Tolerando lo intolerable

La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. (K. Popper)

Hace poco más de una semana, en Charlottesville, un pueblo de Virginia, EE.UU., una multitud de personas blancas se reunían para oponerse a la remoción de un símbolo confederado[1] del espacio público. Durante esta movilización –por cierto, autorizada por la administración estatal–, no solo se airearon frases antisemitas, racistas, nacionalistas, sino que estos gritos se acompañaban con gestos de simbología nazi. Esta manifestación culminó con enfrentamientos entre los supremacistas y otros colectivos e individuos que se reunieron en contra protesta. Heather Heyer, una de las contra protestantes, murió tras ser atropellada por uno de los supremacistas.

La movilización de quienes se oponían al retiro de la estatua de Robert Lee fue autorizada por funcionarios estatales, y resguardada por las fuerzas policiales incluso mientras se daban los cánticos ya descritos. Es en este punto donde surgen las siguientes interrogantes: ¿está la autoridad estatal avalando y promocionando discursos extremos al permitirlo y protegerlo? O, por el contrario, ¿la autoridad no puede sino dar su protección para que este tipo de discurso pueda ser manifestado?

A tales preguntas, se tratará de dar respuesta en las siguientes líneas. Para ello, será necesario, primero, analizar la relevancia de la libertad de opinión en el actual sistema de gobierno y sus implicancias en este. En segundo lugar, se estudiará la relación entre los discursos extremos, la libertad de opinión y el Estado Constitucional Democrático y cómo este último podría interactuar con aquellos a fin de garantizar sus objetivos.

La libertad de opinión como presupuesto estructural del Estado Constitucional Democrático

Suele concebirse la democracia como el gobierno de la mayoría sin más. Sin embargo, desde un enfoque jurídico y, en específico, constitucional, tal definición resulta insuficiente para describir el actual sistema de gobierno. En efecto, resulta evidente que, aunque prima facie sea un gobierno de la mayoría, el mismo debe hacerse con respeto a los derechos y libertades de las minorías, y, en especial, de los individuos.

No obstante, ello no siempre fue así. Este último agregado supone uno de los logros del constitucionalismo: la interdicción del autoritarismo y la arbitrariedad. Para ello, se hizo necesario establecer una serie de normas básicas para asegurar el desarrollo de los individuos y de la sociedad, así como la convivencia, y la eficacia y pertinencia de la actuación del Estado. En palabras de Mateucci, la Constitución sirve “[…] no solo para para impedir un gobierno arbitrario e instaurar un gobierno limitado, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos y para impedir que el Estado los viole”[2].

El constitucionalismo propone el empoderamiento de los individuos y, por ende, de la sociedad frente al Estado. Es en este contexto donde la libertad de opinión recoge mayor relevancia, por cuanto resulta uno de los presupuestos básicos para alcanzar los objetivos de una sociedad constitucional. En efecto, la libertad de opinión resulta el eje central en torno al cual gira la actuación de un Estado Constitucional Democrático[3].

¿Por qué? En este sistema, la actuación del Estado se limita a velar y garantizar el interés público –claro está que en sus diferentes vertientes y manifestaciones–. Asimismo, el interés público se genera al interior del debate público; y, en ese sentido, solamente si se garantiza el acceso a la información y la libertad de expresión de sus ciudadanos, se evita que el Estado pueda interferir y/o influenciar en el establecimiento de los límites de su propia actuación. El debate público como motor social no puede estar en control del Estado, sino de los individuos y la sociedad.

Por tanto, resulta necesario que estos últimos sean quienes lideren el intercambio de ideas respecto a los tópicos que consideren pertinentes. Bajo esa lógica, el Estado no puede valorar expresiones u opiniones, y, en consecuencia, tampoco puede decidir cuáles resultan aceptables o no en el debate público. Eso sí, tiene la obligación de asegurar el funcionamiento de este.

Discursos extremos: un nuevo desafío

Llegados a este punto, cabe preguntarnos si los discursos extremos (de odio, antidemocráticos, violentistas) tienen lugar en un Estado Constitucional Democrático. Cabe precisar, eso sí, que no se trata de discursos que pretendan incitar directa o indirectamente la comisión de delitos, sino que fomenten valores incompatibles con la convivencia, el desarrollo de todos y cada uno de los individuos en una sociedad, y otros objetivos constitucionales.

En otras palabras ¿la libertad de opinión como presupuesto del Estado Constitucional Democrático implica tolerar la intolerancia? Si este sistema de gobierno fomenta la tolerancia, es decir, si el Estado garantiza la libertad de opinión y no valora el contenido de las expresiones de los individuos como aceptables o no; entonces, la respuesta debería ser afirmativa. Esta posición es compartida por Dworkin.

Pero la cuestión es mucho más complicada por las implicancias que trae. Hemos de recordar por qué es importante la libertad de opinión: el reconocimiento del debate público como motor social, y es por esta razón que el Estado está en la obligación de garantizar su funcionamiento frente a cualquier amenaza. Es aquí donde se complica la pregunta, por cuanto los discursos extremos tienden a negar los fundamentos por los cuales el Estado ha de cumplir con este propósito. Es decir, estos discursos resultan una amenaza para este sistema de gobierno.

Es más, una variante de estos discursos –los de odio– supone la degradación de otros individuos. Ello puede llegar a tener implicancias en su participación dentro del debate público, ya sea obstaculizándola o mermándola. Asimismo, si el Estado permite los discursos de odio en particular, estaría en cierto grado incumpliendo su obligación de luchar contra la discriminación.

Es sobre este punto donde se abre el debate en torno a si debe elegirse la libertad frente a la igualdad, o viceversa. Por un lado, están quienes eligen la libertad (de opinión) por los peligros que traería permitir que el Estado tenga la potestad de elegir qué discursos censurar, silenciando así críticas en su contra; así también por la necesidad de que los individuos que manejan estos discursos extremos también participen en el debate público.

Por otro lado, quienes abogan por la igualdad se respaldan en el efecto silenciador de los discursos extremos, sobre todo los de odio, toda vez que los mismos pretenden y, en cierto grado, consiguen dejar fuera del debate público a ciertos individuos o colectivos. Asimismo, afirman que hay temas sobre los cuales no debería responderse –ergo, debatirse–, por cuanto no están ligados a creencias o ideas, sino a hechos.

Recurrir a la ponderación nos parece una salida inadecuada a este problema. En términos generales, este debate se resume en dirimir quién tiene preferencia para participar del debate público los concionadores de este discurso o las personas que se ven agraviadas por los mismos. Cualquiera de las soluciones, empero, resulta incompatible con el hecho de que, si se quiere limitar el autoritarismo y la arbitrariedad, el Estado no puede interferir sobre el tópico del debate público.

Ante esta situación de aparente incapacidad de respuesta estatal, Karl Popper propone una respuesta alternativa al problema, conocida como la paradoja de la tolerancia. Según él, la intolerancia per se representa un gran peligro para la tolerancia –ergo, también para el Estado Constitucional Democrático–; razón por la cual

[…] debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en  el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento; así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que presten oídos a los argumentos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho de no tolerar a los intolerantes[4].

Sin embargo, y como rescata Sarah Soriel, los discursos extremos no solo son aquellos que limitan con la violencia, sino que pueden manifestarse sofisticadamente, incluso plantearse en términos ‘académicos’ (p. 61)[5]. De esta manera, la premisa de la cual parte Popper sobre lo inminente de la violencia contenida en estos discursos resulta rebatida. La intolerancia no siempre vendrá en formas violentas o agresivas.

Dada la situación descrita ¿está realmente el Estado atado de manos ante esta situación? Todo lo contrario. Se está ante la oportunidad del Estado Constitucional Democrático de reafirmarse como sistema de gobierno, por cuanto el problema no radica en si un determinado discurso debería permitirse o no dentro del debate público, sino en las causas y consecuencias del mismo.

La amenaza detrás de los discursos extremos no está en que sean manifiesten, sino en las ideas detrás de los mismos –ideas que, como se ha sostenido, niegan los fundamentos del actual sistema de gobierno–. En efecto, no tolerar a los intolerantes no resuelve el problema de la violencia, o los ‘anti valores’. Por otro lado, son las consecuencias del discurso –el efecto silenciador, por ejemplo– lo que pone en peligro el debate público.

Así las cosas, un Estado Constitucional Democrático debe reconocer que son los individuos y la sociedad quienes han de combatir los discursos extremos, propiciando que existan las condiciones adecuadas para el debate y condenando los actos de violencia. Bajo este sistema de gobierno, el Estado no puede censurar los discursos extremos; ello, sin embargo, no supone la sociedad constitucional deje de perseguir sus objetivos como el desarrollo de cada uno de los individuos que la conforman y la convivencia.

Justamente por ello, también debe combatirse el efecto silenciador de estos discursos, mejorando la posición de los individuos o colectivos agraviados para defenderse, para poder participar en el debate público. Si esta se ve mermada, lo lógico es que se establezcan medidas para empoderar la capacidad de réplica; si no, no podría funcionar ese motor social.

En síntesis, tolerar incluso la intolerancia ayuda a cimentar los principios del Estado Constitucional Democrático. No se trata de aceptar sin más la existencia de estos discursos, sino de encontrar en ellos la manera de reafirmarse a sí mismo. Siendo pragmáticos, si el sistema de gobierno actual no es capaz de defenderse con sus propias herramientas de amenazas como los discursos extremos, lo mejor sería cambiar de sistema.

Reflexión final

La libertad de opinión resulta ser uno de los presupuestos básicos del actual sistema democrático. Este logro del constitucionalismo consiste en negarle al Estado la posibilidad de evitar el libre intercambio de ideas y decidir los tópicos materia de debate; y, por tanto, supone el reconocimiento de que son las personas quienes, de manera colectiva o individual, deben cumplir un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad, a través del debate público.

Claro está que lo anterior no ha de suponer que el Estado no pueda intervenir en el debate público. Al contrario, a fin de alcanzar los objetivos planteados, recae en él la responsabilidad de garantizar que este motor social siga en funcionamiento y evitar que pueda distorsionarse, ya sea por su parte o de terceros, las bases sobre las cuales se establece.

Bajo esa lógica, incluso en sus manifestaciones más extremas, la libertad de opinión ha de ser protegida frente a la censura. El Estado no puede sin contradecir los principios que lo legitiman, valorar qué se puede decir y qué no en el debate público. Sin embargo, puede y debe hacer uso de sus propias herramientas (principios y normas básicas) para hacer frente a estos discursos.

Quizá sea este un ejemplo más de otro significativo logro del constitucionalismo: la posibilidad de cuestionar todo. Supone la potestad de poner tela de juicio la legitimidad de la autoridad –no solo del Estado, sino de la sociedad–  y, por ende, de los principios y normas fundamentales en la que se basa, así como el mismo orden social. En suma, se trata de un modelo capaz de reconocer sus límites, su imperfección, lo que K. Popper llamaría honestidad (o moral) intelectual.


[1] La estatua del General del bando confederado Robert Lee

[2] Matteucci, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno. Editorial Trotta S.A., Marid, 1998, p.25.

[3] Manin, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1998, p. 206.

[4] Popper, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos. Ediciones Paídos, Barcelona, 1981, p. 512.

[5] Sorial, Sarah. Free speech, hate speech, and the problem of (manufactured) authority. 29 Can. J. L. & Soc. Pp.59-76. 2014.