Balance en materia de pueblos indígenas luego de más de 100 días de cuarentena: toca revisar el enfoque

 

La emergencia nacional frente al coronavirus puso al país ante un inmenso reto en materia de salud pública. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, se desnudaron nuestras precariedades. La respuesta estatal se inició en dos frentes: (i) detener el avance del contagio, y (ii) brindar atención a los casos confirmados. Pero los resultados han demostrado que, a pesar de las intenciones, el aparato estatal no ha tenido la capacidad de cumplir. Las taras de gestión que se han acumulado en el tuétano del funcionamiento público, así como la corrupción, nos muestran los graves problemas que aún se tienen para brindar servicios básicos a nivel nacional.

Junto a lo anterior se ha evidenciado un grave y profundo problema. La salud pública no ha sabido responder con enfoques diferenciados. A pesar de esfuerzos, los que hay que reconocer que son más de individuos y aislados, los problemas de diseño y de políticas en materia de salud han mostrado que en el Perú los pueblos indígenas siguen invisibles en el debate nacional. Inclusive fuera del debate público nacional de muchos otros sectores. En esta cuarentena todos los días hemos recibido noticias de hermanos y hermanas indígenas que fallecen en sus comunidades, a donde esa salud no ha sabido llegar y atender. De la misma manera, cuando saltamos a otros sectores, no se ha logrado avanzar con rapidez para cerrar las brechas que aún mantienen estos pueblos en comparación con el resto de la población nacional. La gran pregunta es por qué.

Hay varias maneras de responder. Pero ensayemos una respuesta a partir de dos temas centrales. El primero es preguntarnos si realmente la realidad indígena es conocida por el país (pero sobre todo por sus gobernantes, y los y las funcionarios limeñocentralizados); la segunda, es cómo es entendida justamente esa realidad indígena, cómo son vistos estos pueblos por quienes toman decisiones.

Sobre lo primero. De acuerdo con el INEI (2018) un cuarto de la población nacional, es decir el 25,8% de las personas que viven en el Perú (6 millones), se han autoidentificado como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el país. A la par, el 16% del total de hablantes de 3 años a más de edad a nivel nacional aprendieron a hablar en alguna de nuestras 48 lenguas indígenas. De ese total, el quechua es la lengua más hablada con casi 4 millones de personas que la tiene como lengua materna (13,9% de la población nacional), seguido por el Aimara, el Ashaninka y el Awajún. Sumando a lo anterior, a nivel nacional existen 3,866 comunidades campesinas y 2,159 comunidades nativas cuyos miembros son parte de pueblos indígenas, comunidades cuyo reconocimiento constitucional no ha logrado ayudar a superar sus problemas en materia de titulación y cuestiones ambientales.

De acuerdo con el mismo INEI, el 66% de las personas autoidentificadas como indígenas viven en zonas urbanas. Del total nacional Lima es el departamento con mayor concentración de personas indígenas de todo el país con el 22.5% de individuos que se han autoidentificado como parte de alguno de estos pueblos (1 millón 346 mil 399 personas), seguido de Puno (14.3%). Además, Lima es el departamento con mayor número de hablantes de lenguas indígenas u originarias: más de 700 mil personas hablan quechua en Lima, estando la mayor concentración de sus hablantes en San Juan de Lurigancho (26% de la población de este distrito).

Los departamentos con mayor porcentaje de personas que se han autoidentificado como indígenas y que tienen como lengua materna una lengua indígena es como sigue:

INEI (2018) Elaboración propia.

El punto es, qué tan conscientes somos no solo de estas cifras, sino de reconocer la realidad indígena en el país, en cada distrito, localidad, provincia, región. Si las cifras nos están mostrando una realidad indígena indudable, la consecuencia es que sobre la base de esta información se deberían de revisar varias políticas, acciones y actividades estatales. Tomar decisiones estatales no solo debe incorporar el enfoque intercultural como un mandato más, sino entenderlo desde esa realidad pluricultural que toca gobernar. La única manera para precisar y saber qué hacer es reconociendo la realidad que existe en el país. Es la única manera de poder re enfocar acciones concretas para cerrar brechas.

