Hace muchos años el Estado no ha impulsado una política agresiva para la formalización y titulación de predios que permita a cada persona contar con un título de propiedad; por el contrario, muchas de ellas se han quedado en la informalidad y otras que lo han intentado les ha sido muy onerosa y lo han abandonado o simplemente al ver muy complejos los procedimientos no los inician.
Es verdad que los procedimientos de formalización son muy engorrosos, complejos y demoran años, si bien se han hechos algunos cambios para simplificarlos, estos aún son insuficientes, generando que muchas personas esperen a que el Estado sea el que llegue con los programas de formalización y/o titulación, motivo por el cual el derecho de posesión pasó a tener más protagonismo que el mismo derecho de propiedad.
Es claro que no se tiene identificado a todas las propiedades informales que existen en nuestro país, debido a la falta de un buen catastro que permita no solo identificarlos, sino dar a conocer la realidad en la que viven y las necesidades que tienen, a fin de adoptar las acciones necesarias para la mejora de estas personas.
Sin embargo, debe considerarse que actualmente no solo es necesario que se realice un catastro que se limite a identificar los terrenos y las personas que lo habitan, toda vez que se requiere de un catastro multidisciplinario que permita establecer la real condición de vida de las personas, el número de estas, las necesidades, las edificaciones construidas, la necesidad de ser reubicadas, entre otros aspectos. Nótese, de haberse tenido uno, el Estado hubiera podido llegar a las personas vulnerables de bajos recursos que realmente necesitan un bono económico, una canasta de vivires y demás ayuda en la actual circunstancia.
Así las cosas, hace mucho podía decirse que una persona buscaba un terreno para construir su vivienda y el Estado lo titulaba y/o formalizaba y esto era suficiente, pero desde hace buen tiempo esto resulta insuficiente, en la medida que el tener un terreno y un título no garantiza que una persona pueda construir su vivienda de manera digna y adecuada, esto es, que pueda contar con los servicios básicos y esenciales que le permitan desarrollarse, mejorar los niveles de educación de su familia y evitar la contaminación o enfermedades.
Aunado a lo antes dicho, debemos considerar que el crecimiento urbano en grandes extensiones de nuestro país ha sido llevado a cabo de forma desordenada, sin un control por parte del Estado, motivo por el cual, es necesario que el Estado retome el control de la planificación urbana de nuestras ciudades, que han crecido de forma acelerada y sin una adecuada planificación. Es cierto que existen planes aprobados; pero que, de una o de otra manera, no son respetados por los administrados y por las mismas autoridades nacionales y locales, quienes emiten normas que muchas veces van en contra de lo dispuesto en los planes, pero en beneficio de solo un sector de la población, lo cual trae como consecuencia observar grandes diferencias con el solo cruzar algunos limites distritales.
El Estado tácitamente dejo en manos de privados y de la propia informalidad el crecimiento de las ciudades, parecería que solo se presenta para formalizar, pero no para solucionarlo. Muchos de los planes (ordenamiento, acondicionamiento o urbano) se encuentran desfasados, datan de décadas atrás y están diseñados conforme al criterio político de las autoridades que las emitieron y no al estudio técnico que corresponde, lo cual ha generado que nuestras ciudades crezcan de forma desordenada, siendo afectada toda la población en general. Véase este tema como un eslabón de la informalidad, puesto que este crecimiento desordenado trae como consecuencia un transporte deficiente e informal; así como, el comercio e industrial informal.
En esta línea de ideas, la pandemia que vivimos nos ha demostrado que la entrega de títulos de propiedad no es suficiente, que el derecho de propiedad enmarcado a tener un título del terreno sobre el cual reside una persona ha quedado corto, que el Estado debe retomar el control efectivo de la planificación urbana. Me explico, la formalización y titulación de la propiedad informal no puede ni debe enmarcarse en la sola entrega del título y su inscripción, cuando no se cuenta con los servicios básicos, no se tiene agua, desagüe, luz, pistas, veredas, colegios, hospitales, zonas de recreación, acceso a la ciudad y ahora una conexión a internet para el acceso a clases virtuales y para el cumplimiento de los trabajos de forma virtual.
Como consecuencia de todo lo mencionado podemos decir que, el derecho de propiedad limitado a la sola obtención de un terreno y sin una correcta planificación urbana ha quedado desfasado. Ahora se necesita contar con el derecho a una vivienda digna y adecuada, esto es un lugar en donde una persona pueda construir o tener su vivienda en un entorno apropiado para dicho fin y en donde pueda cumplir sus necesidades básicas y esenciales. Este derecho ha sido reconocido por los más importantes tratados internacionales, pero no en la actual Constitución.
Por tanto, es conveniente y necesario que se reconozca e inserte en la actual Constitución y en nuestra regulación nacional el derecho a una vivienda digna y adecuada no solo con la finalidad de adecuarnos a los tratados internacionales, sino para que el Estado adopte una política que reconozca a este derecho y permita su acceso a todas las personas con el apoyo de los gobiernos locales, el sector privado y la población en general.
