La Performatividad del Discurso de Odio como desafío al Estado Constitucional

  1. A manera de introducción: ¿el Estado Constitucional odia al discurso de odio?

¿Qué tienen en común una canción de reggaetón abiertamente sexista, las caricaturas de Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo, los brochazos argumentativos de ciertas confesiones religiosas contra el matrimonio homosexual, la caracterización de la mujer andina en la “Paisana Jacinta” y la oratoria encendida de Donald Trump sobre los inmigrantes latinos y la comunidad musulmana? Pues que constituyen discursos de odio.

Un discurso de odio no es un simple conjunto de expresiones destinadas a herir o afectar al receptor, tal como lo haría un insulto, sino que necesariamente implica fenómenos sociales que desafían al Estado Constitucional –respetuoso de la dignidad humana y la igualdad-, tales como la discriminación, el sexismo, el patriarcado, el racismo, la homofobia, el chauvinismo y el fundamentalismo religioso; entre otros problemas contra los que las democracias occidentales luchan desde hace ya un buen tiempo.

En esta línea, cabe preguntarnos cómo debe actuar el Estado Constitucional frente a estos discursos. ¿Será acaso la intervención legislativa –que se decanta por la proscripción en abstracto- la mejor opción para solucionar el problema? Buscando respuesta a esta interrogante, en el presente ensayo; primero, proponemos un concepto de discurso de odio utilizando la tesis de la performatividad de la filósofa estadounidense Judith Butler; a partir del cual realizamos el análisis jurídico, haciendo una relectura de dos conceptos claves para el Estado Constitucional: la libertad y la democracia.

  1. Detrás del discurso de odio: reconocimiento vs. libertad de expresión

El discurso de odio es un tipo de discurso social. Para Marc ANGENOT, el discurso social está conformado por los significados, sentidos, ideas y representaciones que funcionan independientemente de la intencionalidad de cada individuo, porque existen fuera de las conciencias individuales y están dotados de un poder social por el cual se imponen a una colectividad y se interiorizan en las conciencias; por lo que el discurso social es un hecho social (ANGENOT 2010: 23). Así, podemos afirmar que la sociedad no solo produce sentidos y significados mediante dispositivos semióticos como los medios de comunicación, el arte, el humor, etc., sobre diversos temas como la sexualidad, las enfermedades mentales, la felicidad, el éxito, la belleza, la discapacidad, la maternidad, entre otros; sino que, además, lo hace desplegando ideas hegemónicas.

Michel FOUCAULT también reconoce las características del discurso social hegemónico cuando señala que “convertido en realidad histórica espesa y consistente, el lenguaje forma el lugar de las tradiciones, de las costumbres mudas del pensamiento, del espíritu oscuro de los pueblos; acumula una memoria fatal que ni siquiera se le conoce como memoria” (2010: 312).

En este sentido, cabe preguntarnos qué “realidad histórica espesa y consistente” o “hecho social” está detrás de cada una de las expresiones inicialmente mencionadas.

Judith BUTLER también subraya la historicidad del lenguaje, al señalar que “la propia “existencia” del sujeto está implicada en un lenguaje que precede y excede al sujeto, un lenguaje cuya historicidad incluye un pasado y un futuro que exceden al sujeto que habla” (1997: 54). Por consiguiente, el sujeto no escapa a la obligatoriedad de repetir unas normas que son anteriores a él, porque se encuentran nada menos que alambradas en el inconsciente colectivo.

Ahora bien, el discurso de odio no es cualquier tipo de discurso social, sino que es su manifestación más extrema. Extrema, porque visibiliza el complejo problema del reconocimiento. Hablamos de lucha por el reconocimiento cuando nos referimos a estatus sociales de subordinación, por un lado, y de poder, por el otro lado. Lo que hace diferentes a ciertos sujetos en una sociedad se vuelve, muchas veces, objeto de intolerancia, rechazo y hasta persecución. En otras palabras, se sanciona la diferencia, lo que no está dentro del modelo hegemónico de identidad.

Aquí es necesario acudir a Nancy FRASER, quien explica muy bien cómo la lucha por el reconocimiento implica superar las limitaciones del modelo de la identidad mediante el modelo del estatus: “lo que precisa de reconocimiento no es la identidad especifica de grupo, sino el status de los individuos en tanto plenos participantes en la interacción social” (2011: 67). Así, la falta de reconocimiento no equivale simplemente a ser considerado como alguien criticable, despreciable o a ser infravalorado a través de las actitudes, creencias o representaciones de otros; sino que configura una relación institucionalizada de subordinación social (2011: 61-62).

Dicho esto, pensemos en el estatus que tienen en la interacción social aquellos individuos a los que están dirigidas las expresiones propias de un discurso de odio. Esta reflexión parte del presupuesto, como ya se habrá percatado el sagaz lector, de que el lenguaje puede hacer cosas.

