domésticas: como enfermedad de un hijo o padre, etc.
- Llevar a cabo la segunda encuesta de uso del tiempo para tener información sobre el cambio de los patrones de cuidado después de la COVID-19.
Mejora en capacidad de ingresos
Como hemos mencionado anteriormente, el impacto del coronavirus en la economía ha sido mayor en el caso de las mujeres, lo cual ha generado que las brechas de género ya existentes sean aún más amplias. Asimismo, y a pesar de no ser el mejor panorama, este puede ser aún peor en el caso de mujeres sin acceso a servicios básicos, campesinas, afrodescendientes, de etnias indígenas, no hispanohablantes y/o analfabetas. Para Jaramillo y Ñopo (2020), “los efectos de la crisis son mayores entre las personas en situación de pobreza que entre la población en general, al mismo tiempo que las brechas de ingresos entre hombres y mujeres en situación de pobreza se amplían.” (p. 11). La abogada Jessica K. Maeda (2020), expone que, el año pasado, solo en Lima Metropolitana, la población de mujeres activas económicamente ha disminuido poco más de la mitad, un 52,3% según estimaciones del INEI. Además de ello, antes de la pandemia, las mujeres económicamente activas eran quienes ahorraban y ganaban menos dinero en comparación de los hombres. Y, al mismo tiempo, eran quienes se encontraban empleadas en sectores más informales y precarios.
Para el caso de Lima Metropolitana (INEI, 2021b), entre el primer trimestre del 2021 la población ocupada femenina fue menor en -18,0% (-388 mil 500 mujeres), respecto a igual trimestre de 2020 (p.4); en tanto que, la población ocupada masculina disminuyó en -12,0% (-318 mil 500 hombres). Disminuyendo el empleo adecuado en un 30,1% para la población masculina y en un 35,8% para las mujeres (p.9), mientras que entre la población subempleada por insuficiencia de horas, el 53,8% (354 mil 400) corresponde a las mujeres y el 46,2% (304 mil 700) a los hombres (p. 13). Finalmente, el ingreso promedio mensual de los hombres se ubicó en 1688,1 soles y el de las mujeres en 1365,9 soles; es decir, las mujeres de Lima Metropolitana ganan el 80,9% del ingreso de los hombres (p. 20) en el 2021.
Por otro lado, muchas de las oportunidades laborales que se ofrecen actualmente se encuentran relacionadas a las competencias en tecnologías de información y comunicación (TIC). El acceso de estas herramientas y su uso han pasado a ser indispensables. No obstante, según un informe relacionado por la UNESCO (2020), aunque las mujeres tengan acceso a internet o a una computadora, pueden tener menores oportunidades para aprovecharlas. En el Perú, de acuerdo con el INEI (2021c), el acceso a alguna Tecnología de Información y Comunicación es casi universal en hogares cuyo jefe/a tiene al menos educación secundaria mientras aquellos/as con educación primaria o menor nivel registra el 85,7%. (p. 2), siendo lo más extendido el teléfono celular. Sin embargo, existe una brecha de género de 3,2 puntos porcentuales a favor de los hombres en el uso de internet (71,4% hombres vs 68,2% mujeres acceden a este servicio) (p. 10) .
Las demandas que planteamos para este eje se centran, por un lado, en mayor acceso a las TIC y en herramientas informáticas, así como en acceso a créditos que puedan apoyar en la independencia laboral de las mujeres (Huaita, 2021):
- Aprovechar la tecnología para desarrollar competencias no tradicionales en las mujeres —en su diversidad— y que pueden ser requeridas en ámbitos como minería, transporte, construcción, etc.
- Diseñar programas de capacitación y reconversión laboral teniendo en cuenta horarios apropiados para las mujeres y su carga de trabajo.
- Apoyar a las MYPES conducidas por mujeres para que se formalicen y puedan acceder a créditos especialmente concebidos para ellas.
- Priorizar sectores con alta presencia femenina, como los de comidas, alojamiento, confecciones y otros, combinándolo con desarrollo de estrategias de marketing y acceso a plataformas digitales.
- Establecer medidas de discriminación positiva para favorecer la inclusión de mujeres pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas.
Consideramos que es necesario aprovechar la tecnología para desarrollar competencias no tradicionales en las mujeres. Y así poder salir de espacios laborales segmentados (como los de cuidado, comidas, confección, etc.). No obstante, aún resulta preciso que los sectores que tienen alta presencia femenina puedan priorizarse y se les pueda facilitar acceso a créditos. Por otro lado, especialmente en este contexto, es necesario generar medidas de protección y oportunidades laborales para que las familias lideradas por mujeres puedan enfrentar las crisis en sus hogares. Además, debido a que el confinamiento obligatorio ha generado cambios drásticos en la dinámica al interior de las familias (como el cuidado de parientes enfermos en casa o en hospitales, la educación virtual, el teletrabajo, etc.), es preciso conocer cómo es que las tareas domésticas no remuneradas y de cuidado están siendo distribuidas. Por último, con la finalidad de enfrentar este panorama, es necesario que se discuta sobre la integración de un Sistema Nacional de Cuidados, de manera que, el tiempo y trabajo gratuito de las mujeres deje de ser usado como alternativa en tiempos de crisis y, por consiguiente, dificulte su participación en el mercado laboral.
Comentarios Finales
Si bien la igualdad de género es un tema ausente por parte de los candidatos en esta segunda vuelta, la realidad nacional, y las diversas crisis que enfrentamos -económica, política, de salud, de cuidados, etc.- manifiestan que el impacto del coronavirus ha sido desproporcional en el caso de las mujeres, lo cual ha generado que las brechas de género ya existentes sean aún más amplias. Es por ello que, la Política Nacional de Igualdad de Género resulta necesaria para la construcción nacional de un desarrollo inclusivo para hombres y mujeres, y para lograr hacer efectiva la igualdad de oportunidades, y así hacer realidad la Visión del Perú al 2050.
En este artículo, hemos propuesto demandas y tareas que son de mediano y largo plazo, por lo que el Estado debe fortalecer sus sistemas con personal especializado y con conocimiento de las diferentes problemáticas que enfrentamos las mujeres. Asimismo, muchas de las demandas que planteamos en conjunto se centran en mejorar y reforzar políticas públicas ya creadas e implementadas, pues consideramos que resulta necesario, ahora más que nunca, prestar especial atención y realizar el adecuado seguimiento de estas políticas para que puedan ser efectivas. Para ello sin duda, debe fortalecerse el MIMP, como ente rector.
Esperamos que este artículo pueda contribuir al debate sobre el tema de igualdad de género y que sea tomado en cuenta por el próximo gobierno, pues como ciudadanas tenemos el derecho de demandar que se haga y, a seguir vigilantes.
Referencias:
Acuerdo Nacional (2020). Acuerdo Nacional 2011-2019
Batthyany, K. (2020). Miradas latinoamericanas a los cuidados. Buenos Aires, Argentina: CLACSO-Siglo XXI.
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