La apatía peruana frente a los crímenes de odio
Desde fines del año pasado y en lo que va de este, se ha desarrollado en el Perú una discusión bastante compleja en torno a temas que durante mucho tiempo eran impensables para nuestra sociedad como son los derechos LGBTI. Evidentemente, esto no es reciente, ya que la primera vez que se presentó el proyecto de “Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo” en el año 2013, pudimos ser testigos de numerosos debates en espacios académicos, políticos, periodísticos y cotidianos. De hecho, esto nos permitió conocer cuál era el sentido común no exento de temores y prejuicios que la población peruana tenía respecto a este tema. No obstante, fue un logro importante haber entrado a la agenda pública en medio de tantas deudas pendientes y vitales que tenemos en el Perú, que quedan olvidadas y postergadas por la coyuntura y el escándalo mediático.
En los últimos meses, sin ninguna duda, la discusión se ha agudizado debido a la aparición de colectivos político-religiosos como “Con mis Hijos no te metas” o “Padres en Acción”, originados en respuesta a lo que han llamado “la ideología de género”, un invento creado por organizaciones evangélicas, cristianas y católicas fundamentalistas para atemorizar a los padres de familia respecto a la aplicación del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y, de manera específica, al enfoque de igualdad de género, en donde se da cuenta que “los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos” (Ministerio de Educación , 2017, pág. 26). El CNEB, además, fomenta valores de igualdad, dignidad, justicia y empatía, los cuales deben ser fundamentalmente utilizados por los docentes para evitar una problemática sobre la que se ha puesto atención, pero que ha sido también minimizada por los colectivos mencionados: los crímenes de odio.
De acuerdo al Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2015-2016, elaborado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y la Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (RED PERUANA TLGB) con datos proporcionados por el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), se produjeron 8 asesinatos que se perpetraron de manera bastante cruel (Pág. 52). A ellos, se les debe añadir los 43 casos de afectaciones a la seguridad personal, cuyas principales víctimas fueron las personas trans, quienes no presentaron denuncias (salvo en un caso) debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran (Pág. 55).
Esto no es difícil de explicar, en tanto existe de por sí una gran desconfianza popular de instituciones como la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, con cifras que llegan a 61%, 60% y 69% respectivamente (El Comercio, 2016). Por tanto, no debería sorprendernos la percepción que pueden tener las víctimas de violencia respecto a ellas, más aún si consideramos que el 55,8% de las agresiones fueron llevadas a cabo por agentes institucionales, es decir, miembros de Serenazgo y, en dos casos, por la Policía Nacional del Perú (PROMSEX; RED PERUANA TLGB, 2016, pág. 65), de manera que podría esperarse una cierta impunidad al momento de llevar sus casos a la justicia con todos los costos que ello implica, especialmente, si se tiene en cuenta que la mayoría de agredidas son mujeres trans vinculadas al trabajo sexual.
Dicho esto, es preciso saber qué acciones concretas se están tomando para evitar que más agresiones y crímenes de odio sucedan en nuestro país. Sin embargo, para ello es pertinente analizar cómo nos estamos posicionando ante un caso de violencia emblemático como el asesinato de Zuleimy Aylen Sánchez Cárdenas, frente a lo sucedido en otro país de la región sudamericana como el caso de Daniel Zamudio. Este caso ameritó gran atención por la crueldad y el ensañamiento de sus atacantes, pero, además, por las iniciativas que se tradujeron en una ley que protege a la población en general, y a la LGBTI en particular de la discriminación.
El ataque a Daniel Zamudio en Chile el 3 de marzo de 2012, su internamiento y su posterior muerte, concitó la atención de todo ese país porque visibilizó un tipo de crimen que afectaba la diversidad sexual. La respuesta nacional fue de absoluto rechazo a la violencia, pero también de gran solidaridad hacia él y su familia. Cabe resaltar que este hecho trascendió a todas las organizaciones de la sociedad civil y a la población en general, pues se vio a autoridades políticas como el Presidente de la República Sebastián Piñera visitar a la familia de Daniel, un hecho nunca antes visto en lo referente a crímenes de odio (MOVILH, 2014, pág. 12). Esto dio pie a que se acelere la aprobación de la Ley Antidiscriminatoria, la cual fijaba agravantes a los delitos cometidos por orientación sexual e identidad de género, pero también a otros como religión o creencia, etnia o grupo social, entre otras. Asimismo, el 20 de enero de 2014, se inauguró el primer Memorial por la Diversidad en el Cementerio General, que fue dedicado a las personas que sufrieron y fueron víctimas de discriminación, así como crímenes y ataques de odio.
Si bien este importante caso es representativo de Chile y de Latinoamérica, lamentablemente en nuestro país no hubo mayor repercusión. En el año 2013, a poco más de un año de la muerte de Zamudio, el Congreso de la República peruano rechazó incluir las categorías de orientación sexual e identidad de género como formas de discriminación prohibidas. En ese sentido, el Congreso siguió manteniendo una actitud que invisibilizaba los crímenes de odio, lo que se tradujo en una reforma del Código Penal que no consideró ni la orientación sexual, ni identidad de género, debido a las presiones de Congresistas que son parte de grupos conservadores.
Si ello se hubiera hecho, el asesinato de Zuleimy Aylen Sánchez Cárdenas no hubiera quedado impune. Ella era una adolescente trans de solo 14 años que se encontraba con unos amigos, cuando unos sicarios la asesinaron el 31 de mayo de 2016 en el distrito La Esperanza, en el departamento de La Libertad. El hecho, tristemente, no originó mayor impacto en la población. Se realizaron unos cuantos reportajes periodísticos y algunos comunicadores, aliados de las causas LGBTI, mostraron su indignación y demandaron mayor atención sobre estos temas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2016) emitió un pronunciamiento en el que condenaba el crimen contra Zuleimy y hacía un llamado a las autoridades para prevenir la violencia y promover una cultura de paz, respeto y tolerancia. Sin embargo, la respuesta desde el Estado y la sociedad civil, en su momento, fue nula.
Ante este escenario, nos surgen innumerables preguntas en relación a qué nos está pasando como sociedad y cómo es que un crimen hacia una adolescente trans no origina muestras de solidaridad y empatía masivas. Parece ser que nos hemos habituado a ser meros espectadores sin capacidad de análisis, más aún cuando la víctima pertenece a un grupo poblacional al que se le atribuyen una serie de estereotipos y sobre la que pesa una serie de prenociones. ¿Cómo tenía que haber sido Zuleimy para merecer una mayor atención? ¿Dónde tenía que haber vivido? ¿Cómo debían ser su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género? ¿De quiénes debió ser amiga? Sin duda, estamos ante una estructura de poder en donde los crímenes de odio son invisibilizados, y con mucha mayor razón si estos les ocurre a la comunidad trans, cuyas opciones en la vida muchas veces son limitadas por asumir valientemente su identidad.
La reflexión en torno a estos crímenes fue retomada meses después a raíz de la derogación del D.L. 1323. Sí, meses. No hubo una respuesta inmediata. Y, como se ve, el caso concreto ha sido prácticamente ignorado, lo que nos pone en una situación condenable y ciertamente vergonzosa.
Ante la derogación mencionada, que originó las protestas de numerosas organizaciones de la sociedad civil, surgieron diversas propuestas que considerarían la orientación sexual y la identidad de género con el fin de agravar las penas por crímenes de odio. Estas iniciativas son muy valiosas porque, de aprobarse, serán una garantía para millones de personas que se sienten desprotegidas y marginalizadas por el Estado. Además, será un aliciente para que una mayor cantidad de chicas y chicos afectados denuncien los abusos que se cometen.
De igual manera, los más jóvenes se sentirán reconfortados y esperanzados, pues la situación de la población LGBTI en los colegios no es mejor que en las calles peruanas. En el “Estudio nacional sobre clima escolar en el Perú 2016” realizado por PROMSEX en colaboración con GLSEN y Todo Mejora Chile, se obtuvo que del total de estudiantes LGBT, 7 de cada 10 se sintió inseguro debido a su orientación sexual, y 3 de cada 10 debido a su expresión/identidad de género. Asimismo, un 59% escuchó comentarios homofóbicos, de los cuales, un 30% provino del profesorado; 73% sufrió acoso verbal por su orientación sexual; 58% por su expresión de género; y 53% sufrió acoso sexual por su orientación sexual y su expresión de género. A todo ello se le debe añadir que un 57% nunca informó de los casos de acoso al personal del colegio y un 68% no lo comunicó a su familia.
Este panorama nos está evidenciando las profundas desigualdades que viven las y los escolares en comparación a sus pares heterosexuales, las cuales van a terminar reproduciéndose una vez que terminen la etapa de educación básica escolar, algo que debe alertarnos. De acuerdo a la CEPAL (2016), los altos niveles de desigualdad, “conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de ciudadanía y el ejercicio de derechos, así como para la gobernabilidad democrática” (Pág. 15).
Es menester tener esto presente para lograr que los docentes conversen con sus estudiantes y traten temas de bullying homofóbico y crímenes de odio en las escuelas, de forma que en el futuro, las ciudadanas y ciudadanos sean más conscientes de la importancia de otorgarle derechos a la población LGBTI y vivamos en una democracia donde se respeten a las minorías. Finalmente, François Dubet (2011), ante la problemática de la desigualdad, afirma que “cuantos más iguales seamos en principio y en los hechos, más podemos elegir ser diferentes, sin que esta diferencia sea un encierro para unos y un peligro para otros” (Pág. 113). Ese es, por tanto, un fin que debemos perseguir en tanto ninguna persona LGBTI debería sentirse con menor capacidad de alcanzar sus metas y objetivos y, menos aún, con temor de vivir plenamente en una sociedad que no la juzga ni la pone en peligro solamente por expresar de forma libre su identidad.
Bibliografía
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Dubet, F. (2011). Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI .
El Comercio. (2 de Octubre de 2016). Peruanos no confían en partidos políticos ni en el Congreso. Obtenido de http://elcomercio.pe/politica/actualidad/peruanos-confian-partidos-politicos-congreso-399213
Ministerio de Educación . (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica .
MOVILH. (2014). Daniel Zamudio: hiciste historia. Obtenido de http://www.movilh.cl/documentacion/Historia-de-Daniel-Zamudio-MOVILH-2014.pdf
PROMSEX . (2016). Estudio Nacional sobre Clima Escolar en el Perú 2016. Obtenido de http://promsex.org/images/docs/Publicaciones/IAEPeruWebGlesen.pdf
PROMSEX; RED PERUANA TLGB. (2016). Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2015-2016. Lima.
UNICEF. (8 de Junio de 2016). Pronunciamiento: Sobre crímenes de odio. Obtenido de https://www.unicef.org/peru/spanish/media_33385.htm
