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El aborto como tema de salud pública en el Perú

En el Perú, el aborto se encuentra penalizado en todas sus causales (violación, eugenesia, inseminación artificial no consentida), a excepción de la causal terapéutica, indicada en el Artículo 119 del Código Penal peruano; es decir, cuando la interrupción del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Así, el Perú, es de los pocos países de la región que permite el aborto por una sola causal.

El comportamiento del Estado peruano frente al tema del aborto en general ha sido de falta de atención. Esto se ha visto evidenciado en el caso del aborto terapéutico, el cual se encuentra despenalizado en el país desde el año 1924. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2014 que fue reglamentado, estableciéndose un protocolo de atención o guía técnica que estandarizaba el procedimiento a nivel nacional, a través de la Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA. Así, pasaron noventa años para que el Estado pusiera su atención en este tema tan crucial para la vida y la salud sexual y reproductiva de las mujeres peruanas. El diseño y la aprobación de este protocolo se dio finalmente gracias a la confluencia de los esfuerzos de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, la presencia de funcionarios clave a favor de la reglamentación en la administración pública y la presión internacional que comités de derechos humanos ejercieron sobre el Estado peruano.

No obstante, a seis años de haberse aprobado el protocolo, queda claro que el camino para acceder al aborto terapéutico en nuestro país se encuentra lleno de obstáculos. Por un lado, la guía técnica se encuentra constantemente amenazada por grupos conservadores de la sociedad civil. En el 2014, la ONG católica ALA sin Componenda interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud (MINSA) para impedir la implementación de dicho protocolo. Asimismo, en el 2018, la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, una organización católica, interpuso una demanda de acción popular contra la guía técnica, aduciendo su inconstitucionalidad. La primera demanda fue declarada improcedente por el Poder Judicial este año y en el caso la segunda, aun se espera la emisión de una sentencia por parte de la Corte Suprema. Ambas organizaciones están vinculadas a sectores ultra conservadores de la sociedad peruana que también han mostrado su rechazo a iniciativas como la Política Nacional de Igualdad de Género y la implementación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, a través de colectivos como Con Mis Hijos No te Metas y Padres en Acción[1].

Por otro lado, las mujeres también encuentran obstáculos para acceder al aborto terapéutico en los establecimientos de salud. El caso conocido más reciente ha sido el de una niña de 13 años, la cual fue víctima de violación sexual por parte de su padre por muchos años y quedó embarazada producto de esas constantes vejaciones. Por el bien de su salud física y mental, su madre requirió la interrupción del embarazo. El hospital al que acudió nunca respondió a su solicitud y puso trabas para el procedimiento hasta que la niña cumplió 13 semanas de gestación y tuvo una pérdida espontánea tras experimentar fuertes dolores. En vez de brindarle el soporte necesario tras estos eventos tan traumáticos, el Estado, a través del Ministerio Público, acusó a la niña de haber provocado el aborto, debido a que ella había expresado previamente que no deseaba convertirse en madre. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) asumió la defensa de la niña y logró que esta quedara en libertad[2].

Estos obstáculos dan cuenta de lo lejos que estamos como sociedad de brindar acompañamiento y atención a las mujeres que requieren interrumpir su gestación. El caso previamente mencionado resulta problemático desde diferentes aristas. En nuestro país, cada vez existen más casos de niñas que se convierten en madres a temprana edad. De acuerdo a cifras manejadas por el MINSA, el 49.2% de la población adolescente en el Perú son mujeres y el 12.5% ya son madres o se encuentran embarazadas[3]. Dicha cifra es preocupante ya que los embarazos a temprana edad son una de las principales causas de muerte materna y de deserción escolar.

Asimismo, nuestro país es uno de los que registra las cifras más altas de violencia sexual en la región. De acuerdo a estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 18,044 de los casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer (CEM) durante el año 2019 fueron casos de violencia sexual[4]; en 16,945 de esos casos, las víctimas fueron mujeres. Asimismo, en ese año se reportaron 5140 casos de menores de edad víctimas de violación sexual, siendo la mayoría (92%) niñas y adolescentes mujeres. La situación resulta aún más grave cuando las víctimas de violación sexual se enfrentan a un embarazo producto de dicha agresión, especialmente en el caso de las niñas. Tal como menciona el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del MIMP, “[e]l embarazo en contexto de violación sexual es un problema de salud pública que limita el normal desarrollo de la niña y pone en riesgo su salud física y mental, a la vez que afecta su futuro en cuanto a calidad y proyecto de vida”[5].

