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Comentarios sobre la procedencia del Habeas Corpus Correctivo en relación al COVID-19 a propósito de la Resolución de la Sala Mixta de Emergencia de Lima (Expediente N° 2316-2020)

I. INTRODUCCIÓN

El 18 de mayo de 2020 la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la resolución mediante la cual declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Félix Armando Pestana Elías por vulneración del derecho a la vida y a la salud, y dispuso -en forma excepcional-, la suspensión de la ejecución de la pena de 5 años que se le impuso como autor del delito de defraudación tributaria, mientras la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.  

En el presente artículo, amparado en lo establecido en el inciso 20 del artículo 139° de la Constitución[1], esto es, el derecho que tiene toda persona de formular análisis y críticas a las resoluciones judiciales, procederé a realizar algunos comentarios de orden jurídico respecto a los fundamentos por los cuales la referida Sala Superior declaró fundada la acción de habeas corpus.

RESUMEN DE LOS HECHOS

Con fecha 21 de febrero de 2019, la Segunda Sala Penal de Lima condenó a Félix Armando Pestana Elías (de 71 años) a 5 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, disponiendo su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Al no encontrase conforme con dicha resolución, la defensa técnica del Sr. Pestana Elías interpuso recurso de nulidad contra la sentencia, elevándose los actuados a la Sala Suprema Penal Transitoria, programándose vista de la causa para el 18 de marzo de 2020, la que no se pudo llevar a cabo debido al estado de emergencia nacional decretado como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Ante este hecho, la defensa del Sr. Félix Armando Pestana Elías interpuso una acción de habeas corpus argumentando que se estaría vulnerando el derecho a la libertad individual y derechos constitucionales conexos como el derecho a la vida y la salud, al no haberse llevado a cabo la referida audiencia en la fecha señalada.

Es importante señalar que uno de los argumentos expuestos por la defensa del sentenciado fue que debido a la gravísima situación de crisis sanitaria que afronta el país, la justicia constitucional es competente y tiene el deber de proteger el derecho de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que no hayan cometido delitos graves, especialmente de aquellas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios donde se encuentran suspendidas las labores, las visitas familiares, y donde no podemos esperanzarnos en que el servicio médico cumpla su función de manera eficiente y humana, más aún cuando es conocida por todos la falta de presupuesto y el estado deplorable en que se encuentra el sistema penitenciario.

Además, se indicó que el favorecido sufre de una afección médica preexistente a su   internamiento, como es la hipertrofia prostática grado IV detectado en el año 2018 (paciente considerado en el grupo de riesgo). Asimismo, se señaló en la demanda que debido a su edad y a las enfermedades que padece es una persona que se encuentra dentro de la población vulnerable propensa a contraer COVID-19, por lo cual solicitó la variación de la pena privativa de la libertad por el arresto domiciliario.

En primera instancia, el Juez Constitucional rechazó liminarmente la demanda de habeas corpus por considerar que la variación de la medida de privación de libertad por el arresto domiciliario no puede ser materia de un proceso constitucional de habeas corpus, teniendo dicha figura un tratamiento especial en la vía ordinaria.

Ante ello, la defensa técnica interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por el A-quo, la misma que fue resuelta por la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

III. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES LA SALA MIXTA DE EMERGENCIA DECLARÓ FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS, SUSPENDIENDO LA EJECUCIÓN DE LA PENA

En principio, debemos señalar que generalmente mediante una acción de habeas corpus no se puede emitir un pronunciamiento de fondo. Ello, debido a que tales aspectos le corresponden específicamente a la justicia ordinaria, a la cual se puede recurrir mediante el uso de los medios impugnatorios que nos faculta el ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00884-2013-PHC/TC -párrafo 2- señala que en determinados supuestos y en atención a los principios de celeridad y economía procesal, considera la pertinencia de emitir un pronunciamiento de fondo a pesar de que no sea la vía idónea, siempre y cuando en autos aparezcan los elementos necesarios para ello.

En esa línea de análisis, la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal Constitucional, señaló lo siguiente:

“ (…) que si bien nos encontramos frente a una condena impugnada ante la Corte Suprema, por lo cual, se desestima que esta Superior Sala actuando como órgano constitucional pueda modificar o emitir pronunciamiento sobre el fondo de la misma, lo cual no es competencia de la justicia constitucional; no obstante ello, nos encontramos frente a un hecho excepcional por la presencia de la Pandemia por “Corona Virus” que viene sufriendo nuestro territorio, lo que ha motivado de parte del Estado en materia penitenciaria, emitir políticas para prevenir el riesgo de contagio de enfermedades y evitar la fácil propagación de Covid-19, en los establecimientos penitenciarios, así como disminuir las condiciones de sobrepoblación en dichos establecimientos atendiendo a la excepcionalidad de la presente emergencia sanitaria, lo que permite al órgano constitucional ponderar derechos constitucionales como la vida, la integridad, la salud, entre otros”. (énfasis agregado)

Como puede advertirse, el criterio utilizado por la Sala de Emergencia responde a la necesidad de un pronunciamiento que resguarde los derechos constitucionales cuando la justicia ordinaria se encuentra incapacitada de velar por ellos, por lo que a mi criterio se trata de una decisión acertada.

Además, como bien señaló la Sala Mixta, en estos momentos nuestro país atraviesa un estado excepcional a consecuencia del coronavirus, lo cual motiva que también se emitan pronunciamientos jurisdiccionales y constitucionales en base a la situación actual para evitar el avance de esta enfermedad, y ponderar derechos constitucionales como la vida, la salud y derechos conexos como la integridad física y psíquica de las personas.

En consecuencia, las decisiones de las diferentes entidades públicas, incluidas las jurisdiccionales, deben ser teniendo como principal objetivo proteger la salud pública y la vida de todos los peruanos, por lo que en este momento la institución del habeas corpus cumple una misión especial y un rol importante para garantizar no solo la libertad personal en su contenido amplio, sino además derechos conexos como el de la vida, la salud y la dignidad del ser humano.

En efecto, conforme se menciona en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la finalidad del habeas corpus es garantizar la primacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos constitucionales; es decir, significa que este proceso constitucional tiene en sí mismo la virtualidad de hacer cesar la agresión, amenaza de violación o violación efectiva de esos derechos constitucionales y demás derechos conexos, de manera que consigue que jurídica y materialmente la situación sea la misma a la existente hasta antes de agredir la libertad individual y los derechos conexos.

Actualmente nos encontramos ante un escenario trágico que nunca hemos enfrentado, razón por la cual es tarea principal del Estado la plena protección de la vida y la salud de la población nacional sin distinción ni discriminación alguna; por lo que, más allá de los formalismos, se debe tener en cuenta la finalidad específica de la acción de habeas corpus y la obligación de los organismos públicos de proteger y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Entonces, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la gravedad del Covid-19 se justifica que en determinados casos se tomen en cuenta ciertos presupuestos o circunstancias, como la demora en el trámite del recurso de nulidad planteado, la edad de quien lo solicite y su estado de salud –personas consideradas grupo de riesgo-, los cuales representan criterios urgentes que ameritan un pronunciamiento por parte del órgano constitucional, además de tener en cuenta el principio de mínima lesividad.

En ese orden de ideas, nuestro ordenamiento jurídico faculta  al Juez Constitucional para que mediante el habeas corpus dicte medidas destinadas a proteger los derechos fundamentales y personales del imputado, como otros derechos conexos como el de la vida, la salud y la dignidad de la persona humana del beneficiado; y una de las medida más adecuadas y justas para efectivizar el resguardo y protección de tales derechos es la suspensión de la ejecución de la pena hasta que la justicia ordinaria, -en este caso la Corte Suprema- se pronuncie respecto al recurso de nulidad interpuesto, creando una nueva tendencia más cercana y humana a la realidad a través de una acción constitucional.

  • Hacinamiento en los centros penitenciarios

Este es un tema que merece un especial análisis, porque el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente N° 05436-2014-PH/TC indicó que en los centros penitenciarios existe un estado inconstitucional de cosas, en los términos siguientes:

“existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

 “Las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social. No resulta coherente que personas que han cometido otros delitos, que pueden cumplir penas alternativas a la privación de libertad, terminen siendo privados de su libertad de la misma forma que aquellas personas que han cometido delitos graves”.

