El derecho de autor en el Perú: Antecedentes

 “No existe propiedad más peculiar para el hombre  que la que es producto de la obra de su mente”.

 Congreso de Massachusetts, 1789.

Desde que el hombre se convirtió en el homo sapiens, su imaginación  y capacidad creativa no han tenido límites, es su estado natural, al ser el único ser vivo en la tierra que está en condiciones de pensar, descubrir, investigar, crear  e inventar nuevas herramientas o instrumentos. Esta condición se origina en su mente y gracias a su talento creador, puede plasmarlos  y materializarlos en obras de carácter literario, artístico, científico o técnico, dando lugar al derecho de propiedad intelectual que con el correr del tiempo han merecido protección  a través de normas internacionales como los tratados y la Declaración de los Derechos Humanos, derecho que ha sido incluido en las constituciones de los países como un derecho fundamental que es la protección a la propiedad  intelectual.

     Antes de abordar sobre el derecho de autor, partiremos señalando algunas nociones generales sobre la propiedad intelectual. Para entender su significado  veamos los dos términos que la componen:

  • Propiedad: “Derecho de poder exclusivo sobre una cosa. En el Derecho Romano tenía sus atributos básicos: jus utendi (derecho de uso), jus fruendi (derecho de goce) y jus abutendi (derecho de disponer). (Chanamé, 2014, p. 647)
  • Intelecto: “Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana”. (Real Academia Española, 2014).

           A partir del cual, la propiedad intelectual  puede ser definida como el atributo o cualidad de una persona natural, que le permite emplear la capacidad de su mente, entre otras, para comprender, razonar; concebir, crear e innovar.  Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera que la propiedad intelectual es  una clase de propiedad diferente a la mobiliaria e inmobiliaria, es la creación del ingenio humano, del intelecto del hombre. Es una rama del Derecho que contiene las normas que brindan protección a la creación intelectual del hombre. “¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio” (p. 2).

Sherwood (1992), anota: “La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Es esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter  de propiedad a esas invenciones y expresiones” (p. 23). 

            Complementando los conceptos ya mencionados, la sentencia del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 10-IP-94,  fundamenta como sigue: 

En el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

La OMPI acota:

¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas (OMPI, p.3).

  • Ramas de la propiedad intelectual

            Desde 1967, la OMPI sostiene que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: la propiedad industrial y el derecho de autor.

Gráfico 1.- División de la propiedad intelectual

  • La propiedad industrial

   Es el derecho que se le reconoce a toda persona natural o jurídica que desarrolla una actividad  creativa e inventiva en el ámbito industrial o comercial, con una finalidad netamente utilitaria, sea a través de la invención de modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, entre otros;  y  que  se encuentran protegidos por ley.

   Desde la óptica de Flores (1987), la propiedad industrial es:

En términos generales, todo elemento tangible o intangible, que tiene un valor económico y que interviene en la producción industrial, en forma directa o indirecta, y que puede imputarse a un titular, como las patentes de invención, diseños industriales, procedimientos tecnológicos, marcas de fábrica, nombres y denominaciones comerciales, y lemas (p. 460).

   Diferentes normas legales, tanto de carácter internacional y nacional, explicitan los aspectos que la integran. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1979) señala:

 Artículo 1.2  La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal.

  • El derecho de autor

         La otra rama de la propiedad intelectual lo constituye el derecho de autor, que viene a ser el conjunto de normas jurídicas que protegen los derechos morales y patrimoniales de los autores o creadores de las obras artísticas o literarias. Según la OMPI:

El derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión (p. 3).

    De acuerdo al Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor , son dos los derechos inherentes al autor de una obra, los derechos morales que son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Y los derechos patrimoniales que le garantizan una retribución económica al autor.

Artículo 22.- Son derechos morales: a. El derecho de divulgación. b. El derecho de paternidad. c. El derecho de integridad. d. El derecho de modificación o variación. e. El derecho de retiro de la obra del comercio. f. El derecho de acceso.

Artículo 31.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. b. La comunicación al público de la obra por cualquier medio. c. La distribución al público de la obra. d. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. e. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. f. Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

      Derechos que forman parte de un amplio sistema de protección internacional, conformado por tratados, convenios y leyes internas de los países miembros.

       Al rastrear los antecedentes del derecho de autor, lo encontramos en las culturas antiguas de Grecia y Roma, en donde ya se conservaban los manuscritos de las obras clásicas de los filósofos de entonces, como Platón y Aristóteles. En la Edad Media, con  el perfeccionamiento de la imprenta de caracteres móviles por Gutenberg, se masifica la impresión de obras gracias a la aparición de un número importante de imprentas en diferentes ciudades de Europa, dando lugar a la difusión imparable de las ideas y el saber, fue la imprenta la que aportó la dimensión social del desarrollo de las ciencias y las artes (Zapata, 2002, p.3).  Democratizando la cultura y permitiendo a la población el acceso a las fuentes directas de los autores plasmadas en las obras más importantes de la época.

         En el siglo XIX,  dada la importancia de la creatividad del ser humano, la necesidad del respeto y la tutela jurídica a la propiedad intelectual, dieron lugar a la aprobación de tratados y convenios internacionales, siendo los más importantes el Convenio de Berna  para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1886) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) que protegen y garantizan la propiedad intelectual y la propiedad industrial respectivamente.

        En esta parte del continente americano, luego de la independencia de los países de América (siglo XIX), entre ellos, Chile, Argentina, México, Colombia y el Perú, se aprueban paulatinamente diversas normas de protección al autor, a tal punto que en el siglo XX, las constituciones de estos países incluyeron en sus textos la protección a la propiedad intelectual,  a la vez, se adhirieron  a casi todos los tratados y convenios internacionales sobre la materia. El año de 1993, en el marco de la integración regional, la Junta del Acuerdo de Cartagena aprueba una norma comunitaria, la Decisión Andina 351 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos) para todos los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Desde entonces, este instrumento normativo sirvió  de base a los países de América del Sur en la aprobación de leyes específicas  sobre derechos de autor.

