El 16 de abril de 1995 yacía en el suelo el cuerpo de Iqbal Masih, un niño activista pakistaní que en vida denunció la explotación de menores que se vivía en Pakistán. En ese país, diversas compañías se beneficiaban del trabajo de miles de niños con jornadas de 12 a 14 horas, Iqbal soportó ese tipo de jornadas debido a que sus padres lo entregaron a una fábrica de alfombras para subsanar una deuda (El País 2004). En un intento de que los esfuerzos realizados por el menor no se olviden, se conmemora el “Día Mundial de Lucha Contra la Explotación Infantil”, el mismo día de su asesinato.
El caso de Iqbal ilustra cómo los grupos etarios de los niños y adolescentes están expuestos a todo tipo de explotación, manipulación y violencia. En este sentido, los tipos de explotación a los que ellos se exponen pasan por lo laboral, sexual, narcotráfico y en los conflictos armados. En este último punto, se encuentra el reclutamiento forzoso en la actividad militar institucional o subversiva.
El presente trabajo se divide en dos partes, la primera revisa el estado de captación de los niños y niñas soldados en los últimos años y la segunda analiza la participación de los menores en el conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 1990.
1.) El uso de niñas y niños soldados en la actualidad:
1.1.) Estudio sobre la problemática: El Informe Machel.
Una de las fuentes más importantes que denunció la explotación bélica infantil es el informe “Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños”, de Graça Machel. El estudio se realizó con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con arreglo a lo previsto en la resolución 48/157 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de la Naciones Unidas.
El informe denuncia que, entre 1980 y 1990 durante los conflictos armados, unos 2 millones de niños murieron como producto de las hostilidades y si a esa cifra, se le suman los menores gravemente heridos o permanentemente mutilados, la cantidad resulta tres veces mayor. Por otro lado, el informe detalla que una vez concluidos los conflictos y tras el rescate de los menores, la reintegración social de los mismos afronta ciertos problemas de índole económico, social, familiar, físico o mental que sumado a la falta de políticas públicas para luchar contra la malnutrición, la falta de educación o la discapacidad física o mental, aumentan las barreras de la reincorporación del menor.
En adición a lo indicado, se puede señalar que el documento es pionero en afrontar la problemática desde la metodología del enfoque de género, ya que evidencia el juego de roles que se manifiesta también entre los niños y las niñas soldados.
1.2) La utilización de los niños y niñas soldados en los conflictos actuales.
El uso de niños en los conflictos armados ha sido una constante desde el inicio mismo de estos, por citar un ejemplo peruano, se puede señalar al héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Fernando Bonilla. Es recién a mediados del siglo XX que la problemática adquiere relevancia, esto se debe principalmente a dos puntos: a) la idea de la minoría de edad es relativamente moderna, así como b) la sociedad internacional comenzó amostrar interés por los derechos de la infancia con la progresiva adquisición de derechos sociopolíticos y el surgimiento del Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, poniendo en marcha una serie de medidas destinadas a protegerlos (Martos 2014: 5).
En este sentido, la ONG “Child Soldiers International”- CSI – reporta que entre los años 2012 y 2017: a) el número de niños utilizados en conflictos armados ha aumentado en un 159%, en 2012 se contabilizaron 3.159 casos en doce países mientras que en 2017 hubo 8.185 casos; b) se ha cuadriplicado la presencia de niñas vinculadas a grupos y fuerzas armadas, con 677 más casos verificados en 2017 que en 2012; y c) se ha incrementado en un 40% en relación a la violencia sexual, con 951 casos o incidentes verificados frente a los 679 de 2012 (CSI 2018).
El reclutamiento de los menores en el ejército y los grupos armados se realiza de diversas formas: algunos son secuestrados– sacados de sus hogares, escuelas y comunidades– y otros se unen voluntariamente debido a diferentes factores coercitivos en su entorno. Según reporta El País: “Investigaciones realizadas por World Vision encontraron que la percepción (por niños, familias y comunidades) de unirse es «coercitivo» o «voluntario» depende del contexto y es tremendamente subjetivo” (El País 2019).
