En el Perú, las tasas de embarazo adolescente no han dado tregua durante las últimas décadas. A pocos meses de llegar al Bicentenario de la Independencia, aún enfrentamos diversos desafíos que no permiten abordar una problemática que- vista desde diversas aristas como la sanitaria, la educativa y la económica- pone a las mujeres en una situación de particular precariedad que se reproduce de generación en generación.
Las estructuras tradicionales, los roles de género, así como los mandatos religiosos y sociales vinculados a la maternidad, han mantenido la problemática del embarazo adolescente oculta tras un velo de normalidad, que ha perjudicado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas. Las causas son múltiples, pero en ellas hallamos como punto común las estructuras patriarcales de poder, que controlan los cuerpos femeninos, restringen la sexualidad y ejercen violencia sobre las mujeres.
En ese sentido, resulta fundamental incluir la Educación Sexual Integral con Enfoque de Igualdad de Género en las escuelas y garantizar la atención de servicios diferenciados para adolescentes en el marco de la defensa y la reivindicación de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Lastimosamente, pese a su importancia, su inclusión en la agenda pública es insuficiente y la discusión queda en los márgenes sin que se profundice en las causas, consecuencias de esta problemática, ni en las soluciones que se proponen desde la sociedad civil organizada.
Ha sido usual que el abordaje del embarazo en la adolescencia sea en términos punitivos- asumir la maternidad de forma impositiva como parte de las responsabilidades por haber tenido relaciones sexuales -, o a través de lecciones orientadas a retrasar el inicio de la actividad sexual, sin que medie un trabajo educativo y preventivo sobre la vivencia de la sexualidad de manera saludable. Muy similar a lo que Rita Segato enuncia como “reducción moral” (Segato, 2013); en tanto estas adolescentes, cuyo embarazo revela una vida sexual activa, quedan reducidas desde las valoraciones sociales como “malas mujeres” y, para enmendar este error, deben asumir la maternidad y convertirse en “buenas madres”. No obstante, este enfoque no solo ha mostrado ser insuficiente en la evidencia, sino que desconoce la realidad de la violencia sexual a la que se ven expuestas quienes, en muchas ocasiones, resultan embarazadas como producto de relaciones no consentidas.
Nuestro país presenta una tasa de embarazo adolescente que asciende a 60 embarazos por cada 1000 adolescentes y se registra que el 13.4% de las adolescentes ha estado embarazada alguna vez (INEI, 2017). Las cifras señalan que las políticas públicas no están logrando reducir la tasa de embarazos adolescentes, ni prevenir los segundos embarazos en esta etapa de la vida. Si bien se encuentran iniciativas para prevenir este problema, mediante el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, las estadísticas revelan que la tasa no ha bajado según las proyecciones de dichos planes, ni de manera significativa. Asimismo, la información oficial no permite conocer lo que ocurre con las adolescentes luego del parto (Albán, 2018).
Frente a ello, asumir estas maternidades no deseadas, se convierte en la única posibilidad legal para las adolescentes quienes deben lidiar con una serie de responsabilidades y compromisos, sin ningún tipo de apoyo del Estado y a costa de su propio desarrollo. Los mandatos sociales que pesan sobre ellas, referidos al instinto maternal y al amor incondicional que deben sentir hacia sus hijas e hijos se expresa en mensajes encarnados en sus seres queridos (Lagarde, 2005). Sin embargo, la maternidad es un proceso que ocupa, física, emocional y mentalmente un período muy extenso de la vida de las mujeres; con alta intensidad durante el embarazo, el parto y la etapa de lactancia y, posteriormente, transformando sus vidas cotidianas (Calafell, 2018).
Las expectativas de la sociedad sobre la mujer-madre presuponen que la prioridad de sus vidas será el cuidado de otros, dejando de lado su propia subjetividad. Así las cosas, para las adolescentes madres esto marca un cambio radical en las posibilidades que pueden orientar su proyecto de vida. A partir del embarazo, la maternidad se convierte en el elemento definitorio de la identidad de las mujeres, organizando y dando sentido a su ciclo de vida y su feminidad (Lagarde, 2005). Es importante señalar que la adolescencia es un período central en la construcción de la propia identidad, lo cual profundiza el impacto del embarazo y la maternidad en esta etapa de la vida.
Es muy frecuente escuchar, en los espacios de participación política, que se busca retrasar el inicio de la vida sexual, que es necesario prevenir el embarazo adolescente y que se debe integrar la educación sexual al Currículo Nacional enfocándola desde una aproximación eminentemente reproductiva sin enfocarse en las necesidades de las adolescentes para conocer su sexualidad y vivirla de manera saludable, con ellas mismas y otras personas. No obstante, las adolescentes madres, y menos aún las niñas madres, suelen estar ausentes en estos debates, demostrando cómo los postulados de Lagarde (2005) se materializan en la postura estatal; ellas ya son madres y, por lo tanto, deben dedicarse a su maternidad en el ámbito privado. Esto da cuenta de una gran paradoja en el tratamiento y discusión del embarazo adolescente; por un lado, se entiende que su problemática es la causa de la reproducción de la pobreza y las desigualdades. Mientras que, por el otro, se ensalza la maternidad a través del ocultamiento. Al excluir a las adolescentes madres de estos debates, se decide invalidar su experiencia y dejar de atender sus problemas, sus aspiraciones y su futuro.
Tradicionalmente, se consideran tres factores en la comprensión del embarazo adolescente; la edad de inicio de la vida sexual, las uniones tempranas y la falta de uso de métodos anticonceptivos (MCLCP, 2018). Este listado de factores, sin embargo, parece colocar la responsabilidad primordialmente sobre las adolescentes, sin considerar las estructuras sociales que sostienen esta problemática. La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, complejiza este listado para incluir también las barreras socioeconómicas e incluso geográficas que las adolescentes de zonas rurales enfrentan en su acceso a la educación y a la salud. Así también, reconoce la pobre implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, mostrando cómo las causas del embarazo adolescente responden a una realidad social desigual (MCLCP, 2018).
Debido a la ausencia de una educación sexual de calidad en las escuelas públicas y privadas, las y los adolescentes carecen de conocimientos adecuados para cuidar de su salud sexual y reproductiva. Esto facilita que accedan a información imprecisa o falsa en internet, o que las discusiones en torno a la sexualidad se desarrollen en espacios religiosos que reproducen discursos estigmatizantes sobre la experiencia positiva y placentera de la misma. Según un estudio realizado en España (García-Vega, Menéndez, García & Rico, 2010), promover actitudes positivas hacia la sexualidad es fundamental para que las y los adolescentes tomen decisiones informadas y cuiden de su salud sin estereotipos ni prejuicios. Las actitudes negativas hacia la sexualidad, por el contrario, se vinculan a prácticas de riesgo en las relaciones sexuales, exponiendo a las y los adolescentes al contagio de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o prácticas violentas.
En esta línea, como se mencionó previamente, una de las causas del embarazo adolescente en el Perú es la violencia sexual. El Centro de Emergencia Mujer (CEM), registró de enero a setiembre de 2019 unas 8,608 víctimas de violencia sexual entre los 0-17 años; 599 entre los 0 – 5 años; 2,581 entre los 6 – 11 años y 5,428 entre los 12 – 17 años. Esta instancia señala que las atenciones por violación sexual de niños, niñas y adolescentes representa el 42% de todos los casos atendidos en el año 2019 (MIMP, 2019). El Ministerio de la Mujer analizó 557 casos de niñas y adolescentes entre 9 a 17 años de edad, víctimas de violación sexual y en condición de embarazo entre el 2017 y el 2018, encontrando que el 47.6% de la población estudiada corresponde a las edades entre 13 a 14 años. Esto implica que, si se trabaja solo en retrasar el inicio de la vida sexual, se estaría dejando de lado la realidad de todas estas niñas y adolescentes cuyo “inicio sexual” no es consentido ni voluntario.
Las consecuencias del embarazo y la maternidad en la adolescencia se registran en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres; la salud física, mental y social, el desarrollo de su proyecto de vida, el acceso al trabajo digno y al alcance de la autonomía. De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, en el 2017, el 16% de las muertes maternas fueron en mujeres menores de 19 años. Además, señalan que las niñas entre 10 y 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (Cifras del Seguro Integral de Salud, MINSA, 2016). A estas cifras es necesario sumar el suicidio, que se considera la primera causa de muerte indirecta en niñas y adolescentes embarazadas (OPS, 2018). Esta, sin embargo, suele ser invisibilizada, al explicarse como casos aislados, cuando en realidad revela la intensidad del impacto que esta experiencia tiene en la salud mental de las adolescentes.
De acuerdo con la literatura, la depresión y la ansiedad son condiciones que suelen acompañar el embarazo adolescente, debido a la sobrecarga emocional que genera en un momento particularmente vulnerable del desarrollo. El miedo frente al futuro y las implicancias de la crianza colocan a las adolescentes en un estado de permanente angustia que merma su bienestar. Estos síntomas no concluyen con el embarazo y tienden a prolongarse en el post parto, pudiendo desarrollar un trastorno de estrés post-traumático, particularmente en el caso de aquellas que sufrieron violencia sexual (Casas, 2016). Es importante destacar que el malestar emocional descrito se asocia también a la experiencia del estigma y el aislamiento del entorno (Albán, 2018; Távara, 2015), pues las adolescentes son rechazadas por sus familias y separadas de las escuelas. Asimismo deben enfrentarse a un sistema que, lejos de contribuir con el proceso, las violenta (Carvajal, Valencia y Rodríguez, 2017).
En el plano laboral y económico, el embarazo en esta etapa de la vida prolonga la dependencia de la familia de origen o de la familia de la pareja y, cuando finalmente empiezan a trabajar, suelen hacerlo en condiciones muy precarias (CEPAL, 2007). Esto incide en el empobrecimiento crónico que se asocia al embarazo adolescente y dificulta el ascenso socio económico a largo plazo (UNFPA, 2018). Cabe destacar, finalmente, que las adolescentes madres tienen mayores probabilidades de ser madres solteras, teniendo que enfrentar, además, la ausencia y falta de responsabilidad de los padres de sus hijos (CEPAL, 2007). Es claro, entonces, que el impacto de esta problemática incide de manera ampliamente diferenciada entre hombres y mujeres.
Teniendo en consideración la problemática manifestada, es imperativo preguntarnos cuáles son los factores que podrían estar agudizándose en el contexto actual de pandemia. En ese sentido, de acuerdo con el Plan Internacional (2020), los embarazos podrían aumentar como resultado de la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y la educación. Aseguran que, considerando experiencias anteriores, se desvían recursos de los servicios de salud ordinarios, lo que reduce aún más el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a los de salud materna, neonatal e infantil (Plan Internacional, 2020).
Además, no se puede omitir el hecho de que en gran parte de Latinoamérica se dictaron medidas de confinamiento que obligaron a muchas niñas y adolescentes a permanecer en sus casas, junto a sus agresores. Solo en el Perú, hasta junio de 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que se recibieron 67 712 casos de violencia familiar y abuso sexual a través de las Línea 100. De ese número, 17 000 estaban referidas a violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes. Esta cifra es alarmante, y podría implicar un aumento de embarazos como producto de los abusos señalados. Considerando que los servicios de salud sexual y reproductiva no están funcionando regularmente, no es posible garantizar el acceso a los servicios necesarios para proteger la salud y la vida de las adolescentes. Uno de estos servicios es el aborto terapéutico en casos de violación, tal como está contemplado en el “Protocolo de Acción Conjunta entre los CEM y los Establecimientos de Salud”.
