Perspectiva de Género y Gestión Pública

  1. Introducción

La igualdad de género se fundamenta en un valor ampliamente consensuado, esta es, la dignidad de la persona humana. Asumiendo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres entendemos que toda discriminación con motivo de género en concordancia con un enfoque de Derechos Humanos atenta contra la justicia, el bien común y aquella dignidad.

Según lo que hemos visualizado a lo largo del tiempo, notamos que existe una asignación previa ante las personas, es decir, responsabilidades, roles y espacios de realización individual y colectiva, acorde al sexo biológico, creando asignaciones o también llamados roles de género.

Es importante resaltar que, en algunos casos, estos pueden provocar que muchas mujeres y hombres no accedan de manera igualitaria a las mismas oportunidades, denotando desigualdades en distintos aspectos de la vida.

Ante el problema presentado, queda la siguiente interrogante: ¿El Estado realmente está fomentando una igualdad de género en la actualidad?

2. Sexo y género

Considero fundamental tener por entendida la acepción establecida para la palabra “género” ya que, en la mayoría de casos, los términos sexo y género son utilizados indistintamente, sin embargo, no toman el mismo significado. Este último mencionado supone aquellos roles, actividades, responsabilidades y necesidades socialmente relacionados con la pertenencia al sexo masculino o femenino. Puede ser concordante o discordante a su par biológica.

Todo lo mencionado en el párrafo superior tiene relación con los estereotipos y roles de género. El primero es un entendimiento sobre simplificado que tiende a incluir afirmaciones exageradas de cada individuo. Por ejemplo: Los hombres no lloran y mucho menos les gusta el rosado.

En cuanto a roles de género, podemos definirlas y entenderlas como pautas sobre el comportamiento que se espera de cada individuo basándose en su sexo biológico y lo que se asocia a él. Existen limitaciones del concepto que incluyen, por ejemplo, la no necesidad de que por ser biológicamente mujeres u hombres somos afines a los roles de género que se nos asignan con tanta presión en la sociedad. Lo comprendido como “femenino” y “masculino” varía en el tiempo, entre culturas.

El sexo tiende a referirse a las características biológicas que son dadas por nacimiento, por cuestión de biología. Atiende más bien, a los órganos sexuales de las personas para distinguir entre hombre y mujer. En cambio, cuando nos referimos a género se refiere al aspecto social como culturalmente son dadas a las personas, de acuerdo a sus características físicas, forma de vestir, modales, etc, para distinguir si es masculino o femenino.

La referencia radical es que el sexo atiende a diferencias biológicas y el género, a diferencias sociales o culturales.

Nos preguntamos, en esa línea, ¿La identidad de género tiene algo que ver con todo esto? La respuesta es sí. La persona si se siente identificada con algún género, ya se femenino o masculino. Es decir, tal vez trasladarlo al sentimiento, forma de pensar de la persona (ideología).

Ahora, tratemos la expresión de género. Esta consiste en la proyección que tiene la persona hacia los demás. Es decir, esta decide como quiere verse ante la sociedad (ya sea hombre o mujer). Esto lo podemos relacionar con un derecho humano, tal es, el libre desarrollo de la personalidad. Lo definiríamos como un derecho netamente estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo referencia a una libertad residual, es decir, ser la esfera de la autonomía de todas las personas que no están salvaguardadas por otros derechos expresamente. El ciudadano puede hacer lo que le plazca con su proyecto de vida, siempre y cuando, no se afecte a terceros.

Me gustaría resaltar que, hay una concepción muy fuerte de autonomía donde el Estado no debe interferir.

3. Brechas de género

Tomando los conceptos anteriormente definidos, reconocemos las llamadas brechas de género, siendo estas diferencias primordiales de acceso (entre hombres y mujeres) a bienes, servicios, recursos económicos, sociales, culturales. Estas pronuncian contrastes que pueden darse entre los individuos mencionados para acceder a nuevas oportunidades, como  efecto de prácticas discriminatorias reconocidas en muchas sociedades. Las últimas en mención pueden ser individuales, sociales o institucionales.

