Monólogo autóctono desde las tinieblas de la justicia peruana

“En el principio era El Verbo y El Verbo estaba frente a Dios y El Verbo era Dios.
Dios.
El Verbo estaba en el principio frente a Dios.
Todo se hizo por ÉL y sin ÉL no existe nada de lo que se ha hecho.
En ÉL había vida y la vida es la luz de los hombres.
La luz brilla en medio de las tinieblas pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz”.
(Juan 1: 1-5). 

La película peruana ‘Magallanes’, de Salvador del Solar, es una producción cuya trama alude a los años de la violencia interna (1980-2000). En aquel periodo de nuestra historia, la mayor parte de las víctimas fueron, sobre todo, mujeres de zonas rurales, campesinas, quechua-hablantes y con instrucción primaria incompleta. Uno de los personajes principales de aquel film es Celina, alias ‘la Ñusta’, personaje ficticio interpretado por la actriz y cantautora peruana Magaly Solier. Es así que la escena cumbre de aquella película es el monólogo en quechua pronunciado por Celina en una delegación policial.

 Lo que se supone que es una escena ficticia, muestra en realidad el anhelo oculto de muchísimos ciudadanos(as) del Perú interior a ser escuchados, oídos y atendidos por los funcionarios y servidores públicos en el propio idioma materno, lo cual rara vez ocurre [[1]].

 Esta situación involucra a los círculos académicos, los operadores jurídicos, los licenciados en Ciencias Sociales, los dirigentes comunales, los ciudadanos de a pie y todo aquel que se vea perjudicado con este maltrato (incluyendo a los extranjeros cuyo idioma materno no sea el castellano).

El derecho procesal a ser escuchado y oído en la propia lengua materna se trata de una fuerza resultante de dos vectores constitucionales: el derecho al debido proceso y el derecho al idioma propio. Este último, proviene a su vez del derecho a la identidad étnica y cultural.

Respecto al derecho al idioma propio, este derecho subjetivo se encuentra expresamente reconocido en los artículos jurídicos siguientes: 12º del Convenio Nº 169 OIT [[2]]; 2.19º [[3]] y 48º de la Constitución Política del Perú de 1993 [[4]]; 4.1º de la Ley Nº 27935 – ‘Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú’ [[5]]; y el 16º de la Ley Nº 29785, ‘Ley de consulta previa’ [[6]].

Pero a pesar de tal reconocimiento expreso, muchos funcionarios, servidores, policías, fiscales, jueces y demás autoridades se niegan a implementar los servicios de traducción e interpretación en idiomas autóctonos. Lo hacen excusándose en el pretexto que aquellos ciudadanos del Perú profundo entienden el castellano; pero saber no es lo mismo que comprender. Igualmente, alegan que es costoso conseguir a traductores, intérpretes y lingüistas.

Sin embargo, eso no es lo único. Lo peor de todo es que la enseñanza básica en los colegios estatales de zonas quechuas, aimaras y amazónicas continua siendo impuesta en el idioma castellano. Luego, la imposición de un idioma es una forma de asimilacionismo.

 Sobre el tema del asimilacionismo, el artículo 8.2º literal ‘d’ de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece lo siguiente:

“2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

  1. d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; (…)”.

Y el asimilacionismo es un práctica racista. El asimilacionismo en tanto racismo atenta contra el derecho humano y fundamental a la igualdad ante la ley – No discriminación, el cual se encuentra reconocido en el artículo 2.2º de la Constitución Política del Perú de 1993:

“Toda persona tiene derecho:

(…).

  1. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma (subrayado propio), religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Pero no solamente eso, el asimilacionismo, al convertirse en conducta discriminatoria cometida tanto por particulares como por funcionarios y servidores públicos, es pasible de ser castigado con una sanción penal; puesto que la discriminación basada en criterios raciales, étnicos e idiomáticos se encuentra tipificada como conducta delictiva en el artículo 323º del Código Penal de 1991:

“El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma (subrayado propio), identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36.