          En el Perú, desde la primera Constitución promulgada en la época republicana (1823) hasta la fecha, se ha  garantizado el derecho a la propiedad intelectual como un derecho económico y un derecho fundamental de la persona; protegiendo  al autor propietario de su obra, quien es  el único  en decidir sobre el ámbito de sus derechos morales y patrimoniales, el primero, permite preservar la paternidad de la obra, siendo éste perpetuo e imprescriptible; y el segundo, el disfrute de los beneficios económicos que ella pudiera generar,  tanto al autor como a sus causahabientes.

         Por otro lado, la tutela jurídica de los derechos intelectuales por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, cada vez va cobrando mayor importancia en el mundo entero si consideramos que la defensa de la creación intelectual permite estimular y recompensar el talento creador de los autores e inventores,  cuyas obras  o inventos  mejoran las condiciones de vida de la sociedad, por ser un  poderoso factor de desarrollo socioeconómico, tal como lo demuestran  los constantes avances científicos y tecnológicos que la humanidad ha logrado hasta la actualidad. Además, constituye una herramienta básica de formación, promoción cultural, toma de decisiones, así como de entretenimiento.

           Asimismo, sus implicancias económicas impactan en el Producto Bruto Interno de los países, gracias a la comercialización de los productos de la mente  que han dado lugar a un sinnúmero de industrias culturales y de entretenimiento, precisamente en base a las obras protegidas por el derecho de autor. Es cuantiosa la inversión en actividades como la música, el cine, la literatura, el software entre otros, que reportan altas tasas de rentabilidad y por ende, beneficios económicos, tanto a los autores, a los empresarios y al Estado. Por tanto, para una real  protección del derecho de autor, los gobernantes deben establecer políticas de Estado claras sobre los aspectos económicos, comerciales y educativos relacionados a los derechos intelectuales.

Las industrias culturales, como se ha denominado en la mayor parte del mundo al análisis del impacto económico que tiene la actividad derivada de la creatividad como insumo esencial en la producción, inversión, empleo y comercio, entre otros, se comienzan a ubicar en el centro de la arena académica, gubernamental, legislativa y de las políticas públicas. Esto no es un fenómeno providencial (Piedras, 2007, p. 81).

             Visto desde otro ángulo, las expresiones del intelecto humano son consideradas un “bien público”, distinguiéndose del bien privado por el hecho que su uso por parte de un individuo, no afecta que terceros también lo hagan, con lo cual  este se democratiza, siempre y cuando se dé dentro de los parámetros que la ley exige. A partir del cual, se  debe educar y concientizar a la población, revirtiendo la práctica generalizada de  la piratería y el plagio, actividades delictivas que se han generalizado, no solo en los alrededores de los centros de educación superior, sino también en calles y plazas de casi todas las ciudades del país, sin mayor eficacia en el accionar de las autoridades responsables de frenar estos delitos. Se observa con cierta complacencia y permisibilidad la venta de obras protegidas como, libros, música, películas, programas de computador, en tanto que las instancias tanto administrativas, como las de Indecopi, el Ministerio Público el Poder Judicial, no adoptan medidas eficaces en el cumplimiento de la ley, hecho que genera grave perjuicio, principalmente a los autores, quienes dejan de percibir el beneficio económico o regalía producto de su creación. Asimismo, hace falta la presencia de la sociedad civil a través de sus organizaciones que promuevan  el respeto y la protección de la propiedad intelectual, incentivando nuevas creaciones, mayor producción, competitividad y en general se contribuya al desarrollo del país.


Referencias bibliográficas:

  • Chanamé, R. (2014). Diccionario jurídico moderno. Conceptos – Instituciones – Voces. Lima: Grupo Editorial Lex & Iuris.
  • Flores, P. (1987). Diccionario de Términos Jurídicos. Lima: Marsol Perú Editores S.A.

●  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de https://wipolex.wipo.int/es/text/283997

  • Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.a) ¿Qué es la propiedad intelectual? Recuperado de http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
  • Piedras, E. (2005). ¿Cuánto vale la Cultura?: Contribución económica de las industrias protegidas por el Derecho de Autor en México. Recuperado de http://sic.conaculta.gob.mx/centrodoc_documentos/70.pdf
  • Piedras, E. (2007). Impacto de las industrias culturales en las economías de América Latina. Diagnóstico del derecho de autor en América Latina (pp.81-109). Bogotá: Cerlalc.
  • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=intelecto
  • Sherwood, R. (1992). Propiedad intelectual y derecho económico. Buenos Aires: Ed. Heliasta.
  • Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1994). Proceso 10-IP-94, GOAC 177. Recuperado de  [http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace177.pdf
  • Zapata, F. (2002). Derecho de reproducción, contrato de edición y medidas técnicas de protección en el entorno digital. Boletín de Derecho de Autor, XXXVI (3), 2-25. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001287/128727S.pdf

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Rosalía Quiroz Papa de García
Bibliotecóloga y Abogada, egresada de la UNMSM, con Grado Académico de Magíster en Docencia universitaria, Doctora en Derecho y Ciencia Política (UNMSM). Actualmente es Docente Principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora Renacyt - Concytec (Reg. N° 16635), es también autora de artículos publicados en revistas indexadas y de libros de la especialidad. Ha realizado una pasantía en la Universidad de Harvard (2018) en el marco del "Programa Sanmarquinos para el Perú"