“Llegó a la comisión una señora de Huancavelica, la sierra sur del Perú, a contarnos su caso. Ella acababa de dar a luz, acababa de tener un bebito y tenía otro bebé chiquito cuando cayó el ejército a detener a su marido. Se lo llevaron al campamento, a la base militar. Ella tomó a su niño recién nacido y al otro niño de la mano y fue a seguir al camión del ejército. Lo siguió, fue todos los días a la base militar a llevarle comida y ropa a su marido, que los soldados usaban y comían. Ella siguió yendo hasta que un soldado le dijo: si sigues viniendo, todos ellos te van a violar, así que mejor vete. Ella se va de su pueblo. Hasta ahí tenemos amenaza de violación, maltrato y desplazamiento. Llega a Lima y ahí tiene que iniciar una vida. Una cosa es ser una campesina de la sierra, donde los cultivos son distintos, donde el idioma es distinto, porque en la sierra prima el quechua. Y otra cosa es llegar a Lima, una ciudad desértica, donde el cultivo es diferente, donde se cultiva el algodón en tierra seca y el algodón se vende en quintales. Ella nos cuenta que ella no entendía, le robaban, le engañaban. La situación llega a ser tan crítica que decide regalar a uno de sus hijos y quedarse con uno. Luego de este testimonio enorme, yo le pregunté: señora, usted qué está esperando de la Comisión de la Verdad. Y dijo: bueno, yo quiero recuperar el cuerpo de mi esposo. Bueno y qué más quiere: quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo. Le dije listo y para usted qué espera. Me dijo: ¿para mí? No, pues, para mí nada, si a mí no me ha pasado nada”[1] (MANTILLA 2016) (Resaltado nuestro)
Durante los años que van desde 1980 al 2000, el Perú fue escenario de innumerables violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las acciones subversivas del Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y de las acciones contrasubversivas llevadas a cabo por el Estado peruano. Cada uno de los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto se encontraron enraizados en un sistema que arrastraba (y arrastra) una herencia colonial[2] cuyos cimientos eran (y siguen siendo) la dominación, discriminación, exclusión y patriarcalismo. Se visibilizaron actitudes históricas relacionadas a la esclavitud y discriminación racial, lo que aunado a otras situaciones dieron como resultado diferentes tipos de violencias ejercidas y, también, impactos diferenciados.
Es una realidad que el conflicto armado interno no solo afectó a todas las zonas de forma distinta, siendo las más afectadas, donde se cometieron los crímenes más atroces, aquellas donde habitan comunidades campesinas y nativas, la gran mayoría, descendientes de pueblos originarios. Sino que también afectó de forma diferenciada a hombres y mujeres, tal y como se concluye del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante, CVR):
“[…] Las distintas posiciones sociales y roles de género ocupados por varones y mujeres condicionan su participación en el conflicto armado y producen efectos específicos en cada uno de ellos. Las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus DDHH que difieren de aquellos infligidos a los varones. Estas diferencias no son nuevas y retoman situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales que es preciso conocer para poder actuar en consecuencia” (CVR 2003: 45).
Las desapariciones forzadas[3], evidentemente, no fueron ajenas a estas estructuras.
En el Perú, las desapariciones forzadas tuvieron como principales objetivos “a) [c]onseguir información de los subversivos o sospechosos, b) [e]liminar al subversivo o al simpatizante de la subversión asegurando la impunidad, c) [i]ntimidar a la población y forzarla a ponerse del lado de las fuerzas del orden” (CVR 2003:70).
Pero, si dentro de los grupos subversivos había tanto hombres como mujeres y uno de los objetivos era eliminar al subversivo o simpatizante de la subversión, entonces por qué más de la mitad del porcentaje de desaparecidos son hombres. Y esto nos lleva a otra cuestión: por qué el porcentaje de víctimas de violencia sexual en mujeres superan por mucho el porcentaje de hombres víctimas.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los casos de desaparición forzada en el Perú presentaron una cifra dos veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Asimismo, las estadísticas brindadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Reparaciones del Perú, para el 2013, el 85% de víctimas de desaparición forzada eran hombres, mientras que el 15% lo constituían mujeres (ICTJ y UN WOMEN 2015: 4). Esto tenía una razón de ser: “[el] patrón de aplicación de la práctica de desaparición forzada [se encontraba] asociada a la ´importancia social relativa´ de la víctima”. (CVR, 2003: 104-105) (Resaltado nuestro). Y, por supuesto, la mujer no encajaba en ese estatus, debido a la posición subordinada impuesta dentro de una sociedad patriarcal y heteronormativa que no concebía la existencia de liderezas, salvo raros casos, ni de mujeres educadas, y que, además, había creado un contexto permisivo para la comisión de violencias íntimamente relacionadas con estereotipos sobre el cuerpo de las mujeres.
No obstante, ello no impidió que la comisión del crimen de desaparición forzada las afectara en igual o mayor medida, dado que si la mayor cantidad de personas que desaparecen son hombres, quienes emprendían su búsqueda eran las mujeres. Ellas, muchas veces, fueron representando el rol de madres de desaparecidos, de esposas de desaparecidos, de hijas de desaparecidos. Pero lo que se tiende a pasar por alto, en ocasiones, es que en esta búsqueda por sus desaparecidos, las mujeres iban sufriendo una serie de violaciones a sus derechos que fueron permanentemente invisibilizadas (MANTILLA 2016), debido a que el tratamiento de las mismas se encuadraba en perspectivas coloniales que no permitían llevar a cabo un análisis interseccional que permitiese, entre otras cosas, resaltar la importancia de plantear cuestiones como la pregunta por las mujeres.
El enfoque interseccional es aquel que nos permite partir de la noción que las personas viven identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, así como de la historia y de la operación de las estructuras del poder. Con ello, a su vez, posibilita la identificación y visibilidad de la complejidad en la que se sitúan los sujetos pertenecientes a grupos sociales que históricamente han experimentado exclusiones y desventajas para acceder a los recursos, las oportunidades y a la movilidad social producto de las relaciones de poder; situándose en un contexto de vulnerabilidad más real (ZOTA-BERNAL 2016: 74-75)
Rompiendo estos esquemas tradicionales, la pregunta por las mujeres resulta tan importante como imprescindible y eso nos dirige a reflexionar sobre cuestiones tan trascendentales como, por ejemplo, ¿cuántas de las mujeres que, al momento de buscar a sus familiares desaparecidos, sufrieron violencia sexual o amenazas de violación? (MANTILLA 2016)
Esa información se torna tan crucial para la construcción de verdadera ciudadanía democrática que resulta imposible aislarla de la reconstrucción de los patrones de desaparición forzada. Así como también, resulta imposible aislar los diferentes contextos de estas mujeres: una gran cantidad provenían de zonas rurales, pobres y alejadas cuyos habitantes formaban parte de grupos campesinos descendientes de pueblos originarios secularmente excluidos social, económica y políticamente. En muchos casos, sino en todos, estas mujeres fueron objeto de burla, maltrato y humillación por su condición de indígenas (CVR 2003: 47). Asimismo, la búsqueda por la verdad sobre el paradero de sus desaparecidos e, incluso, el acceso a la justicia era obstaculizado, tanto por barreras geográficas, lingüísticas, de género, entre muchas más.
Por ello, rescatamos y resaltamos la relevancia y necesidad de la aplicación permanente de un análisis interseccional que permita emplear, entre otros, enfoques importantes, como género, interculturalidad y derechos humanos. Pues, en base a ellos, se puede no solo reinterpretar las estructuras y relaciones de poder aún vigentes, sino que nos motiva a romper con los análisis tradicionales, existentes por muchos años, tendientes a tornar en invisibles las diferentes y singulares realidades o contextos de cada una de las personas con las que se fueron abordando los innumerables casos que procedían del conflicto armado.
Cabe señalar, que no estamos aludiendo a sujetos débiles o con déficit para la lucha y movilización social. Un claro ejemplo de ello es el caminar incansable de muchas mujeres indígenas que, día a día, llevan a cabo luchas y procesos con el fin de lograr verdad, justicia y reparación por todas las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conflicto armado interno y que se vieron agravados o reproducidos durante su continuo andar. Y que además van forjando un nuevo proceso de empoderamiento dirigido a reinterpretar la propia relación indígena con el fin de criticar las relaciones de poder existentes (ROSILLO 2014). No obstante, sí hacemos un llamado por iniciar un proceso de decolonización de las estructuras imperantes que no nos permiten asomarnos a una verdad que incluya a todas y todos los sobrevivientes del conflicto armado interno peruano en todos sus impactos y magnitudes.
Este artículo termina con las palabras de María Angélica Mendoza de Ascarza, quien caminó, desde 1983 hasta el día de su partida, llevando a cabo una lucha persistente e imparable por la búsqueda de verdad y justicia. Quien, además, en su paso nos fue transmitiendo la importancia de un país reflexivo y lo dolorosa y trágica que puede ser la indiferencia.
“No puedo estar tranquila, señores. Yo caminé por todos estos lugares, por estos pueblos buscando a mi hijo, sin encontrar nunca justicia. Yo necesitaba ver su cuerpo, caminé tanto deseando ver por lo menos sus restos. Yo no podía callar, por eso nunca pude hallar tranquilidad, ni de día ni de noche. El día no era día y tampoco la noche era noche para mí. Solo ese era mi pensamiento. Así como hoy, caminé buscando a mi hijo sin encontrarlo hasta ahora. Quise hallar justicia y no la pude alcanzar […] Mucho tiempo después nos reunimos con otras señoras y juntas iniciamos la búsqueda. Nosotras buscábamos a nuestros desaparecidos entre montones de cadáveres que encontrábamos en las quebradas, en cerros escarpados y en las punas. Estaban siendo devorados por cerdos y perros, donde había partes de muchos cuerpos que habían sido seccionados. En otras comunidades encontrábamos solo huesos y también rostros de personas pintarrajeados de color verde. Todas estas cosas les hacían a las personas y las asesinaban. No es posible que olvidemos todo esto, nunca lo olvidaremos. Mientras no alcancemos justicia, seguiremos caminando. No tengo miedo ni a la vida ni a la muerte, mientras no conozca la verdad. Si yo muero, o si desaparezco, los jóvenes que me siguen seguirán caminando hasta encontrar la justicia”[4] (DEL PRADO VELARDE 2002) (Resaltado nuestro)
( * ) Fuente de Imagen: ANFASEP
[1] Testimonio narrado por la ponente de la Conferencia Magistral, Julissa Mantilla, el cual fue recogido durante su trabajo en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.
[2] En palabras de Flores Galindo en su ensayo República Sin Ciudadanos, esta herencia colonial es aquel discurso racista que surgió de la relación entre españoles e indígenas y que, luego, se expandió a otros sectores sociales creando una tradición autoritaria y de dominación.
[3] Estas constituyeron uno de los métodos más utilizados en la década de los 60 como herramienta de los regímenes represivos en América Latina, siendo uno de los principales objetivos eliminar a los adversarios políticos sin dejar sobrevivientes, testigos o pruebas materiales y, además, infundiendo miedo, represión e intimidación (ICTJ y UN WOMEN 2015:1)
[4] Testimonio de María Angélica Mendoza de Ascarza
Bibliografía
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. 2003 Informe Final. Lima, 2003.
THE INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE (ICTJ) y UN WOMEN. 2015 Las desaparecidas y las invisibles. Repercuciones de la desaparición forzada en las mujeres. Consulta: 29 de agosto de 2017. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Desapariciones-Genero-2015-ES.pdf
DEL PRADO VELARDE, Carmen. 2002 Documental sobre la pasión sufrida por María Angélica Mendoza de Ascarza. Publicado por el Centro de Documentación e Investigación LUM. Consulta: 30 de agosto del 2017 https://www.youtube.com/watch?v=QtN9pSLH24I
MANTILLA, Julissa. 2016 “Conferencia magistral de Julissa Mantilla”. Ponencia presentada en Foro Internacional Tortura y Desaparición. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos humanos. Todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT). [Videograbación]. México. Consulta: 28 de agosto del 2017.
ROSILLO. Entrevista especial con Alejandro Rosillo Martínez: filosofía de la liberación como punto de partida para pensar los derechos humanos. Consulta: 18 de noviembre. http://www.cpalsocial.org/501.html
ZOTA-BERNAL. 2016 “Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos”. Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad. Número 9, pp. 67-85.
