Han transcurrido 6 años del desastre político de Bagua, ocurrido en el periodo Marzo-Junio del año 2009, y parece como si aún sus causas y efectos no nos hubiesen enseñado a prevenir otros desastres similares. El reciente caso Tía María, suscitado entre los meses de Marzo y Mayo del presente año, es una muestra de ello.
Si bien físicamente el conflicto relacionado con el proyecto de inversión minera Tía María, en el valle de Tambo, provincia de Islay, región de Arequipa, tiene diferencias respecto al conflicto iniciado 6 años atrás en la región amazónica de Bagua, políticamente comparten muchas semejanzas. Ante las diferencias geográficas, poblacionales y de recursos naturales en disputa, se presentan semejanzas extremas entre las que resaltan: la existencia de una protesta local masiva que se extiende a otras regiones, la agudización de esa protesta con efectos violentos en zonas rurales y urbanas, y, sobre todo, por sus consecuencias en muertes y cientos de heridos en la población local y la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo explicar el desarrollo de estos conflictos que devienen en desastres políticos con graves daños en las personas y sus patrimonios, en la gestión pública, la confianza gubernamental y el erario nacional y en las expectativas de los empresarios y sus grandes inversiones de capital?
La explicación más visible del desarrollo de estos conflictos que devienen en desastres políticos se encuentra en la incomprensión de derechos y economías diferentes que identifican a la población local. Es así que, tres problemas estructurales, apreciables en casos como Bagua y Tía María, pueden demostrar esta afirmación:
- Las autoridades del gobierno central han actuado con parcialidad durante el período previo del conflicto. El paradigma del “crecimiento económico” las ha orientado por optar favoreciendo el libre comercio o los proyectos de inversión sin calcular su impacto en la sociedad. Así, aprobaron decenas de Decretos Legislativos para favorecer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dando lugar a las protestas de Bagua o aprobaron la Resolución Administrativa relacionada al proyecto minero de Tía María por 1,400 millones de dólares dando lugar también a las protestas del valle de Tambo.
- Las autoridades del gobierno central y, en su caso, los titulares de los proyectos de inversión, no han considerado indispensable consultar o informar seriamente a la población local que se pudo sentir afectada por las medidas legislativas o administrativas orientadas al crecimiento económico. La población local es entendida como receptores, no actores, del proceso económico relacionado a los recursos naturales ubicados en el territorio o el espacio social donde habitan.
- Al ser afectada por una norma legislativa o administrativa que aprueba o facilita el desarrollo de proyectos de inversión, la población local no cuenta con la capacidad ni con recursos para analizar y, en su oportunidad, cuestionar la norma. Su única “arma” es la protesta en las calles que, a su vez, produce el control y represión de las Fuerzas del Orden.
El conjunto de estos problemas de gestión pública y privada y de reacción de la población local experimentado en los casos de Bagua y Tía María muestran, de un lado, el ejercicio de un poder autoritario o “superior” que origina el conflicto y, de otro lado, la defensa que puede tornarse en violenta. La raíz de estos problemas se encuentra en las autoridades gubernamentales y los funcionarios privados que ejercitan ese poder. Pero, más aún, el contenido de esa raíz se encuentra en la incomprensión de los diferentes derechos y economías de esta población local. Las autoridades y los titulares de los proyectos de inversión parten de una racionalidad basada solo en la institucionalización de las leyes o resoluciones vigentes, las que recogen la economía del crecimiento, sin sopesar que estas leyes o resoluciones pueden no estar internalizadas en la población local y, por el contrario, esta población puede compartir la racionalidad de otros derechos que llevan intrínsecos otras economías como aquellas basadas en actividades de pesca, caza o agricultura, diferentes a las actividades extractivas de petróleo o mineral.
¿Qué hacer frente a estos problemas estructurales? En primer lugar, se tiene que resolver la actitud incomprensiva de las autoridades del gobierno central y de los titulares de los proyectos de inversión. Para ello es indispensable reflexionar y revalorar los derechos y economías locales pre-existentes, antes de iniciar la propuesta de un proyecto de inversión. En segundo lugar, es necesario que la población local sea informada seriamente y escuchada permanentemente. Esto significa proveerles de recursos materiales y administrativos para que su participación sea efectiva y puedan, en su oportunidad, cuestionar alguna posible medida que los perjudique.
Si es nuestra intención prevenir conflictos sociales que devienen en desastres políticos como el ocurrido 6 años atrás en Bagua, y últimamente en Islay, es indispensable cambiar nuestros paradigmas de Derecho y Economía. No basta quedarnos en la Economía del crecimiento, como tampoco basta quedarnos en el Derecho Formal de las leyes y las resoluciones administrativas. Es prioritario acercarnos a la Economía y el Derecho de la población local, comprenderlas, para emprender juntos grandes y pequeños proyectos de inversión sostenibles que favorezcan tanto a esta población local como al conjunto del país.
