Las Comunidades Campesinas y Nativas, el COVID-19 y el Estado

¿Es posible que las comunidades campesinas y nativas del Perú (incluyendo a sus Rondas Campesinas) sobrelleven el aislamiento social durante la actual emergencia sanitaria sin un subsidio del gobierno central? Sí. La respuesta es muy simple si se valora la capacidad organizativa y la auto subsistencia histórica de las Comunidades. 

Desde tiempos prehispánicos, estas comunidades han sobrevivido a situaciones tan complejas como la actual pandemia del COVID-19 por la autonomía económica, social y cultural que practican en comparación con la situación de dependencia de quienes viven en las grandes ciudades. Pero, el problema con las comunidades no es el subsidio directo del gobierno, sino el consumo de sus reservas de alimentos por el retorno de sus migrantes, el contagio externo del virus y la ausencia de servicios básicos de salud y educación, para enfrentar una posible infección.

Las comunidades tienen una economía preponderantemente autónoma, sea en la zona rural andina, en la zona rural o forestal amazónica, o en los valles de la costa. Los recursos naturales de la tierra, de los bosques o de los ríos, han sido su fuente de alimentación y desarrollo. Esta economía se basa en su identidad cultural, su histórica organización familiar y comunal y su propio sistema de resolución de conflictos. En el Sur Andino, por ejemplo, año tras año, las y los comuneros saben conservar parte de sus cosechas o alimentos de la agricultura y ganadería que practican. Además, comercializan la otra parte de sus cosechas para financiar la compra de sus productos de la ciudad y atender los costos de los servicios de educación y salud de sus hijas e hijos. 

Pero ¿qué ocurre si a su consumo normal de alimentos se adiciona la de un familiar que retorna de la ciudad con su propia familia que necesita de alimentos? En tal caso, la situación de la familia comunal se torna incierta ya que los recursos almacenados se terminarán y será limitada la posibilidad de renovarlos al siguiente año. 

Por otro lado, ¿qué ocurre si a pesar del aislamiento social impuesto por la propia comunidad, arriba una persona externa trayendo alimentos o dinero y, sin intención, trae consigo el virus COVID-19, contagiando así a algún miembro de la comunidad? Toda la comunidad o la mayoría de ella se infectaran con los efectos trágicos que nos podemos imaginar. Este hecho ocurrió recientemente en la comunidad nativa de Pucacuro, en el distrito de Trompeteros, provincia y región de Loreto, tras la visita del alcalde y su comitiva con  bolsas de víveres (ver noticia y denuncia en línea). 

En el mismo sentido, ¿qué ocurre si la comunidad, ya contagiada del COVID-19, requiere para un grupo de sus miembros urgente atención médica, medicinas, respiradores o cuidados intensivos? Ellos quedarán a la suerte de la resistencia de su propio cuerpo humano, dado que no cuentan con personal médico cercano, carecen de ambulancias para auxiliar al comunero infectado, y mucho menos poseen  la capacidad para comprar un respirador o balón de oxígeno cuyo precio depende de comerciantes ambiciosos de la economía de mercado. 

A pesar de estos lamentables sucesos, históricamente, no solo por el COVID-19, las comunidades campesinas y nativas ya han afrontado estos peligros y amenazas externas. Es por ello que hoy en día, ellas deben afrontar un nuevo riesgo de desastre.

Pero el problema actual está envuelto de muchas contradicciones. En tiempos de bonanza económica, como la del crecimiento económico, las comunidades campesinas y nativas han proveído de alimentos, mano de obra de poco valor y recursos naturales como los minerales, el petróleo, el gas, la electricidad o madera, que yacen o se obtienen de la geografía de sus territorios. También, han proveído de impuestos al adquirir un producto o un bien fabricado en la ciudad para satisfacer sus necesidades de alimentos, educación, salud o sus festividades. A cambio, las comunidades obtuvieron poco o nada de las gestiones de cada gobierno transcurrido. La educación o salud de calidad es un sueño que escuchan por la radio, o ven en algún televisor o teléfono celular cuando llega la electricidad y la señal a su comunidad. 

Lo peor es que en tiempos de crisis económica, como la que nos ha traído la pandemia del COVID-19, desde los gobiernos y la ciudad, se vuelva a la comunidad para seguir extrayéndoles lo mínimo que poseen para su auto subsistencia.

Las comunidades campesinas y nativas son un ejemplo de adversidad y resistencia, en tiempos de pandemia o no pandemia.

¿Qué hacer?

La solución se encuentra en la misma comunidad. La comunidad campesina o nativa debe emprender su capacidad productiva para atender a sus retornantes (que regresaron sin dinero o bonos del gobierno central). Además, deben fortalecer su organización social, y seguir materializando su forma particular de hacer justicia, para retomar y aumentar la producción en sus territorios (montañas, bosques, ríos). También, deben fortalecer el AYNI y la MINKA o MINGA para ser solidarios entre ellos mismos.

Pero sobretodo, el Estado, a través de sus gobiernos de turno, tiene que devolverle todos los recursos que le han extraído a las comunidades. 

Al menos un 25% de la población nacional, según las estadísticas, está relacionada con las comunidades campesinas o nativas (se considera a sus migrantes cuyo porcentaje supera el 50%). Existe una deuda con esta población que puede compensarse, en parte, a través de la disponibilidad de servicios básicos y la promoción de su economía. Es posible que los cientos o miles de millones de soles que se van a invertir en la economía nacional para superar la crisis o recesión económica, se oriente en parte a estas comunidades porque hay que pagar parte de la deuda que tenemos con ellas, sobretodo porque son fuente de un desarrollo y distribución de recursos más sólido que la propia economía de mercado de las ciudades. 

El Perú, como país, tiene hoy en plena crisis la oportunidad de mirar y aprender de las comunidades. Se trata de una hermosa oportunidad para emprender una nueva manera de organizar el Estado y reorientar sus recursos para hacer un real Estado democrático.