Análisis de la aplicación del precedente en las entidades del Estado Peruano (Tribunal Constitucional, Poder Judicial y el Tribunal Administrativo)

  1. Introducción

Este artículo analiza la seudo figura del precedente, como uniformador de las decisiones emitidas por tres de las más importantes entidades de nuestro ordenamiento, sin embargo, el legislador no es claro en la manera de establecerlo, pues algunas veces hace referencia únicamente al precedente y otras al precedente vinculante, suscitando dudas acerca de su real eficacia en la práctica jurídica, dando como resultado una regulación desordenada con una necesaria reestructuración desde su concepción hasta su aplicación.

  1. Desarrollo

En primer lugar, brindaré una aproximación teórica, el precedente que es de naturaleza inglesa se encuentra constituido por una decisión que posteriormente es considerada como una regla que se aplica a los casos siguientes y se define en función a dos factores: el primero deriva del hecho que lo que constituye precedente no es todo lo que se dice en la decisión, sino solo la ratio decidendi, es decir, la regla de derecho a la cual el juez ha hecho referencia para calificar jurídicamente los hechos jurídicos concretos controvertidos en la decisión y para decidir sobre estos y el segundo está constituido por la necesaria analogía entre los hechos del primer caso y los hechos del caso posterior, pues para que en este último se pueda aplicar la misma ratio decidendi que ha determinado la decisión en el primer caso, es necesario que los hechos de los dos casos sean similares[1]. Asimismo, debe distinguírselo de la jurisprudencia, que es “el conjunto de decisiones o fallos constitucionales emanados del Tribunal Constitucional, expedidos a efectos de defender la superlegalidad, jerarquía, contenido y cabal cumplimiento de las normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad”[2].

En segundo lugar, expondré el desarrollo del precedente en el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y en los Tribunales Administrativos. Respecto del primero, nuestro Código Procesal Constitucional, establece en el art. VI del Título Preliminar: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante… Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente…”

Como se puede observar el código otorga a las sentencias que adquieren la calidad de cosa juzgada emitidas por el TC fuerza vinculante, es decir, que los jueces tienen un deber de seguirlos[3] y “tiene los mismos efectos de una ley, es una regla para todos y frente a  todos los poderes públicos”[4], por lo que, luego al mencionar “cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente…” da pie a considerar la tipología hecha por Taruffo en el que divide la eficacia que puede tener el precedente, en: eficacia persuasiva, es decir que el precedente puede influir, pero no determinar formalmente las decisiones de estos jueces… pues el juez posterior no se encuentra jamás verdaderamente obligado a someterse al precedente, sino solamente a justificar adecuadamente su decisión cuando elige no adherirse el precedente, explicando sus razones[5] y en eficacia vinculante: constituyendo una regla que los jueces deben tener en cuenta al momento de emitir una decisión, por lo que, no es posible que sean dejados de lado. Por lo que, este caso sería el de un precedente con eficacia persuasiva y la excepción sería el planteamiento del precedente con fuerza vinculante a una sentencia con calidad de cosa juzgada.

Respecto del segundo, el art. 22 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia… fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales…”. Aquí la norma no menciona al precedente ni a la jurisprudencia en sí (como conjunto de decisiones para el justo cumplimiento de las normas), sino se limita a mencionar los principios jurisprudenciales que la sala emitirá, siendo una regulación muy laxa, que hace preguntarme: ¿Dónde están contenidos los principios jurisprudenciales? En las decisiones que emiten las salas y, ¿Acaso todas las decisiones son de obligatorio cumplimiento? No, solo una parte de ella, exactamente la parte que contenga aquellos principios que menciona la norma, lo cual constituiría el precedente, pues será la decisión que “posteriormente es considerada como una regla que también se aplica a los casos siguientes”[6]. Tras lo mencionado, es notoria la floja redacción del legislador respecto de hacer que las decisiones de las salas sean de obligatorio cumplimiento (fuerza vinculante).

Respecto del último, el art. V del Título Preliminar de la Ley N°27444, en el subpunto 2.8 establece: “Son fuentes del procedimiento administrativo…las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo…”, asimismo, el art. VI en el inciso 1 estipula: “Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad…”. Como se puede apreciar en la primera norma se estipula como precedente (sin fuerza vinculante) las resoluciones de los tribunales o consejos administrativos, pero la segunda norma extiende ese carácter a todo acto administrativo que interprete con carácter general la legislación sumándole fuerza vinculante, ante ello me pregunto: ¿Las resoluciones emitidas por los tribunales administrativos tienen o no fuerza vinculante? La respuesta sería sí, ya que, es claro que las resoluciones por venir de tribunales interpretarán el sentido de la legislación que es base para sus decisiones, por lo que, este último “requisito” para establecer un acto administrativo como precedente vinculante es muy ambiguo, pues prácticamente casi todo acto administrativo se basa en la legislación atendiendo un caso en concreto.

En tercer lugar, expondré mi postura, como se ha podido ver, la regulación del precedente en nuestro ordenamiento no es uniforme, en alguna normativa se menciona solamente al precedente y en otras al precedente vinculante, llevándome a considerar que esta figura pudiera estar acogiendo implícitamente la tipología emitida por Taruffo (eficacia vinculante y eficacia persuasiva), pues tampoco es correcto afirmar que todo precedente tiene carácter de ley y es de obligatorio cumplimiento cuando no se señala expresamente que es vinculante, a menos que en la concepción del precedente según el ordenamiento en el que se emite se tenga por dado que es de forzoso seguimiento para los demás, pero si ello fuera así no tendría sentido señalar en algunas ocasiones al  precedente y en otras al precedente vinculante como lo ha venido haciendo nuestra jurisprudencia. Habiendo una manifiesta confusión respecto de la noción del precedente y la manera en que se lo ha querido aplicar en las diversas decisiones de las entidades del Estado.

Concluyendo, opino que una solución, es que el legislador aclare cuál es la aplicación que tendrá el precedente a través de su tipo de eficacia, planteando que al establecer como precedente la ratio decidendi es de obligatorio cumplimiento para los demás o reconociendo que en nuestro ordenamiento hay dos tipos de precedente, uno con eficacia vinculante y otro con eficacia persuasiva que dependerá de las circunstancias del caso, su involucramiento con los derechos constitucionalmente reconocidos y de la entidad que emite la decisión. También uniformar la regulación existente, pues la confusa (regulación del Tribunal Administrativo) y la no muy clara (regulación del Poder Judicial) manera en que se estipula el precedente en nuestros dispositivos legales, hace que el verdadero uso del precedente como regla unificadora del sistema jurídico para una congruente aplicación del mismo ante casos similares quede vulnerada por la manera en que se ha venido aplicando.

  1. Bibliografía

EXP. N° 0024-2003-Al/TC. 10 de octubre del 2005. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00024-2003-AI.html

EXP. N° 3741-2004-AA/TC. 14 de noviembre del 2005. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.pdf

Sánchez, J. (2021). Teoría del precedente. [Diapositiva Power Point]. https://docs.google.com/presentation/d/1CcisoiGzLKtYECiTqV_BzlkiLBIytoi1/edit#slide=id.p2

Taruffo, M. (2016). Consideraciones sobre el Precedente. IUS ET VERITAS, (53), 330-342. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16552/16898


[1] Taruffo, 2016, p. 332.

[2] Exp N° 00024-2003-AI, p.6

[3] Taruffo, 2016, p. 335.

[4] Exp N°03741-2004-AA, fundamento 49.

[5] Taruffo, 2016, p. 336.

[6] Sánchez, 2021.

Maria Ramos Valverde
Estudiante de Noveno ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro asociada de Foro Académico y comisionada de Actualidad Jurídica.