Retos y fragilidad de la prueba documental: Impacto de la tecnología y la inteligencia artificial

I. Introducción

La prueba documental ha sido históricamente considerada como sinónimo de seguridad y fiabilidad, siendo incluso llamada como la “prueba por excelencia”. Desde la creación del Código de Justiniano, el derecho bizantino tenía una marcada preferencia por la prueba documental e hizo evidente la preponderancia de la misma sobre la prueba testimonial u otros tipos de prueba (Álvarez 2021, p. 60). Esta tendencia se extendió hasta fines del siglo XX, época que se encontró marcada por un importante sector doctrinario que aún la concebía como la más fiable y la que gozaba de una mayor exactitud; sin embargo, cada vez los cuestionamientos hacia este tipo de pruebas fueron mayores debido a la falsificación y adulteración a la que estas se veían expuestas. Los avances tecnológicos y principalmente la masificación del uso de la inteligencia artificial agravaron esta situación, haciendo cada vez más fácil el alterar documentos y más difícil el identificar dicha alteración llegando incluso, en algunos casos, a ser imperceptible. En ese sentido, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar el ordenamiento jurídico frente a este nuevo panorama? En este artículo se buscará responder a esta interrogante mediante un análisis crítico en torno al concepto de prueba documental, centrando el cuestionamiento en cómo debería concebirse atendiendo a la fragilidad de la que adolece producto del avance tecnológico.

II. Desarrollo

La prueba documental

Según Guasp, la prueba documental es, en su sentido procesal, un medio de prueba en cuanto se propone y practica para acreditar hechos controvertidos que se ventilan en un proceso concreto (citado por Abel 2012, p. 779). Este tiene la particularidad de tener una naturaleza real en cuanto se encuentra constituido por una cosa u objeto y no por una persona ni por una actividad, es decir, la constituyen “todos aquellos objetos del mundo exterior que aparecen al hombre como desligados de su propia personalidad o la de cualquier sujeto” (Guasp citado por Abel 2012, p.779). Aunado a ello, destaca su carácter indirecto, por el cual el contacto del juez con la prueba es por representación y el medio de prueba sirve para llevarle a este el conocimiento de un hecho que no percibe (Abel 2012, p. 780). 

A través de la prueba documental, como su mismo nombre lo señala, se introduce al proceso el documento. Este último es un concepto que, conforme señala Abel, ha causado incertidumbre doctrinal producto de su diversidad de nociones y distintas conceptualizaciones (2012, p. 782). Sin embargo, la doctrina mayoritaria tiende a concebirlo de una manera amplia como aquel objeto material que expresa cualquier producto del pensamiento humano y que se materializa no solo en documentos escritos, sino también cualesquiera otros materiales que representan o dan a entender algo que tiene interés ,como los rollos fotográficos, videos, discos compactos para ordenadores, entre otros (Climent 2005, p. 600). 

En el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal del Perú se hace referencia a los tipos de documentos que son susceptibles de ser incorporados como medios de prueba en los artículos 234 y 185, respectivamente. El primero de los mencionados contempla una lista cerrada en la cual destacan la mención a los escritos públicos o privados, fotocopias, cintas cinematográficas, entre otros. Mientras que el segundo incorpora una lista abierta mediante la inclusión de “otros similares” aunado a los manuscritos, fotocopias, fax, etc.

Admisibilidad y valoración (análisis de la autenticidad) de la prueba documental

Conforme a lo señalado por Devis Echandía, la prueba documental, como todo acto procesal, debe ser revestida de ciertos requisitos que, lejos de ser una limitación del derecho de probar, son una preciosa garantía para las partes, ya que solo de esta manera es posible hacer valer los derechos y principios propios del proceso (citado por Manobanda y Cárdenas 2023, p. 71). En el ordenamiento jurídico peruano, para que la prueba documental sea admisible se requiere que, al igual que sucede con otros tipos de prueba, cumpla con los principios de pertinencia, conducencia y utilidad. La diferencia recae en que este tipo de prueba, a diferencia de la testimonial y la pericial, no posee mayores requisitos salvo que, conforme señala el artículo 184 del CPP, los documentos tengan un autor conocido, por lo que aquellas declaraciones anónimas no podrán ser llevadas ni utilizadas en el proceso con la excepción de que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado. 

Por otro lado, respecto a la valoración de la prueba documental, Talavera señala que en esta etapa se produce el juicio de fiabilidad probatoria. Mediante ella, se atiende a las características que debe reunir el medio de prueba para cumplir su función y a la posibilidad que el mismo medio suministre una representación del hecho que sea atendible y certera. Por ello, en el caso de la prueba documental, su fiabilidad exigirá un control de su autenticidad (citado en la sentencia recaída en el expediente N° 1435-2019-Lima, p. 8). Esta última es el elemento más importante de la credibilidad de la prueba tangible y para su acreditación se puede hacer uso de la denominada “prueba sobre prueba”, combatiendo, de esta manera, casos como en los cuales la prueba haya sido deliberadamente ideada para engañar a través de un documento falsificado (Anderson, Twining y Schum 2015, p. 99). 

Cabe resaltar la importancia de hacer la distinción entre la admisibilidad y la etapa valoración de la prueba, por lo que resulta indispensable que las mismas no sean confundidas. Al respecto, Gascón señala que el estudio de la autenticidad es tan complejo y demanda una labor tan minuciosa que dejarlo para un simple y aislado ejercicio de admisibilidad, sin un análisis en conjunto del material probatorio en la etapa de valoración, supondría socavar el objetivo de la búsqueda de la verdad (citado por Pérez 2022, p. 9).

Situación actual y la problemática de la prueba documental

En el marco de todo lo mencionado, resulta innegable el hecho de que el avance de la tecnología ha tenido grandes implicancias en la prueba documental. En la actualidad, la falsificación de documentos, alteración de fotografías, manipulaciones de voz, entre otros, son actos que son fácilmente realizables y, en algunos casos, prácticamente imperceptibles. Los programas de edición y video sumamente sofisticados junto con la masificación del uso de la inteligencia artificial han otorgado a este tema un lugar importante dentro del debate jurídico. Una de las situaciones más alarmantes se encuentra constituida precisamente por la inteligencia artificial y su sorprendente capacidad para emular, casi a la perfección, la voz de un sujeto determinado. 

A manera de ejemplo, se presenta el reciente caso del presunto audio de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el cual se le escuchaba conspirando para detener la candidatura de Omar García Harfuch, uno de los precandidatos del partido Morena (Ramis 2023, párr. 5). Este audio suscitó un intenso debate en México en torno a su veracidad o falsedad, en un primer momento, un sector mayoritario se inclinó hacia la posición que argumentaba que dicho audio había sido manipulado, ya que en el mismo se presentaban silencios absolutos, los cuales prácticamente no ocurren en la realidad; sin embargo, ello fue rebatido por la parte contraria e incluso expertos se pronunciaron argumentando que debía prestarse mayor atención al tono de voz, a las palabras utilizadas y a las muletillas, y que precisamente estos elementos daban a relucir la veracidad del audio. En ese sentido cabe preguntarse ¿Qué hubiera ocurrido si es que este audio era introducido en un proceso como un medio de prueba? ¿Cómo se hubiera podido llegar a señalar su veracidad o falsedad? 

Al respecto, en la misma línea de lo señalado por Arrabal, considero que la determinación de la autenticidad de la prueba documental, en la situación actual, constituye una tarea sumamente compleja que requiere exámenes técnicos, pericias informáticas (o de otro tipo dependiendo del caso), las cuales no solo tienen un alto precio, sino que también son dilatorias del procedimiento e incluso, en muchas ocasiones, son imposibles de realizar (2021, párr. 40).

Retos a futuro y consideraciones a tener en cuenta

La situación descrita pone en evidencia el nuevo panorama al que se enfrenta la prueba documental y la fragilidad de la que se encuentra revestida producto de la facilidad con la que se puede manipular y la dificultad que tiene detectar dicha manipulación. En ese sentido, la idea que se sostenía antiguamente en torno al mayor grado de certeza y fiabilidad del que gozaba la prueba documental ha quedado totalmente desfasada. Esto, a su vez, plantea nuevos retos futuros para poder determinar su autenticidad con un mayor grado de certidumbre y ello no implica el establecimiento de mayores requisitos para la admisibilidad de la prueba documental, sino que, como se mencionó anteriormente, implica la incorporación de nuevas técnicas que analicen este tipo de pruebas con un grado mayor de rigurosidad, como lo son los exámenes técnicos y las pericias tanto informáticas como de fotografía, entre otras. Solo de esta manera se preservará el fin del proceso, permitiendo la exclusión de aquellas pruebas que son contrarias a la averiguación de la verdad. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que la inclusión de estas técnicas tiene limitaciones e incluso se presentan casos en las que son irrealizables. Producto de ello considero que no resulta suficiente únicamente con su inclusión, sino que esto implica algo mucho más profundo ligado a la propia concepción acerca de la prueba documental. Es cierto que aún un importante sector de la doctrina y muchos jueces encargados de impartir justicia en el Perú conciben a la prueba documental como “la prueba por excelencia”, es decir, aquella revista del mayor grado de certeza y objetividad. Precisamente esa concepción es la que la situación actual obliga a cambiar para requerir que la misma sea valorada con cierto grado de cautela y con una absoluta consciencia sobre su fragilidad.

III. Conclusiones

En suma, los avances tecnológicos tienen implicancias en todos los ámbitos de la vida humana y, como es natural, el derecho no es la excepción. Estos avances obligan al derecho a cambiar y a separarnos de las concepciones que antiguamente eran concebidas con absoluta certeza. La prueba documental, en la actualidad, adolece de una peculiar fragilidad, ya que puede ser fácilmente manipulada y dicha manipulación puede llegar a ser indetectable. Esto requiere un mayor grado de rigurosidad en los exámenes técnicos y pericias que se realicen para determinar su autenticidad, los cuales, incluso practicados de la mejor manera, no podrán llegar a determinar su autenticidad con un porcentaje alto de certeza. En ese sentido, la concepción en torno a la prueba documental debe cambiar, de modo que pase a ser concebida como un tipo de prueba frágil y que requiere un gran acompañamiento de otros medios de prueba que permitan que valorados en su conjunto aumenten la probabilidad de conocer la realidad de los hechos, el cual es el fin de la prueba misma.

IV. Bibliografía

Abel, X. (2012). Derecho probatorio. ESADE – Editorial Bosch, pp. 777 – 781.

Anderson, T., Schum, D. y Twining. W. (2015). Análisis de la prueba. Editorial Marcial Pons. 
https://www.sijufor.org/uploads/1/2/0/5/120589378/analisis_de_la_prueba_.pdf

Álvarez, B. (2021). La prueba documental en el Derecho romano y su recepción en el Derecho Argentino. Fundamentos Romanísticos del Derecho Contemporáneo, pp. 59 – 75. 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-R-2021-40111101128

Arrabal, P. (2021). La prueba documental como medio para aportar evidencias tecnológicas. Lefebvre – Revista de Jurisprudencia, N° 27. 
https://elderecho.com/la-prueba-documental-como-medio-para-aportar-evidencias-tecnologicas

Climent, C. (2005). La Prueba Penal. Tirant Lo Blanch, 2da edición, pp. 599 – 603. 

Corte Suprema de Justicia. (2020). Recurso de Nulidad N° 1435-2019-Lima, párr. 6. 
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/02/R.N.-1435-2019-Lima-LP.pdf

Devis Echandía, H. (1984). Compendio de la Prueba Judicial. Repositorio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, tomo II.  
https://salapenaltribunalmedellin.com/images/doctrina/libros01/compendio_de_la_prueba_judicial_ii.pdf

Manobanda, D. y Cárdenas, K. (2023). La prueba documental frente al principio de contradicción en el Código Orgánico General de Procesos. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 6(1), pp. 64 – 74. 
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/600

Pérez, C. (2022). ¿Es necesario el testigo de acreditación para la prueba documental en el proceso penal colombiano?. Vniverstias, N° 71, pp. 1-17. 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/35825

Ramis, J. (2023). Las voces generados por IA se vuelven indistinguibles de las humanas (también en español). Portal Wired en Español. 

https://es.wired.com/articulos/voces-generadas-por-ia-indistinguibles-las-humanas-en-espanol