La Presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú – CONFIEP, Sra. María Isabel León de Céspedes, sorprendió al auditorio del CADE 2019 (Conferencia Anual de Ejecutivos) del pasado 28 de noviembre de 2019, cuando en su discurso sobre el tema “Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial” sustentó que tenía 3´650,000 razones para pedirle a los empresarios que habían cometido actos irregulares “den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética” e imploró “corrupción nunca más, caiga quien caiga” (ver web y diarios del 28 y 29 de noviembre de 2019).
La citada frase surgió tras las declaraciones del banquero Dionisio Romero Paoletti, presidente del holding CREDICORP (Corporación del Banco de Crédito del Perú), una de las entidades financieras más importantes del país, quien el 18 de noviembre de 2019 confirmó ante el Ministerio Público haber aportado la suma de 3´650,000 dólares en la campaña electoral del partido político Fuerza Popular 2011 (de la Sra. Keiko Fujimori) en las elecciones presidenciales del 2011, y otra suma adicional en la campaña electoral del partido político Fuerza Popular (de la misma Sra. Keiko Fujimori) en las elecciones presidenciales del año 2016 (Diario El Comercio del 19-11-2019). Dichos aportes se habrían realizado con fondos “lícitos” para evitar que el candidato “chavista” (el Sr. Ollanta Humala) gane las elecciones presidenciales el año 2011 y para que se promocione la economía de mercado tanto el año 2011 como el año 2016 (Ibidem).
En su discurso la Sra. María Isabel León no solo cuestiona la actitud ética del Sr. Dionisio Romero Paoletti, sino que invoca, además, los primeros principios del Jusnaturalismo para evitar que los empresarios se conviertan en lobos de los mismos empresarios. Principios elementales como “hacer el bien”, “evitar el mal”, “no robar”, “no sobornar”, “no competir deshonestamente”, etc., se leen tras dicho discurso. Se pide un cambio de actitud empresarial tras la violación de estos principios con el fin de combatir la corrupción privada incorporando la “responsabilidad corporativa, ética y transparencia empresarial” (CONFIEP, declaración ética en web).
Sin embargo, tanto la Sra. María Isabel León como el Sr. Dionisio Romero Paoletti no tienen en cuenta que el problema no es de violación de los primeros principios jusnaturalistas o de protección del libre mercado, sino de un sistema de privilegios que les favorece y que envuelve a nuestra economía y sociedad peruana. Ambos líderes empresariales, directa o indirectamente (con el aporte de millones de dólares o con un digno discurso empresarial) sostienen esta situación de privilegios sin cuestionar sus causas.
¿Por qué el Sr. Dionisio Romero tiene la capacidad de donar 3´650,000 dólares y cientos de miles de dólares más a una candidata presidencial y a otros candidatos de su elección? ¿Por qué tiene esa capacidad de donación que, a su vez, se oculta en el mismo sistema financiero del país?
¿Por qué el Sr. Dionisio Romero se presenta como protector de la economía de libre mercado cuando en realidad protege el éxito de las empresas de su holding, garantizado por un futuro gobierno de su simpatía? ¿Discreparía la Sra. María Isabel León con esta aparente protección de la economía de libre mercado y del partido político y de la candidata o candidatos que supuestamente garantizarían ese libre mercado?
¿Estaría en discrepancia la Sra. María Isabel León con el régimen de privilegios económicos que ha favorecido a las entidades financieras y empresariales desde el año 1993, al interpretarse parcialmente la Constitución Política del Perú priorizándose las normas, principios y procedimientos a favor del capital, en perjuicio del trabajo o la mano de obra?
Lamentablemente, las respuestas a las preguntas anteriores no son positivas. Solo cabe destacar que los actos realizados por el Sr. Dionisio Romero simbolizan el actuar de un empresariado poderoso, más fuerte que el de la presidenta de la CONFIEP, que busca dirigir la economía del país y, con ésta, el sistema legal y judicial del país.
Podemos notar qué poco importan las causas estructurales que sostienen aquellos privilegios económicos: la pobreza, la desigualdad económica y el enriquecimiento cada vez más diferenciado de los ricos y de una parte de la clase media; el lucro exagerado de financieras y seguros que utilizan los Fondos de Pensiones de los trabajadores (AFPs); el abuso en contratos de trabajo de jóvenes y adultos por las empresas contratistas o por empresas informales que, a su vez, sirven a grandes empresas transnacionales o franquicias; el negocio del oro de Madre de Dios o de Ananea-Puno comercializado por empresas nacionales y transnacionales violando todo tipo de derecho humano; o la explotación de nuestros recursos naturales por empresas mineras, petroleras, eléctricas, madereras o pesqueras que recurriendo a leyes flexibles se benefician en perjuicio de las comunidades locales.
¿Qué hacer?
Simplemente buscar desaparecer los privilegios que reproducen aquellas causas. Ni una real economía de mercado, ni una sociedad bajo economía planificada toleraría privilegios donde el empresario es lobo del mismo empresario y, más aún, es lobo de los trabajadores y de la sociedad en general.
Por ello, es injusto, no solo ilegal, que los empresarios utilicen su capacidad económica para favorecer a candidatas o candidatos políticos y mantener sus privilegios.
