Pueblos indígenas, sostenibilidad y empresas extractivas

 

Las celebraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 09 de agosto se vieron opacadas por el enfrentamiento ocurrido en la madrugada de ese día en el Lote 95, en la provincia de Requena, Loreto; que terminó con el lamentable saldo de tres ciudadanos muertos, miembros del pueblo indígena Kukama Kukamiria, y de 17 heridos entre civiles y policías.

En este caso, al igual que en el pliego de pedidos presentado por las organizaciones indígenas que tomaron la Estación 5 de PetroPerú el 02 de agosto, se incluyen reclamos dirigidos a afrontar las consecuencias frente a la crisis sanitaria en sus comunidades. En ese sentido, las acciones de protesta actuales están relacionadas al miedo que genera la pandemia actual, al constante estado de abandono en el que se encuentran las comunidades indígenas, y a las actuales políticas de reactivación económica que buscan garantizar el crecimiento a nivel macro, pero que no cuentan con una estrategia clara y adecuada para solucionar los problemas en las zonas donde coexisten.

Esta combinación no solo ha generado problemas en la amazonia. El conflicto actual en la provincia de Espinar en Cusco que involucra a miembros del pueblo Qana, tiene también como correlato la urgencia y preocupación que genera la crisis, y la ausencia de medidas de protección y atención por parte del Estado.

De esta manera, si bien estamos ante una situación excepcional, que podría repetirse en distintos lugares donde existan comunidades indígenas, ausencia de servicios y empresas extractivas; no estamos ante a un problema nuevo, sino a la materialización de una deuda pendiente en el marco de nuestro sistema de protección de derechos frente a actividades empresariales. Factores que vienen afectando la sostenibilidad de los proyectos extractivos, y que sobre todo, siguen confrontando al Estado con las organizaciones indígenas.

En ese sentido, ¿qué se ha hecho para tratar de garantizar la sostenibilidad de actividades extractivas? ¿quién es el principal encargado de ello? Y, ¿cuál es el rol que deben tener las organizaciones indígenas?

Desde hace más de 10 años, los conflictos socio ambientales suelen representar al menos el 65% del total de conflictos registrados. Estos se caracterizan por la disputa del control, uso o manejo de los recursos naturales. En ellos, suelen estar involucrados comunidades, empresas y el Estado (Defensoría del Pueblo, 2012, pág. 34). En ese sentido, en los últimos reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo, los conflictos relacionados a actividades mineras, hidrocarburos o energía, donde son grandes empresas las que participan de su explotación, representan el 85% del total de conflictos socio ambientales.

La histórica falta de acción por parte del Estado para garantizar de manera efectiva los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, y la insuficiente coordinación entre el Estado y las empresas para generar sostenibilidad a los proyectos extractivos en esas zonas, son un caldo de cultivo que facilitan el escalamiento de los conflictos sociales en la amazonia y en la zona andina.

Para afrontar el crecimiento de los conflictos sociales y evitar el escalamiento hacia situaciones de violencia, el Estado ha instalado un marco normativo e institucional para promover mecanismos alternativos de solución a través del diálogo entre las partes. Asimismo, ha buscado fortalecer las mesas de desarrollo para afrontar las brechas sociales que existen en dichos espacios, y ha fortalecido normas y estándares de protección ambiental. Sin embargo, estas medidas aún resultan insuficientes.

En relación al diálogo como respuesta a la conflictividad, el Estado ha creado las denominadas “mesas de diálogo”, “mesas de desarrollo”, y otros mecanismos de participación y consulta. En ellas, las partes buscan abordar la problemática local que va más allá de la presencia o no de una empresa, es decir, abordar las necesidades básicas insatisfechas. Los incentivos perversos que se generan al priorizar el cumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado a los derechos humanos de la población que va a ser afectada por una actividad empresarial son evidentes. El mensaje es claro, si no tienes una actividad extractiva cerca y no llamas la atención de las autoridades a través de mecanismos de lucha, no hay posibilidad de garantizar tus propios derechos.

