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El Bono Universal II en el Perú: Límites y perspectivas

Los reclamos por irregularidades en la distribución y cobro del Bono Universal II, en Lima y en las regiones del Perú (diarios, internet, octubre 2020), muestra los límites que tiene una política de subsidios en nuestro país. Aún no podemos comprender la situación cultural, geográfica y social de la población de nuestro país para identificar a los beneficiarios. Pero, lo más complejo es que no podamos aprovechar esta oportunidad de aplicación del subsidio para mejorar la condición económica de quienes más sufren los efectos de la crisis producto de la pandemia del COVID-19.

De un lado, es difícil elaborar una lista sincera de personas beneficiarias del bono. La razón aparente se encuentra en nuestra informalidad. Pero las razones causales están en la diversidad de culturas, la compleja geografía y en las diferencias sociales que identifica a nuestro país.

Culturalmente, lo que entendemos por subsidio y bono se puede traducir en ilusión de dinero y riqueza para muchos grupos sociales o comunidades de nuestro país. Esto puede generar un asistencialismo que aparentemente beneficia a las autoridades de turno y al Estado. Pero, si el bono no llega, el asistencialismo se transforma en desprestigio, rechazo y mayor informalidad.

Asimismo, geográficamente nuestro país sigue siendo un gran reto para conocer a las personas más necesitadas. Las autoridades, funcionarios públicos y ciudadanos de Lima no podemos comprender la situación de las barriadas o los asentamientos humanos de la propia capital, menos podremos comprender la situación de las comunidades andinas ubicadas sobre los 4,000 metros del nivel del mar o las comunidades amazónicas ubicadas a 12 o 24 horas de navegación fluvial del centro poblado más cercano.

Pero también olvidamos que, socialmente, el Perú, es un país de muchas diferencias. Estas diferencias no solo se aprecian en la violencia de género o la discriminación racial, sino en las grandes barreras de acceso a la educación, a la salud y al agua potable de un alto porcentaje de la población nacional. Esta situación nos lleva a comprender que existe una necesidad mayor en muchas personas: niños, mujeres, ancianos y jóvenes de muchos grupos sociales se sienten con hambre o impotentes en el actual contexto.

De otro lado, para cumplir con el Bono Universal II el gobierno central ha hecho uso del erario nacional sin una planificación básica de economía política que lleve a mejorar o cambiar la condición de la población necesitada. El Bono Universal II consiste en un desembolso presupuestal de 6,644 millones de soles para ser distribuido en la población a través de montos de 760 soles por hogar (Decreto de Urgencia Nro. 098-2020), lo que significa un uso del dinero público para el consumo, no para alguna forma de inversión.

Un bono de 760 soles por hogar no significa un cambio, sino un alivio frente a una necesidad concreta, necesaria pero momentánea. El dinero recibido se esfumará en el pago de bienes o servicios básicos o deudas acumuladas. Luego, las personas del hogar o familia necesitarán de un nuevo bono, o de un nuevo subsidio. 

Es más, si el mismo bono es entregado cada 3 o 4 meses, significa que su monto resulta insuficiente frente a la necesidad de la persona o de la familia. El consumo será inmediato.

Al final, ese dinero quedará como ilusión en las personas necesitadas, y será más bien un ingreso indirecto para la empresa o persona que elabora o comercializa los bienes materiales consumidos. El dinero del bono beneficiará a las personas que tienen capacidad de ahorro o acumulación.

En suma, en situaciones de un desastre prolongado, como es la pandemia del COVID-19, la incomprensión de nuestra realidad cultural, geográfica, social y económica nos conduce a irregularidades en la entrega o pago del Bono Universal II, pero, sobre todo, nos conduce a un nuevo fracaso en su uso: genera mayor necesidad, no termina en los más necesitados y no se aprovecha una oportunidad de mejora o cambio.

¿Qué hacer?

Lo primero es tomar un tiempo para pensar y planificar el mejor uso de nuestros recursos. El contagio del COVID-19 se ha reducido por las condiciones climáticas u otras causas, y nos permite tener un tiempo para prepararnos en forma organizada y prevenir una segunda ola de contagios.

Segundo, nuestras autoridades tienen que recurrir al apoyo de personas o entidades académicas que pueden mostrarle con mayor objetividad las características culturales, geográficas, sociales y económicas de nuestra población. No es suficiente la información recopilada antes de la pandemia ni las asesorías coyunturales contratadas con interés político. Es importante asumir la situación de crisis en conjunto, con las personas e instituciones que pueden sumar ideas, sugerencias y alternativas.

Tercero, es necesario que se active un órgano que mueva en forma estructural y sistémica a las instituciones públicas, privadas y sociales del país en el actual contexto de crisis por la pandemia. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) es aún una alternativa. Esto significa un gran trabajo nacional, con participación HONESTA y DESINTERESADA de cada región, municipio, centro poblado o comunidad en nuestro país.

Cuarto, orientar el dinero del bono o del erario nacional para generar cambios frente a la desigualdad del país. El dinero puede convertirse en capital de inversión en los sectores de la población más necesitada. La población tiene que asumir la gestión del uso de este capital en forma organizada y justa, materializando su intercambio entre ellos para generar beneficios y mejoras en su condición económica.

Quinto, comprometer a cualquier futuro gobierno en la continuidad de estas acciones.

No es difícil sumar ideas, lo difícil es hacerlas realidad. Sin embargo, si sabemos de nuestros errores, por nuestros actos y por las ideas anteriores, hay que aceptar nuevas ideas y apoyar el desarrollo de nuevos actos. Con la participación de quienes más necesitan el dinero o capital, es seguro caminar a una mejora o cambio.

Escrito por Antonio Peña Jumpa

Antonio Peña Jumpa

Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos., abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws.