El Sahara Occidental es, al día de hoy, el único territorio no autónomo de África, pese a los más de cuarenta años de reivindicaciones del Pueblo saharaui. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Quién impide que alcancen su autonomía? ¿Tienen sus reivindicaciones amparo legal? Para entender mejor esta situación, debemos remontarnos, brevemente, a la historia.
En el reparto del territorio africano entre las potencias europeas, que se dio entre los años 1884-1885 en la Conferencia de Berlín, España se hizo con el territorio hoy denominado Sahara Occidental, pasando a estar bajo su dominio como colonia y, por ende, siendo considerado un territorio no autónomo. En 1958 dicho territorio pasó a ser provincia española, situación que se mantuvo hasta 1975, año en el cual se producen grandes cambios con importantes repercusiones para este pueblo. El Sahara Occidental limita con Marruecos, Mauritania y Argelia. Es un territorio rico en recursos naturales. En 1963, España descubrió el mayor yacimiento de fosfato, además cuenta reservas de gas y caladeros pesqueros, entre otros.
«(…) el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos (…)»
Marruecos, que se había independizado en 1956, limitaba con el Sahara y aspiraba a pasar a tener el dominio de este territorio, por lo cual inició intentando reivindicarlo como suyo, no cesando en sus aspiraciones no obstante a que en octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia señaló en su dictamen consultivo que no existe ninguna relación entre el Sáhara y el reino de Marruecos y Mauritania.
Es así que en noviembre de 1975, cuando Franco se encontraba prácticamente en el lecho de muerte, el Rey Hassán II de Marruecos, con el fin de forzar la salida del ejército español del territorio saharaui , organiza la marcha de miles de civiles hacia dicho territorio para ocuparlo, la que se denominó como “Marcha Verde”. Consecuencia de ella, días más tarde, España decide entregar la administración del territorio saharaui a Marruecos y Mauritania a través del “Acuerdo de Madrid”. La historia ha demostrado que dichas acciones constituyeron un grave error de España que ha traído consecuencias nefastas para el pueblo saharaui.
Naciones Unidas no ha reconocido como válido dicho acuerdo. En teoría, España sigue siendo la potencia administradora. En este contexto, el Frente Polisario inicia su lucha con el apoyo de Argelia contra Marruecos y Mauritania, y en 1976 proclama la República Árabe Saharaui Democrática que al día de hoy ha sido reconocida por más de ochenta países y por la organización internacional Unión Africana.
Ante la invasión de su territorio por Marruecos por el Norte y Mauritania por el Sur, y debido a la presión que éstos ejercían, muchos saharauis se vieron obligados a abandonar sus tierras y sus familias, no pudiendo explotar sus recursos naturales, debiendo huir al desierto de Argelia donde hoy viven en campos de refugiados. Otros decidieron quedarse en los territorios ocupados.
Desde entonces, el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos, debido a que Mauritania desistió de sus pretensiones y se retiró del territorio saharaui en 1979. A partir de entonces, el territorio fue ocupado por Marruecos, quien proclama su soberanía sobre la totalidad del Sahara Occidental. Actualmente, Marruecos ocupa aproximadamente el 80% del territorio saharaui. El restante 20% es ocupado por el frente Polisario.
En 1981, Marruecos construyó un muro defensivo de más de 2000 kilómetros separando el Sahara en dos. Dentro de dicho muro se incluyen los territorios en los que se encuentran los yacimientos y caladeros pesqueros. En 1991, tras quince años de lucha, bajo el auspicio de la ONU , firma un Plan de Paz que incluye el cese al fuego y la celebración de un referéndum para que el Pueblo decida sobre su futuro. Con este objetivo se crea la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).
Han transcurrido más de veinticinco años desde entonces y al día de hoy no se ha celebrado el tan ansiado referéndum por la oposición y las condiciones que impone Marruecos. El Plan exige un censo, pero Marruecos quiere un censo a su medida, que incluya una determinada cantidad de personas que no sean necesariamente sarahuis. De esta forma, es notable que no acepta el censo electoral propuesto, se niega a la independencia y se opone al logro de la autonomía para el territorio, mientras que el Frente Polisario insiste en su derecho a la autodeterminación.
Por otro lado, el Frente Polisario tiene de su lado al Derecho Internacional, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos como un derecho que se le reconoce a un pueblo a decidir libremente su condición política, que persiga libremente su desarrollo económico, social y cultural. Dicho derecho implica, entonces, reconocerle a un territorio no autónomo el derecho a la libertad de decidir voluntariamente sobre su futuro, ya sea asociándose libremente con la Potencia administradora u otro Estado independiente, integrándose con la potencia administradora u otro, siempre respetando la plena igualdad entre ambas partes o la independencia.
Asimismo, reconoce al pueblo también el derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Deja claro que no se le puede privar de sus propios medios de subsistencia. La sujeción de un pueblo a una subyugación, dominación y explotación extranjera es una clara denegación de los derechos humanos y es contraria a la Carta de la ONU y demás instrumentos internacionales que reconocen taxativamente este derecho.
Siendo ello así, cabe preguntarse ¿por qué un Estado incumple dichas normas a pesar de ser parte de ellas? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en este conflicto? ¿Es acaso la solución mirar hacia otro lado y no ser consciente del sufrimiento del pueblo saharaui? ¿Son los intereses económicos, políticos y/o militares los que siempre deben primar por encima de los derechos humanos? ¿La Comunidad Internacional condena la acción de Marruecos? ¿Es suficiente la permanencia de la MINURSO o se deben adoptar otras medidas sancionatorias contra aquellos que incumplen el derecho internacional?
Ante la aparente indiferencia por parte de la comunidad internacional frente a esta situación, en los últimos meses se produjeron dos acciones que merecen la pena destacar por cuanto contribuyen a la causa de este pueblo. En diciembre del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló un acuerdo comercial con Marruecos firmado en el 2012 por extender sus ventajas a productos provenientes del Sahara Occidental. Reprochó a los Estados miembros que al firmar el acuerdo no tuvieran en cuenta “que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida ni por la UE ni por sus EEMM ni, de manera más general, por la ONU”. Señaló que debían de asegurarse de que no existían indicios de una explotación de recursos naturales del Sahara Occidental bajo control marroquí susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales.
En marzo del 2016, por primera vez el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visita los campos de refugiados saharauis en Argelia controlado por el Frente Polisario y recordó la crisis humanitaria de los refugiados. Esta visita hizo que Marruecos tome represalias anunciando una reducción del componente civil de la MINURSO y el cese de inmediato de sus contribuciones voluntarias a la misma.
Sin duda lo que el pueblo saharaui necesita son acciones como estas. Es necesario que se visibilice el problema y se pongan como prioridad los Derechos Humanos ante los intereses particulares de los Estados. Se requiere un compromiso real y coherente de los Estados, las Organizaciones Internacionales, de las grandes empresas transnacionales que vayan en la línea para que Marruecos cumpla con sus obligaciones internacionales y deje a este Pueblo, desde su libertad, decidir si quiere independizarse o integrarse con éste.
Desde luego, la reivindicación del Pueblo Saharaui es un claro ejemplo de una lucha pacífica desde 1991 y una apuesta por el cumplimiento de las leyes internacionales. No les defraudemos.