Para ejemplificar la explotación de los menores en las hostilidades se puede citar el caso africano. En este continente se calcula la existencia de un total de 25 conflictos latentes, esto sumado a la debilidad institucional expresada por los “Estados Fallidos” genera un campo de cultivo para la explotación bélica infantil. En este sentido, al tomar una muestra de 2 guerras civiles en Estados fallidos, se encuentra lo siguiente en relación con los niños y niñas soldados:
– En el 2013 se inició la guerra civil de Sudán del Sur. En este escenario se estima que hay cerca de 19.000 niños y niñas soldado, particularmente, en la ciudad de Yambio, capital del estado de Ecuatoria Occidental. Yambio es un pueblo devastado por la guerra , ya que el 60% de sus niños han sido reclutados por los grupos armados (El País 2018).
– Asimismo, en la guerra civil de la República Centroafricana, entre la coalición rebelde Seleka y el Ejército Gubernamental, de los 12.000 menores de edad desmovilizados desde 2014, unos 5.000 están aún a la espera de recibir algún tipo de apoyo para su reinserción social (El País 2018). Este país no cuenta con los recursos necesarios para realizar políticas que permitan la reinserción de estos niños. Además, debido a la baja capacidad de coacción sobre sus instituciones militares, el Estado no tiene los medios para evitar el reclutamiento infantil en los actores bélicos.
2). Los niños y niñas soldados en el Perú: el conflicto armado interno.
En el Perú, el conflicto armado no internacional – llamado conflicto armado interno – acaecido entre los años 1980 y 2000, ha sido la experiencia de violencia más intensa, extensa y prolongada de toda la historia de la República, la cual dejó cerca de 69.000 víctimas fatales (CVR 2013: 6). Con relación a la incidencia que el conflicto armado ha tenido sobre los menores, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayor fuente sobre el CAI del Perú, indica de forma global lo siguiente:
– Del total de las víctimas fatales del conflicto, el 12.06% corresponde a menores de 18 años. De este grupo, el 42.20% fueron ejecuciones realizadas por el Estado. Las causas de estas ejecuciones tenían diversas razones: represalia contra los testigos o denunciantes, ejecución selectiva en caso de ser familiar de un senderista, etc (CVR 2003: 595-598).
– De las 5845 del total de desapariciones forzadas, el 13.19% fueron perpetradas contra menores de 18 años. Estos crímenes alcanzaron tal dimensión que incluso la Defensoría del Pueblo registra 46 casos de niños menores de 4 años desaparecidos. El 56.45% del total de desapariciones de menores de edad se concentraron en la provincia de Ayacucho (CVR 2003: 593-594).
Asimismo, debido a que tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso y el MRTA utilizaron a menores de 18 años en el desarrollo de las hostilidades, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha determinado, en particular, lo siguiente:
2.1) La utilización de niños y niñas en el conflicto desde el Estado:
Mediante el Decreto Legislativo N° 264, del 8 de noviembre de 1983, así como su reglamento del Decreto Supremo 072-84-PCM del 16 de noviembre de 1984, el Gobierno impuso el “Servicio Militar Obligatorio”, el cual permitía el reclutamiento de menores desde los 16 años hasta los 18 previa autorización de sus padres.
Sin embargo, el ejército vía operativos de “batidas” o “levas” enrolaba compulsivamente a menores que en su mayoría pertenecían a los estratos más pobres del Perú (CVR 2003: 602). Este hecho fue una práctica común de los Estados, tal y como se denunció en el Informe Machel en 1995:
“Los gobiernos de unos pocos países reclutan legalmente a los niños menores de 18 años (…) los países que tienen sistemas administrativos deficientes no utilizan un registro. En muchos casos, los reclutas son apresados arbitrariamente en la calle o aún en escuelas y orfanatos” (Machel 1996: 17).
Desde el Derecho Internacional, el artículo 38 de la “Convención sobre los Derechos de los Niños”, ratificada por el Perú el 3 de agosto de 1990, permitía a los Estados Partes el reclutamiento de personas desde los 15 años con la salvedad de procurar dar prioridad a los de más edad. Cabe mencionar, que el fenómeno de los niños soldados puso de manifiesto la insuficiencia de la edad prevista en el Convenio lo que propició la aprobación, en el ámbito de las Naciones Unidas, de un Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados (Rodriguez 2011: 211).
Asimismo, el Decreto Ley N° 25564 del 20 de junio de 1992, aumentó el rango de imputabilidad penal por el delito de terrorismo a los menores de 15 a 18 años. En este contexto, diversas sentencias condenatorias se basaban en autoinculpaciones obtenidas gracias a torturas infligidas (CVR 2003: 591). Tales hechos corresponden a una alta violación al debido proceso, desde la forma en que se obtenía la declaración de culpabilidad hasta la competencia jurisdiccional militar sobre el juzgamiento[1].
Lamentablemente, el sistema judicial desestimó de forma reiterada toda pretensión encaminada a la libertad de jóvenes víctimas de reclutamiento forzoso y declaró que los hechos denunciados describían alistamientos legales y no supuestas detenciones arbitrarias (CVR 2003: 602-603).
Cabe señalar que la Comisión ha comprobado que niños entre los 13 y los 17 años participaron en actividades armadas mediante el reclutamiento forzado realizado por los Comités de Auto Defensa: “Hacía 1995, se estimaba que 4.000 niños formaban parte de los Comités, aun cuando el D.S. N° 077-92 establece los 18 años como edad mínima para participar en las mismas” (CVR 2003: 604).
2.2) La utilización de niños y niñas en el conflicto desde Sendero Luminoso:
Sendero Luminoso perpetró el reclutamiento forzado, secuestro y violación sexual en mayor proporción contra los niños y niñas. La aprehensión y la utilización de los menores en las hostilidades fue una práctica generalizada y sistemática de la organización, cuya concentración se dio principalmente en el 80.1% de los casos, en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín (CVR 2003: 621).
El 75.8% de las víctimas del reclutamiento fueron de sexo masculino. Para el grupo terrorista, los niños secuestrados representaban la esperanza, el futuro del partido, la reserva humana que reemplazaría a quienes cayeran en combate (CVR 2003: 613). Ellos entendían que los adultos tenían una concepción de vida difícil de cambiar mientras que los jóvenes podían absorber sin mayor resistencia cualquier nueva ideología (Granados 1987:30).
Desde los 12 años se enseñaba a los menores sobre el uso y la manipulación de armas y elaboración de bombas. Dentro de esta lógica, se utilizó a los llamados “niños bomba”, esto consistía en entregar a un niño o jovencito unos cartuchos de dinamita con la mecha encendida[2] (CVR 2003: 614)
Este tipo de actos contra el desarrollo de la infancia conllevaba deseos de libertad de parte de los menores, lo que causaba que intenten escapar de Sendero Luminoso. Como era de esperarse, la organización implementó mecanismos desincentivadores de huidas, los niños eran constantemente amenazados y los castigos fueron de tal magnitud que muchas veces llegaban hasta la muerte:
“(…) los asesinatos eran delante de todos y les decían “así les vamos a matar a ustedes también, con toda su familia si intentan escapar”. La muerte de los familiares servía, de un lado, como disuasivo para un intento de escape y, del otro, porque se asumía que los familiares podían tener ideas similares a los capituladores” (CVR 2003: 617).
3) Conclusiones y reflexiones finales.
El fenómeno de los niños y niñas soldados debe llevar a una reflexión sobre nuestra propia situación, de privilegios y entorno. El informe Machel fue un primer esfuerzo para evidenciar que los conflictos actuales afectan a millones de menores y que el contexto bélico dura toda la «infancia», lo que significa que desde el nacimiento hasta la adultez las agresiones continúan.
La toma de conciencia de parte de los Estados sobre la utilización de menores en las hostilidades es reciente, desde la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en la actualidad los niveles de explotación bélica a menores son aún alarmantes, según los reportes de CSI, África es un claro ejemplo.
El Perú no es ajeno a esta problemática, el conflicto armado no internacional dejó como saldo que 12 de cada 100 víctimas mortales sean menores de edad. Ambos bandos utilizaron a menores entre sus fuerzas: a) las FFAA mediante las normas, reclutamiento forzoso y aval de las instituciones, y b) Sendero Luminoso mediante el secuestro, la coacción, el adoctrinamiento y amenaza.
La explotación bélica de menores reduce su humanidad a una mera herramienta, debido a que se les ha negado la capacidad de desarrollar una conciencia que permita expresar una voluntad que cuestione órdenes, lo único que han podido hacer es olvidarse de su alma y matar. Un alto mando del Ejército de Chad declaró: “Los niños soldados son ideales porque no se quejan, no esperan que les paguen y, si les dices que maten, matan” (Informe Global 2008: 5).
Ellos obedecen las órdenes de sus secuestradores o superiores puesto que no tienen opciones, además su participación en actos de extrema violencia les quita sensibilidad ante el sufrimiento, por lo que se les dificulta desarrollar emociones, ser humanos. En algunos casos, al menor guerrero desde la primera vez que enfrenta a la muerte lo ponen en decisión de jugarse la vida de forma absoluta: o mata o lo matan; en otros casos, ellos no son conscientes de que, pese a ser niños, la muerte los acecha.
El sufrimiento y la alegría adoptan diferentes significados ya que al estar en una situación de conflicto estos se ven distorsionados afectando así la estabilidad mental del menor, bloqueando inconscientemente su niñez para responder a la explotación de sus secuestradores y explotadores, terminan enajenados.
Lo más cercano que ellos tienen para desarrollar una amistad son los compañeros de lucha. Este vínculo, que nació en medio de la muerte y el sufrimiento, es inestable pues la muerte se presenta como una opción que puede llegar en cualquier momento. El constante fallecimiento de personas de su entorno significa un duro golpe para gente tan joven, no solo por la circunstancia ligada a la violencia sino por la relación que habría creado con el fenecido.
Después del conflicto, la gente, familiares de los asesinados, ya no los ven más como niños inocentes sino como niños culpables que aprovecharon su imagen de menor para matar a otro ser humano. No consideran que su voluntad fue robada y que no tenían opciones para sobrevivir.
Aunque se restablezcan sus derechos, las fricciones y secuelas generadas en el conflicto siguen latentes en la cotidianeidad del menor. Las relaciones familiares se cortan, lo usual para la sociedad en paz se vuelve extraño para este niño o niña pues al no haberse desarrollado en un entorno social promedio, las habilidades básicas como leer o escribir muchas veces se vuelven una barrera a su inclusión, sumado al hecho de que solo se dedicaran a la guerra los limitaba en el desarrollo de otras labores para subsistir.
Si el menor regresa con algún tipo de discapacidad, es un grito a la suerte el pensar quien puede responder ante tal persona: El Estado responsable debe de elaborar un plan de reinserción como forma de lidiar con las secuelas físicas, mentales y sociales. El Perú no es un ejemplo de esto.
La realidad de estos menores es que les han robado el derecho humano a vivir en paz, a tener una familia, a desarrollarse en condiciones de dignidad. A ellos no se les ha permitido ser decentes, los decentes mueren primero en el campo de batalla, no pidieron perder su humanidad, ni su vida, ni su desarrollo; son víctimas de un conflicto que no entienden y que solo los dañó. Se debe de tomar conciencia de su sufrimiento, más en un país que sufre las secuelas de un conflicto armado, pues cuando ellos ya no estén será demasiado tarde.
Bibliografía:
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[1] El Decreto Ley N° 25659 estableció que la integración a grupos armados era considerada traición a la patria, habilitando la competencia militar-policial para el juzgamiento.
[2] El 13 de setiembre de 1985 un menor de aproximadamente 14 años bajó de un automóvil, portando un poderoso explosivo para hacerlo estallar en la residencia de la Policía de Investigaciones Peruana. El artefacto explosionó sorpresivamente a un metro de distancia del local policial. El paquete contenía ocho cartuchos de dinamita que habían sido encendidos segundos antes. El niño quedó deshecho, sus restos quedaron esparcidos en un radio de 80 metros.
Fuente de la imagen:
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