4. Enfoque de género y gestión pública

La gestión pública es un conjunto de procesos y acciones que permiten a las entidades buscar el logro de fines, objetivos y metas a través de formulación, ejecución y monitoreo de políticas, programas y servicios.

El fin de la gestión pública es lograr el bienestar y desarrollo humano para todos los sujetos, colectivos o pueblos, priorizando, en la medida de lo posible, su acción para garantizar la igualdad de acceso a derechos.

Las políticas públicas son las decisiones y acciones del gobierno que buscan solucionar problemas prioritarios que engloban varios sectores, elaborándose bajo la guía de un plan, garantizando cumplimiento de derechos.

La decisión pública es fundamental para resolver en algún momento problemas públicos o crear condiciones para que estos puedan ser resueltos. Un problema de índole nacional es aquel que, se da entre ciudadanos, ya sea de manera individual o agrupada (por ejemplo, desnutrición infantil, educación, inseguridad ciudadana). En algunos casos ocurre que este nace de la organización del Estado (problemas de deficiencia, burocratismo, aplicación administrativa entre otros).

Debemos tener claro que, el Estado, debe ingresar a contextos complejos, competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, sin embargo, el centro ya no se encuentra en la división de fines y estrategias, sino, principalmente, en la operación de la maquinaria estatal, es decir, como logramos que los fines y estrategias de intervención estatal para resolver problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y eficaz.

Por ejemplo, un problema palpitante sería la brecha de género existente en nuestro país. Este último debe diseñar e implementar políticas públicas donde se visibilice una correcta intervención por la cantidad de derechos a proteger tales como la igualdad, la dignidad, etc. Hay una serie de instrumentos que deben ser establecidos para que el gobierno pueda intervenir.

Una referencia clave es la política nacional que se desarrolló para establecer la igualdad de género en el Perú, teniendo distintos objetivos prioritarios, tales como, reducción de violencia hacia la mujer, establecer un acceso y ejercicio adecuado en tanto a derechos de salud y reproducción sexual, reducir patrones discriminadores en toda la población, entre otros.

Si se crean políticas públicas con enfoque de género debe considerarse la base de igualdad de oportunidades, establecida en nuestra Constitución y en la Ley N° 28983 Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

5. Igualdad de género

Ninguno de nosotros eligió nacer siendo varón o mujer. A ninguno de nosotros nuestras madres nos preguntó si preferíamos ser hombres o mujeres. Cada uno nació con una asignación biológica de sexos. ¿Por qué debería esta identidad biológica de nacimiento suponer una desventaja para las personas? ¿Por qué se justificaría un trato desigual derivado de esta condición masculina o femenina? Esto no tiene razón de ser y es por ello que, la mayor parte de las constituciones, tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen el principio de la igualdad de género.

Los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y por tanto, se tiene que desarrollar una convivencia en el ámbito de la familia, por ejemplo, implementar una serie de instrumentos para el acceso a la educación, al trabajo que materialicen la trata igualdad de género.

6. Finalidad

La finalidad de una perspectiva de género es conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre mujeres y hombres se perpetúen, por ello, la también denominada PEC se liga a la igualdad, políticas públicas, acción y lucha de las mujeres.

La perspectiva de género debe estar dirigida a promover el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La acción pública tiene comienzo en miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ya que esta, ha reconocido la igualdad como condición necesaria para el desarrollo de los países, por ello, se elaboraron declaraciones, convenciones e instrumentos que definen directrices de política. Estas últimas deben ser cumplidas por el Estado de forma obligatoria.

Por ejemplo, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará) exhorta a los estados a tener una conciencia más real para implementar mecanismos de protección ante la violencia contra la mujer, ya sea esta en su forma física, económica, social, cultural, civil, o cualquiera otra esfera.

Asimismo, El MANUD – Manual para la incorporación de la perspectiva de género en la programación común a escala nacional desarrollado por la ONU pretende ser una herramienta en nuestra actualidad para que todas las entidades y/o personas que trabajan implementando temas de género tengan un aliado de manera que se pueda cubrir esta ventana de oportunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha establecido en temas de políticas públicas con enfoque derechos humanos la necesidad de seguir criterios para adecuar una mejor estrategia de resolución ya que, el Estado, debe tenerlos siempre como base ante una decisión. Es decir, tomar elementos que parten del ámbito internacional (DDHH), constitucional y procesal constitucional para elaborar una serie de métodos. Estos permitirían a nuestros gobernantes, hacer vigentes los derechos de formas no judiciales sino, a través de decisiones administrativas o de la Administración Pública.

7. Camino para incluir la perspectiva de género

Existen pasos para incorporar la denominada perspectiva de género, los mismos que, asegurarían un éxito total para nuestra nación.

El primer paso es ponerse los lentes de género. Para actuar, debemos observar cotidianamente a través de unos anteojos que nos permitan visualizar la realidad de mujeres y hombres, por ejemplo, en el transporte público, las compras de mercado, atención hospitalaria, acceso a la justicia, cuando se educan a las hijas e hijos en la convivencia familiar y laboral, etc. Una tarea clave al colocarnos los lentes de género es identificar aquellos estereotipos que encasillan los roles y papeles sociales de mujeres y hombres. Asimismo, es necesario cuestionar nuestros prejuicios y abrir nuestra mente a formas nuevas de vivir la feminidad y masculinidad. Esto nos permitirá reconocer la diversidad de tipos y modos de coexistir identificando con más claridad las variaciones que se encuentran presentes en políticas públicas y demás. Es incorrecto pensar que todos por el solo hecho de ser hombres o mujeres somos iguales ya que, existen diversificaciones por edad, etnia, sexualidad, procedencia rural o urbana, entre otras características que ponen de relieve la influencia del contexto en la conformación de las identidades de género.

El segundo paso es comprender las desigualdades de género. Uno de los aportes más significativos en este aspecto es el reconocimiento que la diferencia sexual no explica ni justifica las desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres, por el contrario, esta vista indica que ellas son resultado de relaciones de poder y de las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres en la sociedad. Un elemento básico para comprender la desigualdad de género es la división sexual del trabajo, es decir, la separación de la esfera pública y de la vida doméstica como ámbitos diferenciados de los roles de mujeres y hombres. Esta separación se consolidó en las sociedades modernas desde finales  del siglo XVII con el surgimiento de la innovación. Desde entonces, hasta nuestros días, se ha construido un orden social y jurídico que incentiva la participación de los hombres en la economía y la política como agentes activos y protagónicos, restringiendo, en algunos casos, las funciones de la mujer dada la sobrecarga de sus tareas y responsabilidades en la vida doméstica. Lo más reciente que conocemos en torno a este punto es la incorporación de definiciones de distintos tipos de trabajo, siendo uno el remunerado, definiéndolo como aquel que se ejecuta en la construcción, comercio, agricultura, entre otras áreas realizadas en mayor proporción por varones. Sin embargo, el trabajo no remunerado también conocido como trabajo reproductivo, es aquel que se efectúa para garantizar la sobrevivencia de las personas y familias. Su contribución a la economía es relevante, no obstante, su valor no está reconocido socialmente.

El tercer paso es comprometerse al cambio, ya que, para trabajar con esta perspectiva, es necesario actuar y responsabilizarse con la mejora personal (misión de entidades públicas). Se trata de cuestionar costumbres y creencias profundamente arraigadas, identificar las obligaciones que distintos poderes del Estado están inexcusables a cumplir según la norma internacional y nacional.

8. Principales casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH aplicando perspectiva de género

A partir del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH comenzó a decidir casos aplicando la perspectiva de género.

Empecemos narrando el caso del penal Miguel Castro Castro contra Perú. Este trata sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en nuestro país durante el traslado de prisioneras del Centro Penitenciario Miguel Castro Castro a la cárcel de máxima seguridad en el llamado operativo “mudanza”. Este inició en el pabellón 1-A destinado a las mujeres. Hubo explosiones, gases, humos, disparos indiscriminados en un espacio cerrado. Las mujeres huyeron a otro pabellón, arrastrándose por el piso, incluso las embarazadas. La CIDH consideró que el ataque fue desproporcionado. Las internas que lograron sobrevivir fueron trasladadas al hospital de la policía donde permanecieron desnudas, siendo observadas constantemente por hombres armados. Desde luego, se estableció un trato violatorio de la dignidad personal y una grave violencia sexual.

Otro caso muy importante a nivel internacional fue el sonado Campo Algodonero. Este nace en el contexto de la violencia contra las mujeres de ciudad Juárez Chihuahua. Tres jóvenes mujeres, dos de ellas menores de edad, desaparecieron en los meses de setiembre y octubre de 2001. Unas semanas después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero, con señas graves de agresiones físicas y sexuales. Esos elementos permitieron a la Corte suponer que fueron víctimas de violencia por su condición de mujer, condenando a México por no contar con mecanismos de reacción o políticas públicas efectivas sobre el deber de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

No podía faltar en nuestra lectura, el caso Fernández Ortega contra México. Inés Fernández Ortega era una mujer que pertenecía a la comunidad indígena. Vivía en una zona montañosa de difícil acceso y sufrió violaciones sexuales de militares en 2002. Los hechos ocurrieron en el contexto de una importante presencia militar en el estado de Guerrero que buscaba reprimir actividades ilegales de la delincuencia organizada. La Corte resaltó una situación que aumentó la vulnerabilidad de la víctima. Se encontraba en su hogar, acompañada de sus hijos, por lo que temía ante la falta de seguridad y bienestar para ellos. Se encontraron omisiones y fallas en la investigación de los hechos, observando falta de voluntad, sensibilidad, especialización y capacidad.

Por último, tenemos el caso Gelman contra Uruguay. Trata de la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, en ese entonces, de 19 años y en estado de embarazo avanzado, que ocurrió a finales de 1976 en Buenos Aires, Argentina. Fue detenida y separada de su esposo por agentes argentinos y uruguayos en el marco de la “Operación Cóndor”. Fue trasladada a un centro clandestino de detenciones y se presume que posteriormente, la transportaron a Uruguay, donde dio a luz a su hija, quien fue entregada a una familia uruguaya. La Corte declaró que los hechos cometidos por los agentes estatales constituyen una de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, que afectaron gravemente la integridad personal de la víctima y estuvieron claramente basados en su género.

9. Conclusiones

Nuestras autoridades deben cumplir directamente con la conducta establecida en la norma y no interferir en el cumplimiento de los derechos humanos. Los poderes e instituciones públicas están en la obligación de respetar todo en cuanto a la ciudadanía beneficie.

Las políticas de igualdad deben ser necesariamente implementadas para que los derechos de las personas sean asegurados y respetados, garantizando que todo el aparato gubernamental establezca mecanismos plenos para el ejercicio de dichas situaciones.

El Perú se ha comprometido a seguir dichos criterios y, por lo tanto, está obligado a desarrollar leyes, políticas y programas para ejecutar estos, haciéndolos realidad.


10. Referencias

Marchionni, M., Gasparini, L., y Edo, M. (2019). Brechas de género en América Latina. Un estado de situación. Caracas: CAF, 344 p.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos.  

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018). Manual para la incorporación de la perspectiva de género en la programación común a escala nacional.

Congreso de la República (2017). Ley Nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012).Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas.

Vargas, Mery (2009). Documento interno: Herramientas para la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas de los sectores del Estado. Proyecto Apoyo al MIMDES- AECID, DGM.

Organización de los Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Brasil.

Gianela Sipión Castillo
Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFÉ. Ganadora del Concurso Nacional de Ponencias Estudiantiles de Derecho – 2020. Ponente principal del Seminario de Mujeres en Derecho Internacional organizado por ONU SAN MARCOS y Revista Ius Intergentes de la PUCP. Participante en el I Encuentro de Líderes Universitarios organizado por CELID – PUCP.