Al respecto, se advierte que, desde antes del estado de emergencia sanitaria, en nuestro país ya existía hacinamiento en los centros penitenciarios, los cuales han limitado en exceso su capacidad para albergar a las personas privadas de su libertad, sea por una sentencia o por cumplir mandato de prisión preventiva.

Este tema ha tomado una relevancia mayor aún a consecuencia de la pandemia, llevando al INPE a emitir un oficio al Ministerio de Justicia indicando que no recibirá más personas en los centros penitenciarios, pues debido al hacinamiento que existe se dificulta la prevención y control del coronavirus dentro de los penales, es más, hace un tiempo atrás el INPE había declarado el estado de emergencia de todo el sistema penitenciario.

Este es un hecho preocupante, pues según información que ha sido dada por el propio Ministerio de Justicia, en el mes de abril de 2020 en los Centros Penitenciarios de nuestro país había 645 internos contagiados por Covid-19 y 30 personas habían fallecido a causa de esta grave enfermedad y en la actualidad el número de casos sigue creciendo de forma alarmante. Adicionalmente, podemos indicar que esta pandemia ha rebasado el sistema sanitario y carcelario de los penales, lo cual acrecienta el peligro de contagio y mortandad del virus en los centros de reclusión.

En esa línea de análisis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado el 31 de marzo de 2020, donde realiza recomendaciones urgentes a los Estados miembros para enfrentar la pandemia del Covid-19 dentro de los centros penitenciarios, siendo una de dichas medidas la siguiente:

“Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas con la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.

Se advierte que la situación en los centros penitenciarios es crítica, lo que motiva que se tomen medidas jurisdiccionales al respecto, las cuales deben estar destinadas a otorgar medidas alternativas de condenas para delitos que no representen un grave peligro social. Es más, el Tribunal Constitucional recomienda que solo las personas que cometan delitos graves, que impliquen peligro social evidente deben ingresar a los centros penitenciarios, y al respecto el Poder Ejecutivo ha emitido una disposición donde indica aquellos delitos que por su gravedad no procede la cesación de la prisión preventiva y la remisión condicional de la pena.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el delito tributario no es considerado un delito grave, tanto es así que el Decreto Legislativo N° 1513 que establece disposiciones para reducir el hacinamiento de los penales ha dispuesto que las personas sentenciadas por este delito podrán obtener beneficios para logar su libertad.

  • Aplicación de determinados artículos del Código Procesal Penal para casos que se tramitan con el Código de Procedimiento Penales

Como es de conocimiento público, el Código Procesal Penal aún no se encuentra vigente en el Distrito Judicial de Lima Centro. Es más, con fecha 28 de junio de 2019 mediante el Decreto Supremo N° 012-2019-JUS se modificó el calendario oficial de aplicación progresiva del Código Procesal Penal, indicando que en Lima Centro entraría en vigencia el 1 de julio del presente año y actualmente se ha ampliado hasta fines de noviembre, lo cual debido a la situación actual que atraviesa nuestro país es muy probable que no suceda. No obstante, el Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos mediante los cuales ha indicado que el Código Procesal Penal puede aplicarse a casos que se tramitan con el Código de Procedimientos Penales.

Así tenemos que el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 02748-2010- PHC/TC, indicó lo siguiente:

“por otro lado, si bien el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 aún no está vigente en todo el país no cabe duda que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal peruano que se erige como el programa procesal penal de la Constitución, y que por tanto, pueden servir de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables.”[2].

Es decir, desde el año 2010, el Tribunal Constitucional viene indicando que el Código Procesal Penal debe servir de parámetro interpretativo para otros casos a pesar de que este no se encuentre vigente. Ello evidencia que la finalidad es tener un proceso con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, y suplir las deficiencias del Código de Procedimientos Penales de 1940, buscando garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales de los procesados y condenados.