De acuerdo con información de la Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura (2020) el 11% de las personas que no saben leer o escribir (sea su lengua originaria pero sobre todo castellano) son indígenas, frente a un 4% que no son indígenas; el 9% de personas no cuenta con algún nivel educativo, son indígenas, frente a un 4% que no lo son. Además, el 26% de las personas indígenas no cuentan con acceso a agua dentro de su vivienda, frente a un 18% que son personas no indígenas; y el 40% no cuenta con acceso a desagüe, frente a un 27% que no son indígenas. Un dato importante es que el 20% de las personas que se han autoidentificado como indígenas en la amazonía y el 28,4% en la zona andina no cuentan con seguro de salud. Del total de comunidades nativas, solo 865 tienen establecimiento de salud, y de estas menos del 2% tienen capacidad de internamiento. Por otro lado, solo en Loreto quedan pendientes de titulación 461 comunidades nativas, lo cual representa un alto grado de poca seguridad jurídica de sus territorios. Estas cifras lo que nos evidencian es que los pueblos indígenas son una realidad cuyas brechas de necesidades básicas son más altas que las del resto de la población no indígena, lo que potencia el nivel de desventaja en el que se encuentran. Frente a ello, ¿qué ha venido pasando?

A manera de ejemplo tomemos solamente la Directiva Administrativa 261-MINSA/2019/DGIESP para la Adecuación de los servicios de salud con pertinencia cultural en el primer nivel de atención (es decir, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPRESS que atienden al público en el ámbito nacional) aprobado mediante Resolución Ministerial 228-2019-MINSA el 07 de marzo del 2019. A más de un año de su emisión ¿qué tanto se ha implementado esta directiva? ¿se cuentan con indicadores que permitan conocer el grado o nivel de efectividad de dicha directiva? ¿es conocida esta directiva por los y las prestadores del servicio? ¿Cómo se mide su efectividad e impacto en la ciudadanía indígena? ¿se ha considerado su obligatoriedad en zonas donde la predominancia indígena es alta? Otro ejemplo: el rol de los gobiernos regionales hubiera sido clave para atender la emergencia en zonas indígenas. Y es que no solo dependen del gobierno central los temas de atención de la salud de los pueblos indígenas (establecen las políticas y direcciones a seguir), sino de gobiernos regionales que tienen entre sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la supervisión y ejecución de acciones frente a situaciones de crisis de salud (como las heladas, la lucha contra la anemia, y claro el coronavirus), e incluso tieneEstablecer imagen destacadan la facultad para la ejecución de proyectos de infraestructura como es la construcción de hospitales. ¿Qué tanto los gobernantes regionales y locales consideran a los pueblos indígenas de sus jurisdicciones al momento de establecer las prioridades de acción de sus gobiernos, no solo en temas de salud? ¿Se han construido e implementado centros de salud en ámbitos de predominancia indígena, se los ha equipado, pero sobre todo tienen capacidad para brindar atención diferenciada? ¿La agenda regional de los pueblos indígenas es discutida en espacios públicos regionales y sobre todo, tomada en cuenta?

El segundo punto a abordar para ensayar una respuesta a lo que ha venido sucediendo en el país frente a los pueblos indígenas, tiene que ver con cómo ha sido entendida esta realidad. Para ello es necesario interpelarnos y revisar los conceptos sobre los cuales se construyen las ideas en la materia, y en particular las líneas directrices de la acción estatal en favor de estos pueblos. Partimos por ello de un supuesto: El enfoque que tiene el Estado peruano-y con ello principalmente el ente rector- resulta desgastado para entender pero sobre todo atender la agenda de los pueblos indígenas. Desgastado porque a pesar de los avances, nos encontramos en un punto muerto al haber representado limitaciones sobre qué hacer y cómo por los pueblos indígenas del país.

Para hablar de ello, hay que revisar justamente el enfoque. La pregunta central acá es cómo ha sido la relación entre el Estado peruano con los pueblos indígenas. Detrás de esta pregunta reside la manera cómo el Estado peruano ad portas del Bicentenario entiende a los pueblos indígenas, cómo se les ve, cómo ha entendido el reconocimiento de sus derechos. Es momento de revisar el enfoque que da sustento al espíritu que empapa el entendimiento de las cuestiones indígenas a nivel nacional. Para ello, considero el trabajo de Charles Hale (2001; 2005) para generar un punto de quiebre.

Charles Hale -para comenzar- presenta el multiculturalismo neoliberal como el apoyo sustantivo pero limitado al ejercicio de los derechos indígenas, es decir, se reconocen los derechos, pero no tanto. El mismo Hale junto con Rosamel Millaman sobre la base de lo anterior, plantean la teoría del “indio permitido” (2005), una suerte de reconocimiento light, del tipo de sujeto que quiere tener el Estado delante, usando la palabra indio para enfatizar el desprecio, es decir, racismo soterrado. Estas posiciones van mostrando que a pesar de los cambios en las estructuras estatales, no se considera la real agenda de los pueblos indígenas, sino solo aquella que no genere cambios reales. Como consecuencia, a pesar de los avances que se hagan, mientras los pueblos indígenas sean vistos por el Estado desde una mirada como la del “indio permitido”, los reales problemas seguirán existiendo. El supuesto presentado, ¿se sostiene en lo que Hale presenta?

Frente a ello, planteamos dos ideas: (i) la realidad indígena en el Perú no ha sido comprendida en su real dimensión, y (ii) cuando se ha abordado el tema de los pueblos indígenas en el aparto público, se les ha considerado desde lógicas cercanas a lo que Hale plantea como “el indio permitido”. Siendo así, la respuesta estatal no termina de cuajar para saber afrontar los problemas de los pueblos indígenas, por un lado porque no termina de conocerlos, y por otro porque cuando los reconoce, los reconoce desde una mirada limitada y luego limitante de sus derechos.  

Por ello, si se piensa en alguna reforma en materia de pueblos indígenas, hay que sincerar y decir qué es lo que se quiere como Estado con los pueblos indígenas, para sobre la base de ello, tener un norte claro en el que se reconozca lo que va a cambiar, ya que de ahí se desprenderán los temas que se van a trabajar. Si no se cambia la hoja de ruta en materia de pueblos indígenas o se revisa el enfoque que se tiene desde el Estado, todo va a seguir igual. Las demandas indígenas en salud siempre han estado sobre la mesa, pero parece que no se quieren escuchar; se han escudado en excusas sostenidas en presupuesto o cuestiones técnicas que dejan de lado la realidad indígenas por considerarla no eficiente. Ahora estamos sufriendo la mala combinación entre no querer ver la realidad indígenas y entenderla equivocadamente. El aparato del Estado aún no está preparado para atender y entender la realidad de los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos. En el año 199 de nuestra vida republicana, resta solo seguir exigiendo los cambios necesarios para realmente vernos como un país que reconoce a sus pueblos indígenas, más allá de cuestiones de imagen.  


Bibliografía

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI (2018) III Censo de Comunidades Nativas 2017 Resultados Definitivos Tomo I. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros, INEI.

MINISTERIO DE CULTURA (2020) Base de Datos de Pueblos Indígenas, en https://bdpi.cultura.gob.pe última visita 03 de mayo del 2020.

 

Gustavo Zambrano Chavez
Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Magister en Business Ethics por la Universidad de Linköping, Suecia. Profesor Departamento de Derecho PUCP. Ex Director General de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.