Considerando que el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021 culmina el próximo año, resulta urgente que esta problemática ocupe un rol central en la agenda pública. Se presenta la oportunidad de replantear la estrategia, asimismo, es fundamental garantizar el acceso a una educación sexual integral que aborde la sexualidad en diferentes etapas y aspectos de la vida, así como servicios especializados y seguros que provean información libre de prejuicios. Todo ello reconociendo la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, para adaptar los servicios a este contexto específico, en las diferentes realidades del país. Como tantas veces se ha señalado por parte de organizaciones feministas, la pandemia no puede ser utilizada como excusa para desatender los servicios de salud y negar el acceso, especialmente a jóvenes que requieran consejería y métodos anticonceptivos.
El panorama actual, con una crisis económica en ciernes, se presenta desafiante para toda la población y, de manera particular, para las mujeres. En este escenario, enfrentar un embarazo no deseado en la adolescencia puede exponer a las jóvenes a graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo, en términos de su salud integral y su proyecto de vida. Promover medidas que atiendan esta problemática reconociendo sus complejidades, actuales e históricas, es la única vía para prevenir que lleguemos al Bicentenario con brechas de género más profundas y difíciles de equilibrar.
Referencias Bibliográficas:
Albán, W. (2018). Políticas para prevenir el embarazo en adolescentes en el Perú. En: Tarea. Asociación de Publicaciones Educativas. Octubre 2018 Nº 97, pp. 51-57.
Andina. (4 de Julio de 2020). Mimp: Línea 100 atendió 67,712 llamadas por abuso sexual y violencia en cuarentena. Obtenido de https://andina.pe/agencia/noticia-mimp-linea-100-atendio-67712-llamadas-abuso-sexual-y-violencia-cuarentena-804367.aspx
Calafell, N. (2018). Aproximación a las maternidades (eco) feministas. El ejemplo cordobés (Argentina). En: RevIISE, vol. 11, año 11, pp.253-265.
Carvajal Barona R, Valencia Oliveros HL, Rodríguez Amaya RM. Factores asociados al embarazo en adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de Buenaventura, Colombia. Rev Univ Ind Santander Salud. 2017; 49(2): 290-300.
CEPAL (2007). Maternidad adolescente en América Latina y el Caribe. Tendencias, problemas y desafíos. En: Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del Milenio. Nº 4, enero 2007.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (s.f.). Impacto del Covid-19 sobre el acceso a anticonceptivos. Obtenido de https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/factsheet_peru._impacto_del_covid_19_en_el_acceso_a_los_anticonceptivos_2.pdf
Instituto Nacional de Estadística en Informática (2017). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES. Lima: INEI.
García-Vega, E., Menéndez, E., García, P., Rico, R. (2010). Influencia del sexo y del género en el comportamiento sexual de una población adolescente. En: Psicothema, 22 (4), pp. 606-612.
Lagarde, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México (4ta ed.)
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (2018). Embarazo en adolescentes y niñas en el Perú. Un problema de salud pública, derechos y oportunidades para las mujeres. Lima: UNFPA/INPPARES.
MIMP (2019). Violencia en Cifras: Informe estadístico. Boletín Nº09-2019, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Publicación virtual.
MIMP (2012). Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021. Lima: MIMP.
MINSA (2012). Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012 – 2021. Lima: UNFPA.
MINSA (2016). Cifras del Reporte Anual del Seguro Integral de Salud – SIS. Publicación virtual.
MINSA (2019). Protocolo de Acción Conjunta entre los Centro de Emergencia Mujer- CEM y los Establecimientos de Salud- EESS para la Atención de las Personas Víctimas de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en el Marco de la Ley N°30364. Obtenido de https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2019/09/Decreto_Supremo_008-2019-SA.pdf
Organización Panamericana de la Salud (2018). Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Publicación virtual en colaboración con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Plan Internacional. (2020). La COVID-19 genera un alto riesgo de aumento de embarazo en niñas en toda América Latina . Obtenido de https://plan-international.org/es/latin-america/embarazos-covid-19
Segato, L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Buenos Aires: Tinta Limón.
Távara, L. (Comp.) (2015). Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes. Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex.
