Han pasado alrededor de 20 años, pero los recuerdos de los jóvenes de aquellas épocas aún están vigentes, ya que se crecía en medio de una coyuntura difícil. Era el primer gobierno del aquel entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, y la situación del Perú no era la idónea, ni económicamente ni en términos de seguridad en el país debido a los grupos terroristas que desestabilizaban la tranquilidad de la nación día a día. Un hecho que sin lugar a dudas marcó la vida de muchos peruanos fue la toma de la Residencia del Embajador de Japón, ya que era difícil entender las razones por las cuales un grupo de personas dentro de un gran colectivo accionaba de manera violenta y causaba el caos, el pánico.
Han pasado muchos años de aquellos sucesos y ahora en el país, si bien no se puede negar, se logró en parte un estatus de paz temporal –aún se mantiene la situación de incertidumbre y desasosiego diario, esto debido a la inseguridad ciudadana y al alto índice de criminalidad. ¿Qué paralelos podemos encontrar de la etapa que atraviesan los peruanos hoy en día con la que atravesaban los peruanos en las últimas dos décadas del siglo pasado? Las noticias acerca de bandas criminales que cometen homicidios son como el pan de cada día, los robos y hasta reportes de avistamientos o alertas de granadas o armas de guerra en las calles son temas comunes.
Si nos ponemos a reflexionar, luego del corto periodo de tranquilidad que sucedió a la época del terrorismo, y con esto nos referimos a los inicios del siglo XXI, la inseguridad ciudadana parece haber llegado a uno de sus puntos más álgidos, sobre todo en zonas urbanas. Por supuesto, los hurtos, robos a mano armada y secuestros son solo parte del problema. Temas como la aparición de personajes como los sicarios y su implicancia en los ya tan conocidos “ajustes de cuentas”, el cobro de cupos en sectores de construcción civil y demás añaden tintes mucho más preocupantes a nuestra coyuntura.
En la presente editorial buscaremos reflexionar acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país en temas de inseguridad ciudadana y cómo en un año de elecciones presidenciales y congresales la expectativa de nosotros, los ciudadanos, es alta respecto a las reformas que puedan proponerse y, principalmente, llevarse a cabo.
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) “en el 2011 se había registrado que en los últimos 03 años los delitos graves crecieron en 50% y que además los avezados delincuentes son cínicos y no presentan signos de arrepentimiento. El 2010 el Ministerio Público recibió en promedio 1300 denuncias por día”[1]. Sin lugar a dudas, es un tema preocupante que los perpetradores de delitos no presenten ningún tipo de arrepentimiento ni muestras de querer cambiar su comportamiento, ya que ello implica que ni las reglas de la sociedad, ni las del Derecho llegan a provocar el respeto natural que deberían inspirar en ellos.
Ahora, sumada a la situación de indiferencia de muchos criminales frente a las reglas sociales y las leyes, viene el tema de lo que sucede con el sistema de justicia y penitenciario peruano. Como sabemos, no son pocos los casos reportados de denuncias que nunca llegan a ser atendidas o los procesos larguísimos por los que se debe pasar para llegar a un resultado. Además, refiriéndonos en específico al sistema penitenciario, las fallas se hacen mucho más obvias: uno de los fines de la prisión es el de resocializar a la persona a través de programas y de un correcto seguimiento por parte de quienes están facultados para vigilar y desarrollar los programas respectivos, pero es conocido que desde hace algún tiempo esto no se cumple de manera plena.
Aquí, creemos, se está incumpliendo con uno de los fines determinantes de la prisión, ya que gracias a la aplicación del Derecho Penal y el Procesal Penal se llega a interponer condenas a quienes transgreden la ley; sin embargo, se ve con frecuencia por los noticieros que en muchas de las prisiones no se cumple realmente con dicho fin, y, lo que es peor, existen casos de hacinamiento en varios establecimientos penitenciarios, de agresiones sexuales y varias otras vulneraciones de derechos humanos. En nuestra opinión, se deberían de implementar programas de reinserción social que realmente sean cumplidas antes de otorgar amnistías, o que al terminar la condena se esté plenamente seguros de que dicha persona condenada no volverá a delinquir. Sin embargo, parece una labor a la que el Estado y el INPE han dejado de prestar la atención hace ya un tiempo.
Entonces, una pregunta que creemos que es válida formular es si el presente gobierno y los anteriores implementaron medidas efectivas para solucionar el problema en cuestión, y nos referimos a medidas más serias que las propuestas de construir más cárceles, o las sugerencias de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para que ellos restablezcan el orden y la paz cuando su real labor no es esa, sino que esta es plenamente de la Policía Nacional del Perú. La medida referida resulta una facilista y populista, que muchos políticos prometen o buscaron realizar en el presente gobierno o en los anteriores, ya que a los ojos de la sociedad se trata de una solución inmediata, pero la falta de planes de elaboración seria que busquen estudiar, investigar y que logren eliminar el problema desde su origen pueden provocar solo empeorar el problema.
Por tanto, no se busca justificar el accionar de estas personas por lo anteriormente mencionado, sino se sugiere implementar medidas que logren un verdadero cambio y esa es una tarea que deja el presente gobierno como un gran pendiente y que el futuro presidente o presidenta, así como nuestros legisladores, deberán solucionar de manera pronta.
El tema de la criminalidad tiene que ver y está ligado definitivamente al tema de los problemas sociales que atraviesa el país: la escasa educación en general, la falta de respeto hacia los derechos de los demás, principalmente del respeto hacia la vida y, ya que se tratan de problemas que nacen de la mentalidad colectiva, ello no se solucionará con medidas como las que se están tomando en la Provincia Constitucional del Callao, que está bajo el régimen de estado de emergencia.
El tema va mucho más allá de eso, con decisiones que deben ser más eficaces para brindar soluciones a los problemas que vivimos actualmente. Así, podríamos encontrar un verdadero sentido al concepto de “justicia” en el Perú, y que finalmente lo que está regulado en el Código Penal, Libro Segundo –parte especial– como el delito contra la vida, el cuerpo, la salud, como el delito contra la tranquilidad pública y, asimismo, el delito contra el patrimonio, etcétera surtan los efectos esperados y provoquen una disminución de los delitos cometidos. Los años han pasado, se creció durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala y, si bien ya no hay apagones a causa del derrumbe de las torres eléctricas, creemos que, de cierta manera, el terrorismo sigue presente, solo que los nombres han cambiado y las modalidades también. Sin embargo, lo que no ha cambiado, es que se vive en una situación de incertidumbre plena con respecto al tema de la seguridad ciudadana y se está en un real estado de indefensión.
Por lo desarrollado, frente a esta situación caótica en la que se vive el día a día, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, los ciudadanos? El trabajo que se debe hacer es a largo plazo y no solo a nivel educacional, sino a nivel de prevención del delito y ello requiere el mayor esfuerzo por parte de nuestros políticos y autoridades. Por nuestra parte, se invita a usted, lector, que en estas elecciones presidenciales y congresales emita su voto no por simpatía, sino que sea un voto que le otorgue seguridad y paz a sus familias a través de propuestas reales y que nos devuelva la tranquilidad que tanto parecemos haber olvidado.
(*) Artículo redactado por David Yáñez Alva
[1]https://www.inei.gob.pe/media/criminalidad/Exposiciones/Carlos_Vasquez.pdf.Fecha de consulta 04.03.16
*Fuente de imagen: http://bovedaceleste.com/portfolio/mexico-unido-contra-la-delincuencia/
