Introducción
El avance de la tecnología ha impactado en todas las áreas de la vida humana y, como es natural, el ámbito del derecho no ha sido la excepción. Precisamente, en los últimos años, ha sido creciente la tendencia a implementar la inteligencia artificial en los sistemas judiciales e incluso se ha llegado a la utilización de “jueces robot” como ocurre en el caso del tribunal cibernético de Hangzhou en China, país el cual, junto con Estonia, es uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial como mecanismo para lograr una mayor celeridad en los procesos judiciales.
Estos casos, si bien pudieran parecer aislados, excepcionales y hasta futurísticos, lo cierto es que no lo son e incluso hay países de la región que ya vienen implementando estas nuevas tecnologías como lo son Colombia y Argentina. Esta tendencia ha llegado hasta nuestro país y se ha manifestado por primera vez en la sentencia recaída en el expediente N° 00052-2022-18-3002-JP-FC-01, la cual utilizó a la inteligencia artificial como herramienta para la resolución de un juicio de alimentos.
En el panorama descrito, en este artículo se analizarán los beneficios y limitaciones del uso de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional a fin de determinar si realmente se puede aspirar a concebirla como un mecanismo que contribuya a disminuir la carga de nuestro saturado sistema judicial.
La inteligencia artificial en el contexto jurídico peruano
El 28 de marzo de 2023, la expedición de la sentencia N° 00052-2022-18-3002-JP-FC-01 causó especial revuelo dentro de los portales jurídicos del país. La noticia acerca de la primera sentencia judicial expedida con el uso de la inteligencia artificial llegó a oído de todos generando sorpresa, ya que, hasta ese entonces, no era de conocimiento público que los operadores de justicia de los tribunales peruanos habían tenido un acercamiento a este tipo de tecnologías. En esta sentencia, los magistrados de la Corte Superior de Lima utilizaron la plataforma de inteligencia artificial “Open AI – Chat GTP”, la cual sugirió la utilización de la técnica de proporción matemática para la fijación de los aportes correspondientes a cada padre para satisfacer el gasto de manutención de su hija. En base a este método, se concluyó que el aporte del padre debía ser el equivalente al 21.34% de sus ingresos afectables y, precisamente, este porcentaje se aproximaba al porcentaje que había sido fijado en la sentencia de primera instancia que había sido impugnada. En virtud de ello, los magistrados consideraron que el aporte fijado en primera instancia representaba el aporte que objetivamente debía asumir el padre y, por lo tanto, confirmaron la sentencia.
De esta manera, es evidente que, en este primer caso, la inteligencia artificial ha tenido un rol complementario y referencial, ya que, al corroborarse que el resultado obtenido mediante la utilización de la inteligencia artificial era similar al alcanzado por el análisis de los magistrados en primera instancia, se concluyó que la decisión era objetiva y justa en función a los ingresos que percibía el padre y a los parámetros establecidos por la ley.
Pero… ¿Qué es “Open AI – Chat GTP” y cuáles son los beneficios de su aplicación en el ámbito judicial?
En este punto es importante hacer hincapié en la plataforma utilizada por los magistrados de la Corte Superior de Lima: “Open AI – Chat GTP”. Esta, conforme a lo señalado por los investigadores Deng y Lin, es un sistema de procesamiento de lenguaje natural avanzado diseñado para generar conversaciones mediante la comprensión del texto, por lo cual es capaz de responder preguntas y resolver problemas en tiempo real (2022, p.2). Para ello, utiliza un modelo pre entrenado en un gran conjunto de datos, lo que le permite crear un lenguaje coherente, contextualmente apropiado y, en muchas ocasiones, indistinguible de lo escrito por humanos; además, utiliza una arquitectura de transformadores que combina las ventajas de los modelos generativos con la escalabilidad, lo cual permite obtener un mayor grado de precisión en las respuestas (Aydin y Karaarslan 2023, p.5).