El lenguaje puede hacer cosas, tal como defiende Judith BUTLER, quien da un paso más allá de la antropología lingüística[1] y, siguiendo a AUSTIN[2], concibe el lenguaje como un conjunto de “actos de habla”:

“Hacemos cosas con palabras, producimos efectos con el lenguaje, y hacemos cosas al lenguaje, pero también el lenguaje es aquello que hacemos. Lenguaje es el nombre de lo que hacemos: al mismo tiempo “aquello” que hacemos (el nombre de una acción que llevamos a cabo de forma característica) y aquello que efectuamos, el acto y sus consecuencias”. (1997: 25-26)

Entonces, en tanto actos de habla, los discursos de odio logran normativizar prejuicios y estereotipos discriminatorios contra integrantes de grupos sociales históricamente desaventajados y/o cuestionados con motivo de su raza, religión, sexo, orientación sexual u otras categorías relacionadas a la identidad. En consecuencia, no solo reproducen, sino que legitiman un estatus de desigualdad.

Pero, ¿qué derechos y principios del Estado Constitucional afectan estos discursos sociales extremos?

Al ser un problema de reconocimiento, los discursos de odio atentan contra los principios de dignidad humana y de igualdad y no discriminación, haciendo difícil elegir salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión como un derecho preferente.

Hasta este punto, parece razonable exigir al Estado Constitucional la protección de la igualdad mediante la restricción legal de los discursos de odio, esto es, apostar por una limitación de la libertad de expresión en abstracto, tal como desde hace años reclaman los movimientos de raigambres comunitaristas y feministas.  Pero, ¿acaso el discurso de odio se agota en la reproducción de la posición de desventaja y dominación dentro de la estructura social? ¿O es posible repensarlo, de cara a un (mejor) tratamiento jurídico?

  1. La otra cara del discurso de odio: performatividad y resignificación según la teoría de Judith Butler

Pues bien, siguiendo a Judith BUTLER, creemos que es posible repensar el tratamiento jurídico de este tipo de expresiones. Para BUTLER, la clave es el carácter performativo del lenguaje, que permite subvertir la represión socio-histórica de las identidades dominadas.

El carácter performativo del lenguaje debe entenderse “no como un “acto” singular y deliberado; sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (2002: 18).

Esta visión de la performatividad lleva a BUTLER a considerar al lenguaje como “la condición de posibilidad del sujeto hablante, y no simplemente un instrumento de expresión” (1997: 54). Por eso, en palabras de Elvira BURGOS DÍAZ, la autora “otorga al lenguaje un singular protagonismo en el proceso de adquisición de la identidad” (2008:137).

Asimismo, BUTLER revisa la noción de “interpelación” de ALTHUSSER. La interpelación del lenguaje tiene como objetivo “indicar y establecer a un sujeto en la sujeción, producir sus perfiles en el espacio y en el tiempo. Su operación repetitiva tiene el efecto de sedimentar esta “posición” con el tiempo” (1997: 62). Entonces, ¿cabe la posibilidad no solo de desobedecer, sino también de llevar a cabo unas rearticulaciones tales de la ley que rompan con su legitimidad y su pretendida uniformidad, poniendo en cuestión la autoridad de quien la formula? (BURGOS DÍAZ 2008: 144). Claro que sí.

La teoría de la performatividad no se agota en la verificación de una situación de desventaja normativizada, sino que le sirve a BUTLER para realizar una original propuesta política: la posibilidad de hacerle frente a los discursos de odio mediante el “habla subversiva”. Ya que existe la posibilidad de resignificación y reapropiación de estas expresiones, puede también (re)construirse la identidad estigmatizada de los sujetos vulnerables y permitir su aparición en la plataforma política (subvirtiendo su estatus de desventaja). El ejemplo paradigmático butleriano es lo que sucedió con el término queer, análisis realizado en el capítulo final de Cuerpos que importan (BUTLER 2002: 313-339). Lo queer fue primero una expresión de estigmatización para aquellxs cuerpos que no se identificaban dentro del binomio masculino-femenino. Así, se sancionaba con un nombre a lo raro, a lo diferente. Sin embargo, sucedió algo a todas luces contra-empírico: a finales del siglo veinte, estos cuerpos aprehendieron el término vejatorio y le dotaron de un nuevo significado, uno positivo. En una entrevista denominada “Jugársela con el cuerpo”, BUTLER señaló que pretendía “mostrar que incluso como criaturas vulnerables, precarias, también somos capaces de agencia y de acción, y esta es la razón por la que la performatividad puede y debe surgir en medio de la precariedad” (SOLEY Y SABSAY 2012: 230).

Por otro lado, no se puede dejar de lado –como hacen los defensores de la restricción legal del discurso de odio-, el problema sobre el estatus del emisor de estas expresiones. BUTLER utiliza como ejemplo el caso en EE.UU de las letras de la música gangsta rap, cuya censura a su lenguaje sexista seguiría ocultando la rabia y frustración de sus emisores frente a las condiciones de falta de educación, machismo, pobreza y marginación registradas gráficamente en los géneros populares de la música urbana afroamericana (BUTLER 1997: 47; también, MARCIANI 2013: 193). Hay circunstancias en las que el lenguaje tosco, vulgar y que denota odio es solo la punta del iceberg del problema social en el que está sumido no solo el receptor, sino también el emisor.

Ahora bien, luego de esta deconstrucción del discurso de odio ya no parece tan razonable defender a raja tabla la restricción legal de los discursos de odio, sino más bien inclinarnos por el principio de la neutralidad de contenidos (solo regular la forma y el modo de la expresión, nunca el fondo) y el libre mercado de ideas. Pero, ¿esta vieja opción liberal es suficiente?

  1. ¿Cómo puede el Estado Constitucional responder ante el desafío de la performatividad del discurso de odio?

No, no es suficiente postular la defensa de argumentos típicamente liberales frente al problema del discurso de odio. Hace falta una relectura tanto de la libertad y la democracia en el marco del Estado constitucional.

La autonomía del sujeto –en el rol de receptor o de emisor del lenguaje- está condicionada por la estructura social pero, en última instancia, siempre hay la posibilidad de agencia, y eso es libertad. Esta relectura de la libertad es compatible con los principios de dignidad humana e igualdad que protege el Estado constitucional, en donde ningún derecho puede ser absoluto ni tampoco limitado arbitraria e injustificadamente. Entonces, el Derecho es entendido no sólo como condición de la existencia de la libertad, sino también –y sobre todo- como posibilidad de corrección de los excesos de la libertad: el Derecho debe brindar el espacio para el ejercicio de la libertad de todas y todos, y las herramientas para el mejoramiento de las fallas estructurales. De esta manera, la solución mientras que los sujetos desaventajados realizan esta reapropiación y resignificación de los discursos de odio está en la implementación de políticas públicas efectivas para paliar las fallas de la estructura social.

Una construcción de nuevas políticas públicas que contemplen soluciones a los problemas que subyacen a los discurso de odio va de la mano con una relectura de la vieja democracia liberal. Así aparece la importante noción de democracia radical, desarrollada principalmente por Chantal MOUFFE, que propone la transformación de las categorías esencialistas e inamovibles en las que el discurso hegemónico atrapa a la diferencia y a la diversidad (DUQUE 2010: 30-31), donde es el propio sujeto vulnerable el que se reconoce como ciudadano y lucha por el respeto pleno a su identidad, lo que desemboca –a mediano o largo plazo- en la construcción de un nuevo orden simbólico (2010: 31). Esto da paso a aceptar que la democracia es un espacio de articulaciones contingentes –lucha entre lo hegemónico y lo contrahegemónico-, entendiéndola de una manera activa, donde los parámetros sociales pueden ser desarticulados y transformados por los más desaventajados.  (MOUFFE 2009: 39)

  1. Conclusiones

–          Entendemos como discurso de odio a aquel discurso social que institucionaliza prejuicios y estereotipos discriminatorios contra sujetos que se encuentran históricamente desaventajados y/o cuestionados con motivo de su raza, religión, sexo, orientación sexual u otras categorías relacionadas a la identidad; con lo cual este discurso no solo reproduce, sino que legitima un estatus de desigualdad. Los que suscriben esta noción, sin realizar un mayor análisis, apuestan por la intervención legislativa restrictiva de la libertad de expresión en caso de discurso de odio.

–           Gracias a la teoría de la performatividad del lenguaje superamos esa noción estructural del discurso de odio, y encontramos la posibilidad de resignificación y reapropiación de este discurso, que permite la subversión de la represión socio-histórica de las identidades vulnerables y estigmatizadas. También visibilizamos el problema del estatus del emisor.

–          El discurso de odio desafía la noción de libertad en el Estado constitucional porque no solo comprende el hecho de que la autonomía del sujeto –en el rol de receptor o de emisor del lenguaje- se encuentre condicionada por la estructura social, sino que también reconoce que siempre existe la posibilidad de agencia.

–           Tomando en cuenta esta noción de libertad, el rol del Derecho es brindar directrices e implementar políticas públicas efectivas para paliar las fallas de la estructura social, sin intervenir en la libertad de expresión de los emisores de discursos de odio.

–           El discurso de odio también se erige como desafío a la noción de democracia en el Estado constitucional. Para superar esto acudimos a la noción de “democracia radical”, que consiste en la lucha por la construcción de un nuevo orden simbólico, en el que los sujetos vulnerables y excluidos se enfrentan al orden hegemónico dado que este, o niega sus identidades o se las impone.


[1] Para Oswald DUCROT y Tzvetan TODOROV, la antropología lingüística permite suprimir la oposición entre lenguaje y sociedad para constituir un objeto teórico nuevo: el lenguaje como un hecho social, como un tipo de comportamiento o modo de acción (2011: 82). A esta rama aportaron los filósofos ingleses Wittgenstein y Austin (2011: 84).

[2] La tipología austiniana de actos de habla comprende a las fuerzas ilocucionarias y a las perlocucionarias. La fuerza ilocucionaria consiste en que la palabra en sí misma realiza un acto, teniendo como base a las convenciones sociolingüísticas; mientras que la perlocucionaria atañe a que la palabra produce actos, desplegando efectos luego de un tiempo.

BILIOGRAFÍA

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Angela Padilla
Estudiante del noveno ciclo de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú- PUCP (contacto: apadillat@pucp.pe).