En dicho contexto resulta indignante que las niñas y mujeres que deseen interrumpir su gestación no puedan acceder a un aborto en condiciones dignas. Si ya existen tantas complicaciones en torno a un tipo de aborto que es legal hace 96 años, como sucede con el aborto terapéutico, mucho menos existen esfuerzos por parte del Estado para ampliar las causales del aborto legal en nuestro país. Resulta indignante, por ejemplo, que aquellas mujeres víctimas de violencia sexual que resulten embarazadas por estos abusos, sean revictimizadas por un Estado que las obliga a convertirse en madres.

Cuando se me propuso escribir un artículo de opinión para este portal, la idea de este era discutir por qué el aborto debería ser un tema de salud pública en nuestro país. La realidad es que el aborto ya constituye un serio problema de salud pública en el Perú y las cifras así lo demuestran. De acuerdo a una encuesta realizada en el 2018 por el Instituto de Opinión Pública (IOP – PUCP)[6], el 19% de las mujeres entre los 18 y 49 años se ha realizado un aborto. Si bien la mayoría pertenece a los niveles socioeconómicos C, D y E y cuenta con formación secundaria y superior de algún tipo, es importante resaltar que la práctica es común en todos los niveles socioeconómicos y educativos. 

Esto es una clara muestra de que la penalización no impide que el aborto sea una realidad en la vida de las mujeres peruanas. Por el contrario, fomenta que estas se vean en la necesidad de realizar este procedimiento de manera clandestina e insalubre. Ya sea que se realice con pastillas o a través de una intervención quirúrgica, muchas mujeres se ven en la necesidad de ser hospitalizadas después del procedimiento. Dichas condiciones las expone a serias complicaciones de salud e incluso a la muerte. A pesar de que en nuestro país no se cuenta con cifras sobre el aborto inseguro y su impacto, se estima que este genera 28 652 hospitalizaciones y 58 muertes anualmente[7].

Asimismo, la penalización criminaliza de manera injusta a las niñas y mujeres que deciden abortar. Actualmente, el Código Penal indica en su artículo 114 que “[l]a mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas”. En la práctica, las penas impuestas suelen constar de tres a seis meses de trabajos comunitarios, lo que hace de estas penas “simbólicas”, pero generan antecedentes penales para las mujeres y las estigmatizan[8].

En el contexto actual de la pandemia por COVID-19, la situación para el aseguramiento de la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres peruanas se torna aún más dramática. De acuerdo a un Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en julio del presente año, se estima que el impacto de la pandemia sobre el acceso a los anticonceptivos en el Perú se traducirá en 15.544 embarazos no deseados, en 7.146 abortos y en 27 muertes maternas[9]. A ello aun habría que sumarle la cifra de embarazos no deseados producto de violaciones sexuales, ya que lamentablemente, la cuarentena impuesta por el gobierno ha significado que muchas niñas y mujeres se encuentren más expuestas a sus agresores, por el hecho de compartir el mismo techo[10].

Ya sea que se esté a favor o no de la despenalización del aborto, la realidad nos muestra que miles de niñas y mujeres ven su salud afectada o mueren al año en nuestro país por someterse a este procedimiento sin los estándares médicos mínimos. Está demostrado que la penalización solo logra que la práctica del aborto sea más riesgosa para las mujeres. Resulta indispensable entonces, que el Estado ponga dicho tema en la agenda política gubernamental; es decir, la lista de problemas públicos sobre la cual prioriza su acción, de manera que se garantice este aspecto fundamental de la salud y la vida de las niñas y mujeres peruanas.   


[1] https://elcomercio.pe/lima/judiciales/aborto-terapeutico-quienes-buscan-anular-el-protocolo-medico-en-el-poder-judicial-noticia/?ref=ecr

[2] Ver: https://promsex.org/el-caso-camila-llega-al-comite-de-derechos-del-nino-de-la-onu/

[3] Ver: https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/508-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes

[4] Ver: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_noviembre_2019/BV_Noviembre_2019.pdf

[5] Ver: https://observatorioviolencia.pe/ninas-embarazadas/

[6] Ver: https://promsex.org/publicaciones/el-aborto-en-cifras-encuesta-a-mujeres-en-el-peru/

[7] https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2573

[8] Ver: https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel

[9] https://peru.unfpa.org/es/publications/impacto-del-covid-19-sobre-el-acceso-anticonceptivos

[10]https://larepublica.pe/genero/2020/09/28/aborto-legal-en-peru-una-deuda-aun-mas-urgente-durante-la-pandemia-video-atmp/

Escrito por Zoila Beatriz Leiva Rioja

Licenciada en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú.