¿Es posible el desistimiento en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar?

  1. INTRODUCCIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra violencia hace referencia a “cualidad de violento”. A mayor abundamiento diremos que según el  DRAE, violento es la persona “que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira”[1].

Etimológicamente podríamos decir que el término violento viene del latín “violentus”, y esta viene de “vis” que significa fuerza y de “olentus” que significa abundancia, queriendo decir “el que actúa con mucha fuerza” [2].

En nuestro país, el que actúa también con mucha fuerza es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; claro ejemplo de ello sería que “desde el 17 de marzo al 30 de setiembre 2020, se han atendido 18,439 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar por los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU)[3], de los cuales 15,924 (86%) casos corresponden a mujeres y 2,515 (14%) casos a hombres”[4].

Es también digno de mencionar, que en gran cantidad de casos las mujeres que son víctima de violencia familiar, en el transcurso del proceso optan por desistirse o renunciar a continuar con el proceso, ya sea por presiones de los agresores, la misma familia o la demora del sistema de justicia.

En líneas posteriores aclararemos si nuestra legislación acepta o no el desistimiento, en los temas relacionados a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

2. LA LEY Nº 30364: ANTES Y DESPUÉS

Los primeros intentos por prevenir y sancionar la violencia familiar lo podemos apreciar con la dación de la Ley N° 26260[5], la cual en su artículo 1º establecía:

“Por la presente Ley, se establece la política del Estado frente a la violencia familiar, así como las medidas de protección que correspondan”.

Es de mencionar que dicha ley solamente contemplaba dos tipos de violencia: la violencia física y psicológica[6]. Años más adelante se emitió el respectivo TUO de la norma citada y su respectivo reglamento[7].

A finales del año 2015, se emitió la norma que hasta ahora sigue vigente, a pesar de sus numerosas modificaciones, nos referimos a la Ley Nº 30364[8], la cual derogaba a su vez la ley del año 1993[9].

Luego de la dación de la Ley Nº 30364, se publicó el Decreto Supremo: Nº 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de dicha Ley, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de julio de 2016. En años posteriores se dieron numerosas modificaciones[10] que fueron subsanando algunas deficiencias o vacíos que presentaba la norma.

3. EL DESISTIMIENTO COMO ACTO PROCESAL

De acuerdo a la Diccionario de la Real Academia Española el vocablo desistir tiene dos acepciones[11]:

“1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal”.

Como se puede apreciar la segunda definición se asemeja más a nuestro propósito. En ese mismo sentido se pronuncia la magistrada del Tribunal Constitucional Ledesma Narváez cuando afirma que:

“El desistimiento es un acto unilateral que se expresa bajo dos supuestos: desistirse del proceso y desistirse de la pretensión… El desistimiento del proceso es el acto jurídico procesal mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de poner fin a la relación procesal”[12].

En un lenguaje más sencillo y compresible Hidalgo Tarazona nos dice que el desistimiento:

“Es una actividad compleja cuya causa consiste en una declaración de voluntad, hecha por el denunciante o recurrente, por el cual, anuncia su deseo de no continuar el desarrollo de la pretensión que interpuso; o bien de no continuar el recurso que instó sus correspondientes efectos; con ello se abandona la posición procesal creada por la presentación de la demanda, así como el derecho al examen judicial de tales actos y a la sentencia que habría que recaer”[13].

Ambos autores concuerdan en afirmar que mediante el desistimiento se pone fin a la pretensión. En el caso que nos ocupa, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, podríamos decir que mediante dicho acto procesal pondríamos fin al proceso que se lleva a cabo mediante la aplicación de la Ley 30364.

Pero en la realidad, ¿es factible desistirse luego de haber denunciado algún acto de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?

4. EL DECRETO SUPREMO N° 004-2019-MIMP

El jueves 07 de marzo del año 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, mediante el cual modificaba el Reglamento de la Ley N° 30364 (Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP). Es así que por vez primera en su artículo 1º se menciona que:

“Artículo 20.- Condiciones especiales para la recepción de la denuncia.