Así pues, siguiendo este criterio la Sala Mixta de Emergencia en la resolución materia de análisis, indicó lo siguiente:

“El Código de Procedimientos Penales, establece que cuando la condena es pena privativa de libertad se cumple en forma inmediata, aunque sea impugnada; situación distinta se presenta en el Nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 402º del Código Procesal Penal en su segundo párrafo señala: “si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288° mientras se resuelve el recurso; y si bien la norma en comento no se encuentra aún vigente en su aplicación en el departamento de Lima, no se puede dejar de analizarla, si con ello se prioriza la salud, integridad física y vida del favorecido; por lo que este Colegiado dada las características del hábeas corpus, como instrumento sencillo y rápido, tiene por finalidad procurar que siempre se favorezca la tutela del derecho a la libertad física y/o de sus derechos conexos, considera que estando a la excepcionalidad de la crisis sanitaria, y a la demora en resolver el recurso impugnatorio planteado ante la Corte Suprema de la Republica, pues, la sentencia fue emitida con fecha 21 de febrero de 2019, fecha desde la cual tiene la condición de reo en cárcel, siendo que no se encuentra resuelto conforme ha referido la defensa del favorecido en la audiencia oral, en consecuencia a fin de evitar mayor riesgo sobre la salud del favorecido, la pena impuesta debe ser suspendida en su ejecución hasta las resultas del recurso impugnatorio planteado ante la Corte Suprema de la Republica, ordenándose su inmediata libertad, fijando algunas restricciones para asegurar su comparecencia, poniendo en conocimiento de la presente resolución a la Corte Suprema de la Republica”.

Como puede advertirse, la Sala indica que -si bien el Código Procesal Penal aún no se encuentra vigente en Lima- no se puede dejar de analizarlo si con ello se prioriza la salud, integridad y vida del favorecido. Por lo que, atendiendo el estado excepcional que atraviesa nuestro país actualmente a consecuencia del Covid-19, implica que también se tomen medidas excepcionales en el ámbito jurisdiccional y constitucional, para lo cual solamente es darle aplicabilidad a lo expresado en la resolución del Tribunal Constitucional, adelantando la vigencia de determinados artículos del Código Procesal Penal para proteger los derechos constitucionales -como la vida, la salud y derechos conexos de la libertad individual- de los procesados o sentenciados; así como que se cumpla el debido proceso y los plazos establecidos para el trámite de los medios impugnatorios interpuestos.

En efecto, tal como lo indicó en un principio el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA- “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19”, existe un grupo de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, denominándolos como “grupo de riesgo”. Este grupo estaba conformado por personas mayores de 65 años o quienes tenían comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión, y es justamente a este tipo de personas que debemos darle preferencia y atención especial debido a que están más predispuestas y vulnerables en adquirir esta enfermedad.

  • Demora en el trámite del recurso impugnatorio interpuesto

Otro de los argumentos en los cuales la Sala ha fundamentado su decisión para suspender la ejecución de la pena del recurrente, es que la demora en el trámite del recurso de nulidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República puede ocasionar un perjuicio que podría recaer en irreparable para su salud y la vida del favorecido, si es que no se hace todo lo posible para que este salga del centro penitenciario y se defina su situación jurídica.

En lo referente a este punto, debemos indicar que es acertada la decisión de la Sala Mixta de Emergencia, por cuanto con la demora del trámite del recurso impugnatorio interpuesto, también se estaría vulnerando el principio del plazo razonable, el cual se encuentra regulado en el inciso 3 del artículo 139º de la Constitución Política de nuestro país. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 1 de febrero del 2006, recaída en el caso López Álvarez vs. Honduras, ha detallado que:

128.- El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”. Asimismo, nuestra Corte Suprema se ha pronunciado al respecto, indicando que “(…) todo justiciable tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a no ser sometido de manera indefinida a un proceso penal sin que se resuelva su situación jurídica[3].

Como puede advertirse, la demora prolongada para la solución de un caso en concreto viola las garantías constitucionales, más aún cuando se trata de una persona sentenciada que se encuentra pendiente la solución de su medio impugnatorio interpuesto, lo que también implica que mientras una sentencia no haya quedado firme, todavía sigue prevaleciendo el principio de presunción de inocencia.

En ese sentido, debido al coronavirus en nuestro país, no sabemos cuánto tiempo podrá tardar el Estado de Emergencia Sanitaria, el cual inició el 15 de marzo mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, pero actualmente ha sido ampliado por 90 días más hasta el mes de octubre mediante Decreto Supremo N° 020-2020-S.A.

Asimismo, la experiencia obtenida en años de litigio nos indica que la demora del trámite de los recursos impugnatorios será mayor, lo que justifica un pronunciamiento urgente por parte de los órganos constitucionales ante los cuales se interpone la acción de habeas corpus, para garantizar los derechos fundamentales como la vida y derechos conexos como son la salud e integridad física, debiéndose analizar además las condiciones personales de quien lo solicite y el delito que se haya cometido. 

Finalmente, podemos señalar que la institución del habeas corpus como acción constitucional, resulta un proceso rápido, sencillo y de fácil tramitación que tiene por finalidad proteger los derechos de la libertad individual y derechos conexos como la vida, la salud y la dignidad de la persona, y estando a que no podemos ocultar que los procesos en la Corte Suprema de la República demoran en promedio más de un año, es que la Sala Mixta con excelente criterio garantista y de acuerdo a las excepcionales circunstancias de crisis sanitaria y penitenciaria que actualmente estamos atravesando resolvió que se suspenda la ejecución de la pena hasta que se resuelva el recurso impugnatorio planteado por la defensa técnica del beneficiario, es más el artículo 402º del Código Procesal Penal establece la facultad de imponer algunas restricciones, incluyendo la vigilancia electrónica personal para garantizar su presencia al proceso penal.

IV. CONCLUSIONES

  1. En el estado de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, la institución del habeas corpus cumple una misión especial y un rol importante para garantizar no solo la libertad personal en su contenido amplio, sino además derechos conexos como el de la vida, la salud y la dignidad del ser humano.
  2. Existe un estado inconstitucional de cosas en los centros penitenciarios de nuestro país, lo que agudiza el problema del coronavirus, pues no se puede cumplir con las medidas dadas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio, ni tampoco se puede brindar la asistencia médica adecuada.
  3. El estado excepcional que atraviesa nuestro país justifica que se apliquen algunos artículos del Código Procesal Penal, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, y preservar en este estado de emergencia sanitaria la vida, salud e integridad física, conforme ha sido adecuadamente indicado por el Tribunal Constitucional.
  4. La demora en el trámite de los medios impugnatorios interpuestos justifica que se emita un pronunciamiento de fondo, analizando la situación excepcional que atraviesa nuestro país, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas sentenciadas que pertenezcan al grupo de riesgo de COVID-19 y se proteja el derecho al plazo razonable.
  5. Nuestro ordenamiento jurídico constitucional faculta a los Jueces dictar medidas para proteger los derechos fundamentales del imputado, y las medidas más adecuadas y justas para efectivizar el resguardo de tales derechos en este caso fue la suspensión de la ejecución de la pena hasta que se pronuncie la Corte Suprema respecto al recurso de nulidad interpuesto, generando una tendencia de interesante desarrollo, donde prevalece la idea de un Estado garantista y respetuoso de los derechos constitucionales, en el que se analizan medidas alternativas a la prisión, como son la suspensión de la ejecución de la pena, la detención domiciliaria y la vigilancia electrónica personal.

[1] Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

  1. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02748-2010-PHC/TC

[3] Casación N° 54-2009–La Libertad, del 20 de julio de 2010, fundamento noveno.

Escrito por Freddy Rojas López

Freddy Rojas López

Socio Senior y Jefe del Área Penal del Estudio Muñiz. Especialista con más de 30 años de dedicación en Derecho Penal y Procesal Penal y 10 años de experiencia laboral en el Ministerio Público. Reconocido por el Ranking Leader League en el año 2019 y 2020. Máster con mención en Derecho Penal. Doctor en Derecho. Postgrado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España). Cursos y Diplomados en Litigación Oral y Código Procesal Penal en Chile y Colombia. Ex catedrático en materia de Derecho Procesal Penal en la UIGV. Fiscal del distrito de Lima. Columnista en Gaceta Penal, en el blog IUS 360 de la Revista Ius Et Veritas (PUCP) y en el blog Agnitio de la Revista ADVOCATUS (Universidad de Lima).