Control Difuso en el Perú: Límites a su Aplicación en Materia Penal

El control difuso es el mecanismo de control constitucional que el juez aplica cuando encuentra una incompatibilidad entre una norma de rango constitucional y una norma de rango inferior, prevaleciendo la primera de rango superior. De similar manera ocurre cuando la incompatibilidad se centra entre una norma de rango legal y una inferior a ella: se prefiere la primera. Esta herramienta se encuentra tipificada en el artículo 138° de nuestra Constitución. 

Lo que se analizará en este ensayo es el problema que puede surgir al tratar de aplicar este mecanismo dentro del área del Derecho Penal, pues la inaplicación de las normas penales en determinados casos puede generar situaciones de incertidumbre. En ese sentido, el problema surge cuando se genera un conflicto entre el control difuso y el principio de legalidad. A continuación, se desarrollará la idea en la que se plasma el por qué el control difuso podría significar un problema a la luz del principio mencionado.

El principio de legalidad se encuentra amparado en el literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución y en el Artículo II del Título Preliminar el Código Penal. Según este principio, nadie puede ser juzgado penalmente por cometer una acción que no esté tipificada como delito al momento del hecho. El fundamento detrás, de acuerdo con Lascuraín (2011), es la seguridad jurídica, una garantía dada a los ciudadanos para conocer cuáles son las consecuencias de sus actos. Víctor García, a su vez, señala que la predictibilidad de las consecuencias de los actos “es una salvaguarda para organizar la vida personal al amparo del derecho y una afirmación de interdicción de la arbitrariedad” (2021). En ese sentido, se puede apreciar que la seguridad jurídica es una pieza importante en un Estado de Derecho. Sin embargo, si el juez tiene la potestad de decidir que una norma debe ser inaplicada porque es incompatible con la Constitución en un caso concreto, se rompe con el esquema de la seguridad jurídica y se empiezan a crear problemas. Ello debido a que el ciudadano dejaría de saber cuáles son las consecuencias de su actos, pues ellas serían distintas a las que había establecido la norma ahora inaplicada. 

Así mismo, esto deriva a otro problema: la vulneración de respeto a la Ley. ¿Cómo se espera que los ciudadanos respeten las normas si estas pueden ser inaplicadas si el juez lo cree pertinente? Adicionalmente, al vulnerarse el respeto a la ley penal, se generaría otra cuestión ligada a que dicha ley ya no lograría su objetivo: evitar que las conductas indeseadas se repliquen.

En este punto ya se habrá notado que el control difuso puede generar problemas serios al aplicarse en materia penal a la luz de la seguridad jurídica y el respeto a la ley. Sin embargo, el control difuso sirve para garantizar la supremacía constitucional, máxima fundamental de un Estado Constitucional de Derecho. Es por eso que no se puede apuntar a inaplicar este mecanismo en materia penal como modo de solución a los problemas previamente señalados. 

El expediente 1618-2016 de la Corte Suprema, a modo de precedente vinculante, ofrece pautas para la aplicación del control difuso en materia penal. En el considerando 2.2 señala que este no puede ser empleado de manera irrestricta ni vulnerando el ordenamiento jurídico. En el desarrollo de ideas, este expediente señala que el empleo del control difuso debe ser de última ratio, tras haber utilizado otras vías de interpretación que hagan que la norma sea constitucional. Esto es porque, como se ha demostrado, el control difuso puede generar un gran conflicto cuando se aplica en materia penal. Por esta gran afectación que puede generar, debe ser utilizado de última ratio. Del mismo modo, Yon (2000) nos explica que la labor interpretativa que hagan los jueces debe darse en función a los principios de interpretación constitucional. Es así que la imposición de límites a la aplicación del control difuso resulta en una solución a la problemática que habíamos planteado.

A modo de conclusión, cuando se aplica el control difuso en materia penal puede generar un conflicto con el principio de legalidad y, por ende, en la seguridad jurídica y el respeto a la ley penal. Esto constituye un problema para esta rama del Derecho, pues se distorsionaría la creencia en la Ley, lo que podría derivar en un irrespeto a la norma. Claro está que si el ciudadano no respeta a las normas penales entonces la función preventiva del Derecho Penal sería un rotundo fracaso. Por esa razón, la aplicación de límites al control difuso en materia penal es una salida para evitar estos problemas. Si se usa lo menos posible este mecanismo, entonces se reduce el riesgo de caer en estos conflictos. De este modo, considero que el carácter de última ratio del control difuso y la necesidad de interpretar las normas constitucionales con los principios de interpretación constitucional resultan efectivos para evitar su uso irrestricto. 


Bibliografía

DIARIO OFICIAL EL PERUANO
2017   Expediente n.o 1618-2016. Lima: 7 de diciembre de 2017.
https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/EXP1618-2016-LN.pdf 

GARCÍA, Víctor
2021   “La seguridad jurídica”. En Benites, Vargas & Ugaz abogados. Consulta: 24 de noviembre de 2023.
https://www.bvu.pe/la-seguridad-juridica/ 

LASCURAÍN, Juan
2011   “Principios del Derecho Penal (I). El principio de legalidad y las fuentes del Derecho Penal”. Introducción al Derecho Penal. Editorial Aranzadi, pp. 53-71. 

YON, Roger
2000   “El juez penal y el control difuso: análisis a partir de dos leyes”. Derecho PUCP, (53), pp. 931-1012. Consulta: 22 de noviembre de 2023.https://doi.org/10.18800/derechopucp.200001.031