20.5. El personal que recibe la denuncia no debe realizar comportamientos, comentarios, sonidos, gestos, insinuaciones o preguntas inapropiadas respecto a la vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, lengua materna o forma de hablar, condición de discapacidad, entre otros que propicien el desistimiento de interponer la denuncia; tampoco puede culpabilizar a la persona agraviada, emitir juicios de valor o negarse a recibir la denuncia.

“Artículo 32.- Prohibición de archivamiento por inasistencia de la víctima

El Juzgado agota todas las acciones necesarias para el otorgamiento de las medidas de protección y cautelares que correspondan. La inasistencia de la presunta víctima a las diligencias no produce el archivamiento por desistimiento. Tampoco procede el archivamiento a pedido de la persona denunciante.”

Dicho decreto incluso hace la precisión respecto a la improcedencia de la negociación y la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pues en su artículo 2º establece claramente que:

“Artículo 6-B.- Grave afectación al interés público e improcedencia de mecanismos de negociación y conciliación, desistimiento o abandono

6-B.1 Todos los hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituyen una grave afectación al interés público. Es improcedente la aplicación o promoción de cualquier mecanismo de negociación y conciliación entre la víctima y la persona agresora que impida la investigación y sanción de los hechos de violencia, bajo responsabilidad.

6-B.2 La inasistencia de la víctima a las audiencias en sede policial, fiscal o judicial no produce su archivamiento por desistimiento; tampoco a pedido de la persona denunciante”.

Teniendo presente que la norma expresamente prohíbe o no permite el desistimiento en caso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tenemos otros factores que muchas veces hacen inviable su aplicación o al menos la sanción para los agresores, dejando a su vez un cierto tufillo de impunidad, tal y como lo expresa la Defensoría del Pueblo:

“Las principales causas por las que los procedimientos no prosperan se deben, principalmente, al empleo de argumentos en defensa de la estabilidad familiar argüidos por los operadores judiciales, quienes instan a las denunciantes a desistirse de las denuncias presentadas; asimismo, a la falta de “pruebas contundentes” (contusiones, excoriaciones) y de testigos “objetivos”, a la lentitud, rigidez y complejidad de los procesos que desalientan a las mujeres”[14].

Otro factor sería, como lo afirma Rosas Choquehuanca, haciendo la precisión en la demora en las evaluaciones psicológicas que se les debe realizar a las víctimas, que en tiempos normales demora, entonces, imaginémonos en tiempos actuales que venimos siendo asolados por una pandemia. La autora menciona:

“Asimismo, la aplicación de una pericia psicológica, no se estaría llevando en plazo célere, sino después de un mes a más, debido a la recargada labor de los médicos psicólogos, permitiendo a posteriori que la víctima sea coaccionada, encerrada, amenazada por su agresor, o a veces se reconcilian, todo ello, con la finalidad de impedir que las víctimas sean evaluadas psicológicamente en tiempo oportuno, no permiten la concurrencia a las diligencias fiscales o logran que estas se desistan de su denuncia; ello a fin de lograr el archivo definitivo y la pérdida de las medidas de protección otorgados por el Juez de Familia”[15].

5. CONCLUSIÓN

La ola de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es pan de cada día. Aún sobreviven muchas concepciones machistas de antaño, que infravaloran los derechos de las poblaciones más vulnerables como son las mujeres, los niños y las niñas.

Es deber del Estado protegerlos para que de esa manera puedan desarrollarse en una sociedad más equitativa e igualitaria y no tengamos cifras aterradoras que indiquen, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que en los últimos años:

“El 66% de mujeres mayores de 18 años ha sufrido violencia física, psicológica o ambas, mientras que el 58% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja”.[16]

Es por ello que, no es descabellado afirmar que en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, “hay hermanos, muchísimo que hacer”.[17]

6. BIBLIOGRAFÍA

Defensoría del Pueblo (2016) Violencia familiar contra la mujer en el Callao. Análisis de la actuación estatal. Serie Informes Defensoriales, Perú.