Pero esta no es la única crítica al actual sistema de diálogo, en el caso de los acuerdos alcanzados en dichas mesas, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (PCM) ha señalado que el 54.4% de dichos acuerdos aún no se han cumplido. Asimismo, de los 1567 compromisos aún abiertos, el 80% implican obligaciones para el Estado y el otro el 20%, a empresas privadas (PCM, 2019, pág. 24). Es decir, aun cuando se logre tener una mesa de diálogo con compromisos concretos, estos no garantizan que realmente se cumplan y es el Estado el principal deudor, en tanto lo que se exige son derechos sociales y económicos.

Otro mecanismo de diálogo implementado en los últimos años es el proceso de consulta previa, el cual ha venido siendo implementado en distintos proyectos y políticas públicas. Este mecanismo cuenta con una serie de debilidades, tales como el momento en el que se realiza la consulta en los proyectos nuevos, la ausencia de la misma en los proyectos que ya están implementándose, su particular diseño institucional que excluye de los acuerdos a las empresas que van a explotar los lotes de hidrocarburos, restándole sostenibilidad y dificultando su implementación, entre otros.

Es verdad que es el Estado quien debe contar con los mecanismos normativos e institucionales que obliguen a las empresas a contar con los estándares más altos de transparencia, participación y fiscalización de sus actividades. Sin embargo, el rol de las empresas frente a su regulación no es completamente neutral. En ese sentido, si bien el Estado es el principal actor para generar sostenibilidad sobre dichas actividades extractivas, las empresas cumplen un rol fundamental en estas situaciones.

Hace unas semanas, por ejemplo, el gremio empresarial más importante en el Perú, la CONFIEP, que tiene entre sus miembros a la Sociedad Nacional de Minería e Hidrocarburos, emitió un comunicado público en contra de la firma del tratado de Escazú. Como se sabe, este tratado internacional fue adoptado entre los países de América Latina y el Caribe en el 2018 con el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental relevante para las comunidades, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; y acceso a la justicia en asuntos ambientales a través de autoridades administrativas y judiciales que sean transparentes, gratuitas y efectivas. Asimismo, es el primer tratado de derechos humanos que aborda la protección de los y las defensoras de derechos humanos. Es importante mencionar que el Estado peruano participó del proceso de negociación y firmó el tratado en su ceremonia inicial.

Si bien estos derechos están de alguna manera ya regulados en las normas nacionales, la adopción de este tratado podría no solo concederles un rango constitucional que favorecería su predictibilidad y sostenibilidad, sino que además, fortalecería los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hacia el Estado quien tendría que garantizar de manera efectiva el cumplimiento de estos derechos bajo responsabilidad internacional.

Finalmente, en relación al rol de las organizaciones indígenas en la sostenibilidad de los proyectos. No solo es fundamental contar con la aprobación de los y las ciudadanas que van a verse afectadas de manera directa al convivir con una actividad extractiva a gran escala en sus territorios, sino que además, fortalecer el diálogo y mejorar los mecanismos para obtener un real consentimiento, va a tener un efecto inmediato sobre la sostenibilidad de los proyectos.

Como mencionó el apu Santiago Manuin, líder awajún, quien hace poco falleció por la crisis sanitaria: “Nosotros no estamos en contra de las ayudas del Estado ni de las inversiones. Simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten de verdad. Tenemos sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este territorio. Es triste decirlo, pero la selva es un cementerio de proyectos, mal diseñados y peor ejecutados.  Hay excepciones, pero así es. Nosotros reclamamos con razón, porque somos nosotros los que después cargamos con el fracaso cuando los inversionistas y sus técnicos se retiran.” (Santiago Manuin, 2014).


Biliografía

Willaqniki. Reporte mensual. Diciembre 2019.

Defensoría del Pueblo. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial N° 156. Lima: 2012, p. 34.

Santiago Manuin Valera. Discurso al recibir el premio nacional de DDHH en el 2014.

Fuente de la imagen: https://bit.ly/33YMc1d

Bruce Barnaby Rubio
Coordinador Académico y de Investigaciones. Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú.