Teniendo en cuenta la reciente decisión de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de suspender a Venezuela en virtud de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático; la decisión de los países de lograr la mayoría necesaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y continuar con la aplicación de la Carta democrática Interamericana a Venezuela; las declaraciones unilaterales de los países de la región llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente[1]; y la reciente reunión de cancilleres convocada por el Perú, se evidencia claramente la división reinante en el hemisferio americano en vista a la situación creada en Venezuela por la ruptura del orden constitucional y la grave situación en el tema de los derechos humanos.
En la reciente reunión de cancilleres y representantes de los países de América Latina y el Caribe, celebrada el 08 de agosto de 2017 en la ciudad de Lima, Perú, se dieron cita 17 países para buscar una posición conjunta, y propiciar una salida negociada a la crisis política y social de Venezuela. Tras finalizar dicha reunión, 12 de los 17 países[2] presentes suscribieron un documento denominado “Declaración de Lima”[3], en donde, entre sus 16 enunciados, resaltan principalmente lo siguiente:
“(…)1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
- Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
- Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
- Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza. (…)
- Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente. (…)
- Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. (…)
- Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales. (…)
- Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017. (…)
- Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
Bajo ese contexto, se observa que la referida Declaración no solo confirma la ruptura del orden democrático en Venezuela, sino también la disposición de una buena parte de los países de la región de contribuir a una salida pacífica y negociada que permita el restablecimiento de la democracia en dicho país. Por consiguiente, de manera conjunta, los países corroboraron su decisión de no reconocer la fraudulenta Constituyente ni los actos que emanen de ella, respaldando la legitimidad de la Asamblea Nacional, democráticamente instalada en diciembre del 2015 con la victoria electoral de la oposición venezolana.
Además, es importante precisar en este punto la cuota de libertad de cada país para decidir unilateralmente su vinculación con Venezuela, es decir, en la referida reunión los países que suscribieron la Declaración no se obligaron a romper relaciones diplomáticas con Venezuela ni mucho menos someterla a algún tipo de sanciones comerciales. No obstante ello, en vista de la disposición de radicalización que demuestra el gobierno venezolano, lo más probable es que buena parte de los países de la región, sumado a ello Canadá y la Unión Europea (UE), se vean obligados a avanzar con medidas diplomáticas unilaterales[4], así como sanciones a funcionarios del régimen y eventualmente posibles sanciones económicas.
Al respecto, atendiendo al protagonismo del Estado peruano en el escenario político de la región y estando a la actual situación política que atraviesa Venezuela, así como a los insultos proferidos por parte del gobierno venezolano al Presidente del Perú, condujeron a dicho país a adoptar las primera medidas diplomáticas unilaterales contra Venezuela en virtud de la aplicación del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961[5]. Cabe señalar al respecto que la doctrina del Derecho Diplomático consagra que basta la ofensa para que se produzca la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Asimismo, algunos países de América Latina como Colombia, México y Panamá ya han anunciado que aplicarán posibles medidas de prohibición de entrada y congelamiento de activos en sus territorios[6]. No puede descartarse que, probablemente, varios países latinoamericanos tomen medidas análogas incluyendo restricciones comerciales con Venezuela; considerando que el bloqueo económico es un mecanismo del Derecho Internacional, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y que se activa de manera individual por los países.
Por su parte, es probable que Canadá y la Unión Europea (UE) como nuevos actores busquen ejercer una precisión más diplomática que económica dado que las relaciones comerciales de sus países con Venezuela no son tan amplias como los Estados Unidos.
Sin embargo, la estrategia estadounidense no ha quedado relegada tan solo a sanciones de funcionarios del régimen tras la medida impuesta por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a 13 altos cargos venezolanos congelando sus activos y prohibiendo que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan hacer transacciones con los sancionados. También, la Casa Blanca ha tomado en estos últimos días las primeras medidas económicas[7] que prohíben las negociaciones sobre nuevas decisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA como una forma de frenar el financiamiento crucial para mantener su régimen ilegítimo.
Por lo antes expuesto, la preocupación internacional existe y continuará, evidenciada en reuniones y declaraciones de este tipo que buscan ejercer presión para que haya un cambio de actitud y rumbo por parte del régimen, tal y como lo reconocen indirectamente los países que suscribieron la “Declaración de Lima”; no obstante, lo crucial serán los esfuerzos que se concreten internamente para buscar una salida a la crisis que vive Venezuela.
[1] Como se sabe los países que aprobaron las elecciones de la nueva Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela fueron Bolivia, El Salvador y Nicaragua; mientras que este proceso fue rechazado por Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, Canadá y los países de la Unión Europea.
[2] La declaración fue suscrita por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México.
[3] No lo suscribieron Jamaica, Granada, Guyana, Santa Lucia y Uruguay.
[4] Esto está consagrado de manera muy expresa en la propia Convención de Viena de 1961 que se refiere a la ruptura de relaciones diplomáticas.
[5] La ruptura de relaciones diplomáticas per se se hace una única mención en el artículo 45, sin detallar ninguna acción diplomática dado a que están fuertemente arraigadas de forma consuetudinaria en la tradición diplomática.
[6] Dicha información podría consultarse en los siguientes enlaces:
Colombia (consultado el 26/08/17): http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/28/colombia-se-suma-a-las-sanciones-de-ee-uu-contra-venezuela/
México (consultado el 26/08/17): http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/27/mexico-se-pliega-a-sanciones-de-eu-contra-venezuela
Panamá (consultado 25/08/17): http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/29/panama-respalda-sanciones-de-ee-uu-a-venezuela/
[7] Dicha información podría consultarse en el siguiente enlace oficial de la cadena de noticia BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41055728 (consultado el 27/08/17).