La misma pena privativa de libertad señalada en el párrafo anterior se impondrá si la discriminación, la incitación o promoción de actos discriminatorios se ha materializado mediante actos de violencia física o mental o a través de internet u otro medio análogo”.

De todo lo anteriormente dicho, se colige que el Estado peruano sí es etnocida, porque deja que se extinga una lengua autóctona; entonces, al extinguirse una lengua oriunda se apaga también la existencia de un grupo cultural.

Frente a estas imposiciones u omisiones dolosas idiomáticas sugerimos lo siguiente:

  • Que sea obligatoria la existencia de avisos en las entidades públicas tanto en castellano como en más de un idioma oriundo bajo sanción administrativa o multa.
  • Que los gerentes de las oficinas de Recursos Humanos verifiquen que la partida presupuestal asignada a su institución cubra el presupuesto destinado a la contratación de traductores e intérpretes.
  • Que se capacite en el aprendizaje de lenguas indígenas a determinados funcionarios o servidores del sector Justicia y de la Administración Pública para que éstos puedan atender al ciudadano (a) en su lengua materna. Sobre todo en la zona en donde predominen las lenguas indígenas.
  • Que se tipifique como modalidades delictivas de los delitos Abuso de Autoridad y Omisión funcional, respectivamente, las imposiciones y omisiones dolosas idiomáticas.
  • Que se haga de conocimiento público las imposiciones y omisiones dolosas idiomáticas en las que incurran los funcionarios y servidores que se nieguen a atender a quienes hablan lenguas originarias.

Finalmente, que la pervivencia de las lenguas vernaculares ilumine las tinieblas en las cuales se encuentra sumida la justicia en el Perú para ciertos grupos etnolingüísticos.


( * ) Fuente de la Imagen: Juicio oral en la Corte Superior (Cuzco 1929), de Martín Chambi.

[[1]] Salvo la Sentencia Nº 011-2015, emitida en lengua aimara por el Juzgado Penal Unipersonal de El Collao – Ilave, de fecha 13 de marzo de 2015.

[[2]] Artículo 12.-

“Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

[[3]] Artículo 2º.- Uso de idioma:

“Toda persona tiene derecho:

(…).

  1. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad”.

[[4]] Artículo 48º.- Idiomas oficiales:

“Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley”.

[[5]] Artículo 4º.- Derechos de las personas:

“Son derechos de toda persona:

  1. a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.
  2. b) Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.
  3. c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.
  4. d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen.
  5. e) Mantener y desarrollar la propia cultura.
  6. f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales.
  7. g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito.
  8. h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad.
  9. i) Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano”.

[[6]] Artículo 16º.- Idioma:

“Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo”.

 

Juan Carlos Torres Márquez
Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP. Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori - Montesinos” (2000-2006). Asimismo, participó en el proyecto “Archivamiento de denuncias en el Ministerio Público de los delitos peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Junín y Ayacucho”, a cargo de la Defensoría del Pueblo, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo AMBERO de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ PERÚ) (marzo 2014 – 29/05/2014). También trabajó en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (2015 – 2016). Ha escrito y brindado conferencias sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lucha Anticorrupción, Derecho Comparado y Antropología Jurídica. Entre sus publicaciones se encuentran: los artículos “El derecho de insurgencia un arma de índole constitucional” y “La amnesia histórica genocida”; el ensayo “Presentación del Derecho Islámico con especial énfasis en temas de Derecho Civil no patrimonial” y; la tesis de grado de licenciatura, con mención sobresaliente “Tradición y Derecho en Chumbivilcas: el takanakuy como mecanismo de resolución de conflictos”. Ha sido adjunto de docencia del curso Seminario de Teoría General del Derecho, en la Facultad de Derecho de la PUCP, desde agosto de 2013 hasta julio de 2018.