En el ámbito jurídico, los beneficios del uso de esta plataforma son múltiples destacando, entre ellos, su potencial uso para agilizar el proceso de recopilación de fuentes, ya que, con una sola consulta y de manera instantánea, es posible acceder a normativa, jurisprudencia y doctrina en torno a la materia de un caso, lo cual genera que el juez pueda tomar posición de manera más rápida al omitir gran parte de este proceso de recopilación que realiza para definir el marco con el cual fundamentará su decisión.
A su vez, permite optimizar los tiempos empleados en la redacción de sentencias e incluso puede servir para fundamentar la resolución de un caso. Esto se pone en evidencia a partir de la sentencia emitida por el Juzgado de Cartagena, la cual versaba sobre el caso de un menor con trastorno de espectro autista que recibía terapias en el servicio de salud pública, pero no contaba con los recursos económicos para poder solventar los gastos, y, por lo tanto, pretendía ser exonerado de dichas cuotas. Para su resolución, los magistrados, con el objetivo de extender los argumentos esbozados, realizaron preguntas como “¿El menor autista esta exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias?” y “¿Exigir en estos casos la cuota moderadora es una barrera de acceso al servicio de salud?”, y colocaron las respuestas dentro de los fundamentos de la sentencia para, de esta manera, agilizar la redacción y la argumentación.
Además, conforme se evidenció en la sentencia N° 00052-2022-18-3002-JP-FC-01, se podría utilizar como un mecanismo que realice los cálculos correspondientes para la determinación de la cuantía no solo de un proceso de alimentos, sino que podría extenderse a casos de otras materias que requieran un cálculo similar como, por ejemplo, el relativo a los beneficios sociales de un trabajador o incluso al cálculo de una indemnización.
Si bien es innegable que el uso de estas plataformas tiene diversos beneficios, es de máxima importancia recalcar que es absolutamente necesario que ello este acompañado por la supervisión del juez, y es este mismo el que debe decidir si realmente resulta conveniente utilizarla en un caso en concreto. Esto debido a las limitaciones que presenta la inteligencia artificial, las cuales se exponen a continuación.
Limitaciones inherentes al uso de “Open AI – Chat GPT”
Dentro de las limitaciones de la inteligencia artificial, específicamente de “Open AI – Chat GPT”, se debe tener en cuenta que esta genera respuestas a partir de la información inmersa dentro de su base de datos. Precisamente esta base de datos no hace distinción entre la información “buena” y “mala”, por lo que es probable que ofrezca respuestas que contengan distintos sesgos o incluso podría basar su respuesta en criterios discriminatorios, lo cual atentaría contra las normas que imperan en nuestro ordenamiento jurídico.
Además, se debe tener en cuenta que los jueces en la toma de decisiones sobre un caso, además de las normas jurídicas, utilizan los criterios de la moral y la ética, lo cual no puede ser replicado por la base de datos de la inteligencia artificial, ya que no constituyen factores que el algoritmo tome en cuenta para la elaboración de una respuesta (Evstratov y Guchenkov 2019, p. 3). Esto generaría que la resolución judicial constituya la más fiel representación del positivismo jurídico que propugnaba Hans Kelsen al hacer una completa distinción entre la norma y la moral en la que se debería prescindir de esta última; sin embargo, esto no es sostenible en un contexto judicial como el actual en el que la corriente del positivismo jurídico ha sido superada y se acepta que dentro de la decisión del juez influye no solo el texto de la norma, sino también juega un papel fundamental la interpretación, la moral, el contexto social, entre otros elementos que llevan a formar una decisión realmente justa.
En esa misma línea, es preciso recalcar que la plataforma de inteligencia artificial no es un experto legal y no tiene la capacidad para interpretar o analizar profundamente un asunto legal, ya que “Open AI – Chat GTP” no tiene el nivel de especialización necesario para hacerlo (Paz 2023). De esta manera, se afianza la idea de que, si bien la inteligencia artificial puede ser complemento útil, no es capaz de sustituir a la figura del juez.
¿La inteligencia artificial podría realmente contribuir a tener una mayor celeridad en los procesos judiciales?
La carga procesal dentro del sistema de justicia peruano sobrepasa a la capacidad que tienen los jueces para resolver los casos con celeridad. En el año 2022, conforme a lo estipulado en la resolución administrativa N° 000255-2023-CE-PJ, la carga procesal ascendía a 4 824 871 procesos judiciales, de los cuales únicamente se llegó a atender 1 813 070, es decir, solo el 37.6%. Esto generó una carga pendiente de 3 235 606 procesos judiciales para el año 2023. Por lo que, sin duda alguna, se pone en evidencia que nuestro sistema judicial se encuentra completamente saturado y que el avance en la resolución de casos no ha podido seguirle el ritmo a la carga procesal.
Respecto a ello, Hernández señala que una de las principales causas de la excesiva carga procesal del sistema de justicia se encuentra en el “frente de los actores gestores”, el cual incluye a las actitudes y prácticas de quienes arman y conducen los procesos, es decir, los jueces y personal del juzgado (2009, p. 61). En ese sentido, resulta de vital importancia brindar herramientas para que los jueces puedan agilizar su labor, ya que solo ello podría llevar a realmente pensar en un cambio de panorama y a disminuir la carga procesal.
En ese contexto, la inteligencia artificial surge como una “luz de esperanza” para cambiar dicha situación. Los beneficios anteriormente descritos pueden ser explotados para agilizar el proceso judicial, siempre y cuando se tenga en consideración sus limitaciones, por lo que debe haber una supervisión por parte del juez. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que el Perú aún se encuentra en una etapa inicial respecto a la utilización de este tipo de tecnologías, por lo que aún queda un camino lleno de retos que se deben abordar en un futuro próximo.
Retos a futuro
El principal reto que se avizora para el futuro es la capacitación a los operadores de justicia respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Este tipo de plataformas son nuevas en nuestro país y, precisamente por ello, son muy pocos los jueces familiarizados con el uso de las mismas. Se debe recalcar que es imprescindible que se brinden capacitaciones que fomenten su uso de manera ética y responsable haciendo especial énfasis en las limitaciones inherentes a la inteligencia artificial a fin de que los operadores sean conscientes de hasta qué punto su uso puede ser beneficioso y en qué circunstancias no es conveniente recurrir a ella.
Añadido a ello, siguiendo el ejemplo del gobierno colombiano con la expedición de la ley N° 2.213, resulta esencial la creación de un marco legal que habilite expresamente al uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, ya que ello permitiría zanjar el debate que existe en la doctrina acerca de si el Código Procesal Civil actual permite su utilización en los procesos judiciales y ello, a su vez, incentivaría y promovería su uso por parte de los jueces.
Finalmente, como meta futura, y a fin de agilizar en mayor medida los procesos judiciales, se debe aspirar a la utilización de plataformas de inteligencia artificial más sofisticadas a “Open AI – Chat GPT” y que se encuentren específicamente desarrolladas para servir en la labor judicial, para ello se podría replicar lo hecho en Argentina con la inteligencia artificial denominada “Prometea”.
Conclusión
La inteligencia artificial se asoma como una herramienta útil para poder agilizar los procesos judiciales y con ello contribuir a disminuir la carga procesal, la cual es uno de los problemas principales de nuestro saturado sistema de justicia. Esta se debe tomar con especial cautela, buscando maximizar sus beneficios, pero, a su vez, siendo conscientes de sus limitaciones. Por ello, resulta esencial que haya un marco legal y una capacitación a los operadores de justicia sobre el uso de este tipo de tecnologías. Solo su uso responsable e informado permitirá realizar un verdadero cambio para el país.
Bibliografía
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