Hidalgo, E. (2019) Factores jurídicos que influyen en el archivamiento de casos de violencia familiar por maltrato psicológico, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018” (tesis de pregrado). Universidad de Huánuco, Perú.

Ledesma, M. (2015) Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Lima: Gaceta Jurídica.

Rosas, F. (2019) Impunidad por agresiones psicológicas contra mujeres o integrantes del grupo familiar, afecta a víctimas de violencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, 2017 (tesis de posgrado). Universidad Privada de Tacna, Perú.

Vallejo, C. (1987) Obra poética. Colombia. Oveja negra.


[1] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> (consultado el 07/02/2021).

[2] http://etimologias.dechile.net/?violencia (consultado el 07/02/2021).

[3] Resolución de Dirección Ejecutiva N° 020-2020-MIMP-AURORA-DE (18 de marzo de 2020)

«Establece que los servicios esenciales de atención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar comprendidos dentro de los supuestos de excepción previstos en los literales f) y j) del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, son los que se prestan a través de los hogares de refugio temporal, servicio de Línea 100, Servicio de Atención Urgente, y Equipo Itinerante de Urgencia respectivamente».

[4] CARTILLA ESTADISTICA. Cifras de violencia durante aislamiento social Nº 06-2020 (elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).

https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2020/10/Cartilla-Estadistica-AURORA-16-de-marzo-al-30-de-setiembre-2020.pdf (consultado el 07/02/2021).

[5] Ley N° 26260: “Establecen política del Estado y de la Sociedad frente a la violencia familiar”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de diciembre de 1993.

[6] Ley N° 26260:

(…)

Artículo 2º.- Constituyen manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o personas, que hayan procreado hijos en común aunque no convivan y, de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad.

[7] Decreto Supremo N° 006-97-JUS: Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de junio de 1997.

 Decreto Supremo Nº 002-98-JUS: Aprueban Reglamento del TUO de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de febrero de 1998.

[8] Ley Nº 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2015.

[9] DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

(…)

SEGUNDA. Derogación de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar

Deróganse la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, y las demás leyes y disposiciones que se opongan a la presente Ley.

[10] Decreto Legislativo Nº 1323 (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 06 de enero de 2017), el Decreto Legislativo Nº 1386 (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04 de septiembre de 2018), Ley Nº 30862 (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de octubre de 2018) y el Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de marzo de 2019).

[11] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> (consultado el 07/02/2021).

[12] Ledesma, M. (2015) Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Lima: Gaceta Jurídica, p. 75.

[13] Hidalgo, E. (2019) Factores jurídicos que influyen en el archivamiento de casos de violencia familiar por maltrato psicológico, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018” (tesis de pregrado). Universidad de Huánuco, Perú, p. 36.

[14] Defensoría del Pueblo (2016) Violencia familiar contra la mujer en el Callao. Análisis de la actuación estatal. Serie Informes Defensoriales, Perú, p. 52.

[15] Rosas, F. (2019) Impunidad por agresiones psicológicas contra mujeres o integrantes del grupo familiar, afecta a víctimas de violencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, 2017 (tesis de posgrado). Universidad Privada de Tacna, Perú, p. 51.

[16] http://www.cies.org.pe/es/actividad/inei-la-violencia-contra-las-mujeres-se-ha-convertido-en-la-pandemia-de-la-sombra (consultado el 07/02/2021).

[17] Vallejo, C. (1987) Obra poética. Colombia. Oveja negra, p. 215.

Darwin D. Delao Lizardo
Abogado por la Universidad “San Juan Bautista”, socio fundador de D&D Consultores Jurídicos y estudiante de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad “Cesar Vallejo”.